Riesgos sistémicos en un proceso marcado por polarización estructural, fragilidad institucional y cuestionamientos a la legitimidad democrática
Por Joseph Abraham Villacorta Olano, M.D.
El Perú se aproxima a una de las encrucijadas más delicadas de su historia republicana contemporánea. Las elecciones del 12 de abril no solo definirán un nuevo gobierno, sino que podrían reconfigurar el destino político, económico e institucional del país en los próximos años. El escenario más preocupante —y cada vez más plausible— es aquel en el que la segunda vuelta enfrente a un candidato de derecha, como Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori, contra un representante de la izquierda radical, como Alfonso López Chau o Roberto Sánchez. Esta combinación no solo profundiza la fractura ideológica del país, sino que abre la puerta a riesgos estructurales de enorme gravedad.
Nos encontramos ante una dinámica de polarización extrema, donde el electorado ya no vota necesariamente por convicción, sino por rechazo. Este fenómeno, ampliamente estudiado en la ciencia política moderna, genera democracias debilitadas, donde el consenso desaparece y la gobernabilidad se vuelve casi imposible. En este contexto, la eventual confrontación entre derecha e izquierda radical no sería una competencia programática, sino una batalla existencial por el control del Estado.
Sin embargo, el riesgo más inquietante no radica únicamente en la polarización, sino en la percepción —cada vez más extendida— de una posible manipulación del proceso electoral. La desconfianza en las instituciones electorales, alimentada por antecedentes recientes y por un clima político enrarecido, podría derivar en una crisis de legitimidad sin precedentes. La sospecha de fraude electoral, independientemente de su veracidad, tiene el potencial de desatar conflictos sociales, protestas masivas y un debilitamiento aún mayor del tejido institucional.
En particular, existe un temor creciente de que sectores organizados de la izquierda radical puedan beneficiarse de mecanismos irregulares para asegurar su avance hacia la segunda vuelta o incluso para alcanzar el poder. Este escenario, de concretarse, implicaría no solo una alteración de la voluntad popular, sino también la instauración de un modelo político que históricamente ha demostrado ser incompatible con el desarrollo económico sostenido y la estabilidad democrática.
La experiencia regional ofrece lecciones claras. Países que han transitado por procesos similares han terminado atrapados en ciclos de crisis económica, autoritarismo progresivo y deterioro institucional. El Perú no es inmune a estos riesgos. Por el contrario, su fragilidad institucional lo convierte en un terreno fértil para este tipo de desenlaces.
Frente a este panorama, la responsabilidad recae tanto en la ciudadanía como en las élites políticas y en las instituciones. Es imperativo fortalecer los mecanismos de transparencia electoral, garantizar la vigilancia ciudadana y exigir la máxima pulcritud en cada etapa del proceso. La democracia no se defiende únicamente en las urnas, sino también en la vigilancia activa de su integridad.
El Perú no puede permitirse un salto al vacío. La elección del 12 de abril no es una elección más: es una prueba de resistencia institucional y de madurez democrática. Si el proceso se ve empañado por la sospecha o la manipulación, las consecuencias podrían ser irreversibles.
