Fiscales y/o jueces ¿están politizados?

Por Roberto Rendón Vásquez

Frecuentemente por medios informativos escritos, radiales y televisivos políticos, letrados y periodistas comentan que hay fiscales y jueces que ejerciendo sus cargos evidencian que actúan politizadamente respecto a ministros, funcionarios del Poder Ejecutivo, congresistas y otras personalidades. Se ha evidenciado que en el Ministerio Público les formulan “denuncias” a miembros del Congreso o del Poder Ejecutivo por “actos” que se les atribuye son delitos y por ello los investigan; en unos casos “aceleran” sus investigaciones y en otros dilatan años y más años “sus conclusiones” para concluir los procesos judiciales que les tienen abiertos. En el Poder Judicial, en casos también dilatan los procesos y la expedición de las resoluciones (sentencias) de los jueces – generalmente en lo penal. También en medios informativos se expone que hay magistrados y/o jueces que han incurrido en actos de corrupción, pero se tarda mucho tiempo en conocer cuál es el resultado de las investigaciones y/o los procesos penales.

Tales hechos preocupan a la población. Es motivo de temor en la ciudadanía es respecto a la administración de justicia. Lamentablemente la ciudadanía siente que no puede invocar que los magistrados jueces y fiscales administren justicia y/o investigaciones, respectivamente, cumpliendo la Constitución y las leyes sustantivas y procesales, miedo que deviene porque tales magistrados ejercen (y se amparan) sus cargos y/o funciones protegidos por su “unidad, exclusividad e independencia” y también porque “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano Jurisdiccional ni interferir en el ejerció de sus funciones”. (SIC) (Artículos 138°, 139°, 158° de invocada Constitución vigente).

Para citar algunos casos, se puede considerar los procesos investigatorios en el Ministerio Público aperturados contra varios Presidentes de la República, Ministros de Estado, funcionarios públicos por corrupción que hasta la fecha no han concluido e incluso se conoce “las investigaciones” que por años realizaban los Fiscales a “personajes políticos” Rafael Vela y Domingo Pérez, magistrados que (en consecuencia, de sus “actos) ahora han tenido que ser destituidos.

El caso de la politización y/o la presión sobre fiscales y/o jueces ocurre cuando estos asumen roles políticos, erosionando la independencia judicial y la separación de poderes. Esto determina que magistrados fiscales y/o jueces, en el Ministerio Público y/o Poder Judicial, conviertan a sus entidades en escenarios de disputas políticas, afectando la imparcialidad y la confianza ciudadana. Ello se evidencia porque politización fiscal y/o judicial puede ocurrir porque hay intervención política en altos cargos judiciales por parte del ejecutivo o legislativo, buscando influencia o control y viceversa.

En muchos casos algunos políticos llevan disputas al ámbito judicial, forzando a los jueces a tomar decisiones sobre temas políticos. Ello impacta en la independencia que deben tener los administradores de justicia debido a presiones políticas – sobre algunos magistrados que tienen antecedentes doctrinarios y/o políticos –.

Una evidencia de ello es con los conflictos ocurridos el 2025-2026, en que se reportaron tensiones sobre la actuación de fiscales, con acusaciones de la Fiscalía hacia el Gobierno por "politizar la justicia" y, paralelamente, propuestas de desactivar equipos especiales por generar "contradicciones" y persecución. La consecuencia ha sido la pérdida de confianza ciudadana en el sistema de justicia y la desestabilización de la democracia. 

Imprescindiblemente tener presente que la Constitución y las leyes prohíben a jueces y fiscales la militancia política y emitir opiniones partidarias. Cuando se politizan las acciones, los órganos de control del Ministerio Público y/o del Poder Judicial debe aperturar de inmediato investigaciones y sancionar las faltas administrativas o penales en que incurren los magistrados por politizar sus acciones como administradores de justicia. Dichos Órganos de Control no deben estar integrados por magistrados fiscales y/o jueces (aun cesantes) sino por miembros electos por la Defensoría del Pueblo, los Colegios de Abogados, docentes de Universidades Públicas y privadas (Magísteres y/o doctores en Derecho).

Se debe invocar que los magistrados Fiscales Supremos y/o Jueces Supremos, que virtualmente “dirigen” el Ministerio Público y/o Poder Judicial, respectivamente, que con su saber en las disciplinas del Derecho y su experiencia (Algunos son docentes de Facultades de Derecho hasta de Post grado – Maestría y Doctorado – y autores de libros de la doctrina del Derecho) que los fiscales y/o jueces de todos los niveles, respeten la Constitución y las Leyes Orgánicas de sus instituciones y se abstengan de politizar su trabajo como administradores de justicia.

¡Si lo hacen, la ciudadanía nacional los respetará y apoyará! ¡El Perú necesita una administración de justicia justa, sin dilaciones y humana!