Odebrecht y Rutas de Lima al descubierto

Por Miguel Gogny 

La Reapertura del Caso Odebrecht dejaría al desnudo la corrupción de Brookfield, Rutas de Lima y Villarán. 

En octubre de 2025, el escándalo de Odebrecht, como un volcán dormido, erupciona en Perú con la revisión del acuerdo de 2016 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este acuerdo, que castigó a la constructora brasileña con multas de US$ 4,500 millones, dejó en las sombras a Rutas de Lima, una concesión vial que exprimió los bolsillos de los capitalinos. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), alza la bandera de la justicia, clamando reparación para quienes sufrieron los zarpazos de sobornos que engordaron campañas políticas con contratos infames.

En 2013, Odebrecht tejió su telaraña corrupta, pagando US$711.000 a la exalcaldesa Susana Villarán para apoderarse de los peajes de la Panamericana Norte, Sur y vía Ramiro Prialé, un capítulo oscuro del caso Lava Jato. En 2016, con Marcelo Odebrecht tras las rejas, la empresa vendió el 57% de sus acciones a Brookfield, un fondo canadiense, por solo US$430 millones, un tesoro envenenado valuado en US$ 3.000 millones. La actual administración de la MML acusa a Brookfield de adquirir un activo corrupto, con la venia de Mark Carney, presidente de Brookfield hasta enero de 2025 y primer ministro de Canadá desde marzo, tras suceder al "progre" Justin Trudeau. Carney, un lobo progresista en pugna con Donald Trump por comercio y políticas climáticas, habría tendido puentes dorados para los titanes financieros canadienses.

En 2024, el Tribunal Constitucional de Perú cortó las cadenas de los peajes por asfixiar el libre tránsito, quebrando a Rutas de Lima en septiembre de 2025, tras perder el 60% de sus ingresos. Brookfield, como un gigante herido, demandó a Perú por US$ 2.700 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, blandiendo el TLC con Canadá que alude al Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (APPI) entre ambos países.

Andrew Weissmann, ex jefe de fraudes del Departamento de Justicia (2015-2017), firmó el acuerdo con Odebrecht, dejando a la MML en el abandono y blindando a Brookfield de sanciones económicas. Ahora como socio en Jenner & Block, que asesoró al fondo, Weissmann enfrenta el reflector por conflictos de intereses. 
El 24 de septiembre de 2025, el Departamento de Justicia Norteamericano le exigió los documentos del acuerdo. El fiscal federal del Distrito de Columbia, Ed Martin, exigió saber por qué Weissmann ignoró un supuesto "conflicto de intereses" al firmar un acuerdo de 4.500 millones de dólares que involucraba a Odebrecht en 2016.

La MML, en Nueva York, escarba en busca de pruebas contra Brookfield, denunciando su velo de opacidad.
Esta reapertura destapa un nido de víboras: fiscales, políticos como Carney —cuya huella en Brookfield reflejaría malas prácticas comerciales— y fondos especulativos insaciables. 

La MML, acusando a Brookfield por lavado, lucha por cortar los hilos de los arbitrajes, desnudar las corruptelas de dos fiscales peruanos y demostrar la culpabilidad de la ex alcaldesa caviar Susana Villarán. 

Si el Departamento de Justicia norteamericano desentierra la verdad, las restituciones millonarias podrían sanar las heridas de los limeños, aplastados por peajes voraces, y encender una antorcha: que la justicia, aunque cojee, al fin desnude a los colosos de la corrupción en Perú, Brasil,  Norteamérica y Canadá.