Por: Period. Wilberth Vilca Laura (*)
La inseguridad ciudadana y el crimen organizado, vienen jaqueando el orden interno y seguridad nacional, hemos llegado un punto critico, de modo tal que incluso se puede corroborar el titular de la revista Hildebrant en sus 13 (24-01-25), somos “un país en manos del crimen”, y no es para menos, la ciudad de Trujillo, en el norte del país, se avizora como una especie de “nueva Sinaloa”, desde que los delincuentes atentaron con dinamita el local del Ministerio Público, es pan de cada día, los atentados con “velas” como suelen referir los criminales; mientras sus gobernantes regionales (el Sr. Acuña y compañía-APP) andan de viaje, o son ajenos a la grave situación de inseguridad, con una incapacidad absoluta ante el delito, lo mismo sucede a nivel nacional, la Sra. Boluarte, de viaje en Dabos, Suiza, balbuceaba que nuestro país, retornaba a la “tranquilidad”, y que se había controlado al “Tren de Aragua”, triunfalismo fuera de la realidad, hace días se reajustó el gabinete ministerial y dejo al incapaz del Sr. Santisteban en el Ministerio del Interior, solo por ser su incondicional y férreo defensor, ante las investigaciones por serias evidencias de corrupción, en su entorno familiar y en el caso del atentado con la alimentación de los niños del otrora “Qali Warma”, cumplió su tarea de desactivar uno de los organismos mas eficaces de la policía nacional, el DIVIAC (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad)-PNP. La población perdió la confianza en sus gobernantes y esta atemorizada por las arremetidas del crimen organizado, ¿qué hacer?. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) fue creado mediante la Ley Nro. 27933, en fecha 11 de febrero del 2003, han transcurrido ya ventidos (22) años, y se han tenido varias modificatorias, tanto a la ley, como a su reglamento; sin embargo, al parecer el sistema se ha debilitado y no cumple debidamente sus funciones. La ley de creación, en su art. 3, disponía “crease el SINASEC, que tiene por objeto coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social”. El sistema como tal, se integra a nivel nacional, por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), y Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana (CORESEC, COPROSEC, CODISEC), presididas por los gobernadores y alcaldes de cada jurisdicción, y que integran a los comisarios de la PNP, autoridades locales de todos los sectores (justicia, fiscalía, educación, salud, etc.) y asimismo a la sociedad civil, organizada en juntas vecinales y rondas campesinas; cada comité debe contar un plan de acción local de seguridad ciudadana, que definen la visión, misión, objetivos, acciones estratégicas y sus componentes asignan recursos públicos e inversiones, para su financiamiento; se deben reunir ordinariamente cada dos meses, para aprobar sus actividades; y rendir cuentas a la población, cada tres meses. A la luz de los hechos del funcionamiento de dichos comités, se percibe su burocratización, sus sesiones son protocolares, devienen en un “té de tías”, y no hay consistencia, sustento y viabilidad de sus planes de acción, por lo cual los ciudadanos ven con reserva y decepción su débil labor ante la inseguridad. Ante esta grave situación, planteamos algunos lineamientos de alternativas, ya no podemos insistir en parches y reajustes, se tiene que asumir una reforma integral del sistema de seguridad y justicia: Primero, la gestión eficaz y liderazgo cooperativo, es crucial para la implementación de políticas públicas consistentes y viables, el Ministerio del Interior requiere un nuevo titular de consenso, y se debe redimensionar el CONASEC, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y los respectivos comités locales de seguridad. Segundo, evaluar la actual legislación del SINASEC, y elaborar un nuevo compendio de normativa, acorde a los nuevos tiempos y tendencias en la gestión de la seguridad pública. Tercero, el adecuado y oportuno financiamiento público de las políticas de seguridad, es crucial, en particular a nivel de gobiernos locales, y su debida gestión y eficiencia con gestores públicos calificados. Cuarto, la capacitación continua de los operadores de seguridad ciudadana, con énfasis en los cuerpos de serenazgo, cuyos centros de capacitación definidos en su ley (2021), hasta la fecha no pueden ser normados e implementados; la policía nacional en divisiones especializadas ante el crimen organizado. Quinto, la participación ciudadana y los programas preventivos, sin aliados en la comunidad organizada, como son las juntas vecinales y rondas campesinas, debidamente acompañadas por la policía nacional, las políticas publicas no serán efectivas ni viables.
A finales del año 2023, el diario El Comercio de Lima, reportaba un estudio que estimaba las pérdidas por la inseguridad, en 35 mil millones de soles, la cifra al parecer se ha incrementado sustantivamente, por tanto, es hora de tomar decisiones y acciones, la seguridad es un compromiso de todos, que no sea tarde, y que la criminalidad no secuestre nuestro país. Unidos todo lo podemos, desunidos nada somos.
(*) Email: ideasayni@gmail.com