APP busca cambiar régimen económico de la Constitución

Vocero de APP, César Vásquez, tomó distancia del proyecto de Ley porque plantea "cambio radical" de régimen económico.

Antes que termine el Periodo Legislativo 2018-2019, la bancada de Alianza Para el Progreso (APP)presentó un polémico proyecto de ley (PL) para modificar el actual régimen económico de la Constitución de 1993 y darle al Estado una intervención sólida en la economía peruana. La iniciativa legislativa llamó la atención de diversos especialistas, que la han catalogado como una propuesta incoherente y que pondría en peligro el sistema tal como lo conocemos.

El proyecto fue presentado por la congresista Rebeca Cruz (APP), con las firmas de sus colegas Luis Iberico, César Vásquez (portavoz), Francisco Villavicencio, Miguel Castro, Marisol Espinoza y César Villanueva (expremier), con el objetivo de cambiar los artículos 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º y 65º del Título III del citado régimen económico.

En la primera medida, del artículo 58º, busca implementar que la iniciativa privada sea libre, “dentro del marco de respeto de los principios orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza”. En el 59º, pretenden retirar el actual texto de que “el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad”, lo que afectaría la promoción de la pequeña y mediana empresa.

En el 60º, APP agrega que solo por la ley, aprobada con el voto de los tercios del número legal de parlamentarios, el Estado realiza actividad empresarial, ya no subsidiariamente, como está establecido. Esto es similar a la propuesta del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para que el Perú impulse su participación como empresario.

Mientras que el 61º, pretende agregar que el Estado también favorezca el buen gobierno corporativo de las sociedades, así como eliminar el combate de “toda práctica que limite la libre competencia”, por solo la “sanción de la competencia desleal”.

Un punto que requiere mucha atención es la modificación de los contratos, que en el vigente artículo 62º sostiene que “los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase” y que “los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección”.

En la propuesta, los firmantes del proyecto esperan que “mediante un contrato de estabilidad jurídica [contratos-ley], el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. Los contratos pueden ser modificados o renegociados por acuerdo de las partes y/o cuando existan causas que los justifiquen como la lesión, excesiva onerosidad y sean de interés nacional”.

ADVERTENCIAS

Para el economista Alejandro Indacochea el proyecto de ley Nº 4472, de APP, es una medida desfasada, incoherente y una señal de que los responsables llegaron por casualidad a la política y que, aunque no prosperará, trae una gran inestabilidad, advierte.

“Hay un desfase histórico de más de tres décadas. No han entendido que la Unión Soviética ya se derrumbó, no han comprendido que China cambió su esquema y que vienen giros más dramáticos. Viven anclados al pasado. No entienden la realidad. No comprenden que uno de los soportes que ayudó a reducir la pobreza fue este modelo económico, cambiarlo evidencia que no entienden lo que es el mundo”, criticó.

Las mencionadas iniciativas, según el especialista, podrían provocar que Perú sufra lo mismo que otros regímenes, como Venezuela, pues ahora “se están viendo las evidencias de las economías estatales”.

Con respecto al cambio del artículo 60º, Indacochea recordó las declaraciones del ministro Zeballos y enfatizó que las autoridades no entienden que el Estado no puede estar en el papel de empresario.

“El ministro Vicente Zeballos no sabe que los únicos países con aerolíneas estatales son los bolivarianos y africanos, y se caen a pedazos. En el mundo, hay aerolíneas que son alianzas tripartitas, que crean consorcios. El ministro no ha visto que el mundo ha cambiado. Esto refleja que el presidente Martín Vizcarra no tiene una unidad política entre la gente que está a su lado”, resaltó.

En ese sentido, Ismael Benavides, exministro de Economía y Finanzas, pidió recordar cómo eran las empresas públicas, colocando como ejemplo a Petroperú y al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

“No tenemos que ir lejos, miremos a Petroperú que nos ha clavado la Refinería de Talara que cuesta más de seis mil millones de dólares y que no funciona, o también miremos Sedapal, que no se da abasto, pero quienes están ahí tienen un trabajo seguro y beneficios”, lamentó.

Sobre el artículo 62º, APP propone que mediante contrato de estabilidad jurídica, se puede renegociar o cambiar las cláusulas de los contratos entre el Estado y particulares, a lo que Benavides enfatiza que no se debe cambiar ese punto de la Carta Magna.

“Los conflictos u otros, se negocian de acuerdo a cada contrato de estabilidad que tiene el Estado. Modificarlo para que cada nuevo gobierno que entre pueda renegociar el proyecto u obra, generaría una inestabilidad tremenda. Con esto, cada gestión puede transformar los acuerdos, recordemos que los inversionistas quieren que las reglas del juego estén de su lado”, precisó.

“Sería un desincentivo a la inversión privada. Se debe dejar tal cual. Perú ha mejorado en los últimos 30 años por la estabilidad de los contratos y normas, distorsionarlo sería imprudente y nos podría traer aspectos peligrosos en otros aspectos”, agregó.

PERÚ-EMPRESAS

Con una mirada crítica, el parlamentario Pedro Olaechea (Acción Republicana) refutó la propuesta de Alianza por el Progreso y comentó que dicha agrupación podría haber sido influenciada por el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, con su idea de impulsar un ‘Perú-Empresas’.

“Hay que hacer un poco de memoria. La Constitución de 1979 colapsó porque teníamos una deuda de 300 mil millones de soles por las empresas públicas y solo exportábamos 3,900 millones de dólares, vale decir que el país estaba quebrado. El Estado es como un niño malcriado que ha roto todos sus juguetes y quiere hacer lo mismo con otro”, afirmó.

Al instante, dijo que solo queda ver el contrato de la Refinería de Talara, cuya inversión no ha rendido frutos. Por ende, es razonable preguntar de dónde se sacarán fondos para financiar empresas públicas.

“Lamentablemente, APP no tiene la razón, o acaso la persona que ha presentado el proyecto lo ha  hecho por interés propio, ahí se vería cuál es la posición de la bancada. Las comisiones parlamentarias de Economía y Constitución deben tener mucho cuidado. De aprobarse, usarán nuestro dinero para sus empresas estatales, y si pierden ¿quién le va a devolver esa plata? No creo que sean los inversionistas o los mismos dueños”, señaló.

Asimismo, añadió que se deben supervisar y fiscalizar los procesos de licitaciones de obras, pero no en la forma, sino por el fondo, debido a que en diversos concursos públicos solo hubo una concesionaria.

“En la concesión de Talara solamente había un postulante y la ganó, otro caso fue el aeropuerto de Chinchero (Cusco) donde el consorcio Kuntur Wasi la obtuvo. Ahí se eliminó o descalificó a la competencia por una extraña razón”, recordó.

“ZEBALLOS QUIERE SER EMPRESARIO”

El legislador Pedro Olaechea exigió al ministro Vicente Zeballos enfocarse en su sector y no soltar ideas estatistas que luego algunas bancadas recogen para presentar un proyecto de ley.

“El ministro debe terminar las cárceles y buscar la forma de cómo ayuda en los procesos que todavía hay en los juzgados sin resolver. Quiere jugar a ser empresario. Ahora, si lo quiere hacer, que saque un préstamo ya, porque no va a utilizar el dinero del pueblo para intentar poner un negocio”, ironizó.

Después de un minuto de silencio, el integrante de la bancada Acción Republicana sentenció que el Gobierno estima crear empresas estatales porque “ahí hay más para robar”. “Los ministros están aburridos con su trabajo, tanto que quieren volverse empresarios, que renuncien y lo hagan con la suya porque con los bienes del Perú no podrán”, complementó.

ASUMEN MEA CULPA

El vocero de la bancada Alianza Para el Progreso, César Vásquez, confesó a EXPRESO que habrían cometido un descuido al firmar el proyecto de Rebeca Cruz sin analizarlo en su totalidad, pero cuando regrese la legislatura lo debatirán.

“Es un proyecto que estamos conversando a la interna de la bancada para evaluar si va o lo retiramos. En un momento del término de la legislatura no se tomó en cuenta todos los puntos que contenían. Al retorno de la legislatura lo vamos a debatir. Veremos si retiramos las firmas o lo modificamos para continuar. Hay colegas que me han llamado y manifestado su preocupación”, respondió.

Además, aceptó que dicha medida “tiende a un cambio radical de lo que vivimos” y “no sería lo más conveniente la intervención del Estado en la economía y en la modificación de los contratos”.

(Fuente www.expreso.com.pe)