Punto de Encuentro

Hacia un sistema nacional de integridad y transparencia en el Perú.

Por: Period. Wilberth Vilca Laura (*)

Nuestro país atraviesa una severa crisis institucional, que genera incredulidad y corroe el tejido social, y se manifiesta en diversas esferas como la inseguridad y la corrupción, que son los dos principales problemas públicos que la población identifica a nivel nacional, en diversas encuestas de opinión pública, por lo que es urgente fortalecer los sistemas administrativos y funcionales del Estado, como es la integridad pública y la transparencia; si bien la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, los considera componentes transversales, sería mejor la posibilidad de implementar un sistema híbrido en el Estado, dando relieve al gobierno abierto, como lo dispone esta política nacional, de modo tal que les brinde la importancia que les corresponde en la gestión pública.

Al respecto, el OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) al cual nuestro país aspira integrar, en diciembre de 2024, publicó el estudio de gobernanza pública: “Hacia un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia en el Perú”, el cual reseñamos a continuación, para luego sugerir algunas propuestas para su enriquecimiento. El estudio reconoce que nuestro país, ha realizado avances importantes en materia de integridad, como la implementación de oficinas de integridad institucional y del modelo de integridad, y a nivel nacional la creación de la Secretaría de Integridad Pública, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales; sin embargo, la ciudadanía expresa su malestar y considera que la lucha contra la corrupción es débil; lo cual se refleja en los resultados del Latinobarómetro 2023, donde el 77.5% de los ciudadanos consideran que en los dos últimos años el progreso de la lucha anticorrupción fue insignificante. El estudio propone que sobre la base de lo avanzado, deberá implementarse el Sistema Nacional de Integridad y Transparencia (SNIT), que fortalecería su rectoría, mejoraría la coordinación  horizontal y vertical, constituyéndose en la columna vertebral para lograr un cambio y mejores resultados. Los antecedentes de la propuesta son los siguientes: el 28 de diciembre de 2022, la CAN, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, aprueba la “Agenda Anticorrupción” que exhorta al poder ejecutivo, para implementar un Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, con rectoría técnica y funcional, y premunida de autonomía e independencia, que articule con las entidades del sistema de justicia y de control para la lucha anticorrupción. El D.S. 180-2021-PCM, que aprueba la estrategia de integridad del poder ejecutivo para el 2022, en el punto octavo, plantea fortalecer el marco normativo de la Secretaría de Integridad Pública y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El discurso de investidura del actual Premier, Gustavo Adrianzén Olaya, ante el congreso, de fecha 03 de abril de 2024, en su página 25, “Política Anticorrupción e Integridad”, anuncio que “presentaremos un proyecto de ley para constituir un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia, sobre la base de las recomendaciones de la OCDE”.

El Sistema Nacional de Integridad y Transparencia (SNIT), podría estar compuesto por los siguientes cuatro elementos:

  1. Un sistema híbrido de tipo administrativo como la estructura base del SNIT, y de tipo funcional, con un nuevo órgano rector para la política pública de integridad y transparencia.
  2. Una Autoridad Nacional de Integridad, Transparencia y Protección de Datos Personales (ANITAP), como ente rector del SNIT y de la política nacional de integridad y transparencia, con carácter de organismo técnico especializado, adscrito a la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros.
  3. Una coordinación asegurada hacia dentro y hacia fuera del SNIT. Se podría reformar la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), de modo que sea un espacio de diálogo estratégico interinstitucional para el SNIT, y la ANITAP, aseguraría la coordinación con otros sistemas relevantes.
  4. Medidas organizacionales que asegurarían y promoverían las políticas de integridad y transparencia a nivel de entidades públicas y territoriales, fortaleciendo el modelo de integridad, las oficinas de integridad y los funcionarios responsables de acceso a la información pública.

Sin embargo, a la fecha poco se viene avanzando al respecto, la reciente aprobación del D.S. Nro. 148-2024-PCM, Autoridad Nacional de Integridad, Transparencia y Protección de Datos Personales (ANITAP), es su autonomía presupuestal y funcional; de modo que se eviten presiones y conflictos de interés y su sostenibilidad a largo plazo. En suma, es una importante propuesta para fortalecer la función pública de integridad y transparencia, que debe ser motivo de debate público, al respecto, consideramos que debe articularse en mayor medida con el gobierno abierto, en la medida que esta incluye la transparencia; otro aspecto pendiente es culminar la anunciada actualización del plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción, con horizonte al 2030 o bien 2050; también sería muy efectivo vincular la implementación del modelo de integridad con el plan de incentivos municipales; y brindar una mayor importancia a la participación ciudadana en los espacios de concertación vinculados a la integridad pública. Asumamos los desafíos de fortalecer y mejorar continuamente la labor preventiva ante el cáncer social de la corrupción. Unidos todo lo podemos.

(*) Email: ideasayni@gmail.com

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