Por: Period. Wilberth Vilca Laura (*)
En el Cusco, el 06 de setiembre último, en se presentó el libro titulado “El Círculo de la Corrupción en los Gobiernos Regionales, los casos de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios”, obra auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, cuya autoría corresponde a un grupo de investigadores liderados por Eduardo Vega Luna. Su importancia es relevante próximos a las elecciones municipales y regionales 2018, por cuanto el principal problema de nuestro país es la corrupción, enquistada en todos los niveles de gobierno, estamos impactados por el caso lava jato y los escandalosos audios del sistema de justicia, por lo cual es importante compartir esta breve reseña de dicha obra. Comprende dos capítulos y las conclusiones; el capítulo 1ro. es el “Panorama de la Corrupción y las contrataciones de obras del Estado”, destaca la alta percepción de corrupción al 2017, según encuesta de Pro-Ética, que alcanza el 52% como principal problema del país, muy cerca al primer problema que es la delincuencia con un 57%, sin embargo desde el 2002 que alcanzaba solo el 29% se ha incrementado en 23 puntos. Luego destaca que los delitos más comunes en el Estado, son el peculado (apropiación bienes públicos) y la colusión (direccionamiento de contrataciones para defraudar) que alcanzan al 48.8% del total de casos a nivel nacional, 17,360 casos de un total de 35,557 casos en el 2017. En cuanto niveles de gobierno, destacan proporcionalmente las regiones, pues tienen 143 casos por cada entidad. Referente a los gobernadores y ex-gobernadores, son 67 investigados y procesados, siendo el Cusco el líder con 5 gobernadores implicados. Según Infobras, Cusco también lidera las obras paralizadas que alcanzan a 293, y una inversión de 988 millones viables también paralizados. En cuanto a las contrataciones del Estado, refiere 4 etapas, hasta antes de 1980 hubo ausencia de regulación y algunas normas internas en algunas dependencias; la segunda en la década del 80, con la Constitución de 1979, art. 143, se reglamentó las licitaciones, contratos y adquisiciones públicas; la tercera etapa es la década del 90, es así que en 1997 se aprueba la ley 26850, de contrataciones y adquisiciones del Estado; en la cuarta etapa, en enero 2009, el DL 1057, aprueba la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, con modificaciones sucesivas; hasta la vigente Ley 30225 y su reglamentación.
El capítulo 2do. Presenta las “Redes de Corrupción en los Gobiernos Regionales y Respuesta del Estado y la sociedad civil”, describe las redes corruptas, iniciando por el primer eslabón que sucede en las elecciones regionales, entre políticos y ciudadanos, con la compra de votos a través de dadivas y clientelismo, con promesas de trabajo para los pobladores y cargos de confianza para sus colaboradores cercanos; y entre políticos y empresarios, cuando estos últimos financian sus campañas, para una vez elegidos, ser favorecidos en compras y adquisiciones públicas, y así “recuperar su inversión”, de este modo los candidatos se “hipotecan” a los empresarios. Una vez que estos candidatos asumen el poder regional, se generan nuevos eslabones de la corrupción, a nivel horizontal con los direccionamientos de obras y adquisiciones, y en las contrataciones, vía adendas, adicionales y ampliaciones; y a nivel vertical, con las “comisiones” a los “gestores” de los ministerios y entidades del gobierno central, y también el direccionamiento por parte de los altos funcionarios del nivel central. En cuanto a los órganos de control (procuradurías, contraloría, fiscalías), su labor es muy débil y poco eficaz, lo mismo sucede con los integrantes de los consejos regionales, que además dependen del ejecutivo para aprobar las obras que solicitan las provincias de las que provienen. En cuanto a la sociedad civil y las Ongs, su labor es poco significativa pues los mecanismos y roles de la participación ciudadana son débiles; mientras los periodistas se someten a las cuotas de publicidad para sus medios, y quiebran su rol fiscalizador.
Podemos destacar las conclusiones y recomendaciones siguientes: la descentralización tiene avances significativos, pero los gobernadores regionales actúan en los círculos de la corrupción, 50 procesados y 6 con sentencia firme. Es necesario fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y vigilancia ciudadana a nivel regional. Las políticas anticorrupción no funcionan, carecen de comités y planes anticorrupción, y los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública son escasamente cumplidos. En cuanto a la sociedad civil y la participación ciudadana, no se facilita su actividad y menos se les brinda recursos y apoyo técnico, incluso se desalienta su labor. En cuanto a la prensa, un gran sector se vuelve dependiente de la publicidad regional, y se autocensuran en su labor de fiscalización. Por tanto, es urgente promover una labor de activismo, sensibilización y compromiso de los actores públicos, privados y la sociedad civil para luchar frontalmente contra la corrupción regional, sin duda este estudio contribuye en este propósito, nuestro saludo y felicitaciones.
(*) Email: ideasayni@gmail.com
1 Julio, 2019
22 Diciembre, 2022
