Por: Period. Wilberth Vilca Laura (*)
El pasado jueves 14 de agosto, a las 10.10 pm de la noche, la ciudad de Trujillo, fue nuevamente conmovida por un atentado terrorista, producto de la confrontación de dos bandas criminales, “Los Pulpos” y una facción denominada “Los Pepes” y la “Jauría”, delincuentes de estos últimos habrían cometido el atentado, ocurrido en el centro histórico de esta ciudad, en la avenida Perú, del barrio “el Molino”, se habrían detonado veinte cartuchos de dinamita, dirigidas a la vivienda de la madre de Sergio Bolaños, exintegrante de los pulpos, en represalia por su presunta colaboración con la justicia. Este atentado afecto a veinte viviendas y dejo siete heridos, felizmente a esa hora ya la gente no transitaba por estas vías, además la explosión provocó el corte de luz en toda la zona. En enero de este año, hubo un atentado similar, al local del Ministerio Público, las autoridades prometieron investigar y sancionar a los culpables, pero hasta hoy no tenemos resultados; en esta ocasión se anunciaron tres detenidos, sin trascendencia alguna. No hay firmeza, ni capacidad reactiva de las autoridades nacionales, del MININTER, la PNP, lo cual genera un panorama de impunidad, desconcierto, desconfianza e inseguridad, ante la criminalidad que al parecer viene logrando control territorial en el norte del país, que podría convertirse en una especie de “Sinaloa” peruana. De las autoridades regionales, poco o nada se puede esperar, el gobernador Acuña, fresco y orondo ha expresado, que la seguridad no es su competencia, ignora que es una competencia compartida y que él es presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) y como tal debe liderar y trabajar conjuntamente que la PNP, para luchar contra la inseguridad, si no asume su labor, estaría incurriendo en omisión de funciones. Pero el Sr. Acuña, prefiere estar de vacaciones, dejo su cargo entre el 29 de julio y el 09 de agosto, mientras arrecian denuncias por corrupción en las contrataciones públicas del gobierno regional de la Libertad. En tanto, el crimen organizado se fortalece, las autoridades son ineficaces, la impunidad impera y la inseguridad socava nuestra débil democracia.
Nuestro país tiene en vigencia la “Política Nacional Multisectorial de lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030”, documento de gestión, que en su diagnóstico identifica el problema público como “la alta incidencia de acciones delictivas, cometidas por organizaciones criminales, que operan en los ámbitos nacional y transnacional”, en el periodo 2014 al 2018, se registró 1´507,000 denuncias de acciones delictivas, de los cuales el 72% se vinculaba al crimen organizado; conforme a su población penal, predominaban los delitos de trata de personas, lavado de activos, tráfico de migrantes, sicariato, estafas agravadas, usurpación, extorsión, drogas, secuestro, minería ilegal y otros; lo cual avizoraba el agravamiento delincuencial. El diseño de la política, identificaba tres causas, que al parecer, siguen vigentes: a) debilidad del Estado, para combatir el crimen organizado; b) existencia de mercados ilegales, y c) escasa prevención en la materia; luego planteaba cuatro objetivos prioritarios y lineamientos de acción: 1) fortalecer la capacidad del Estado, en la lucha contra las organizaciones criminales; 2) fortalecer el control de la oferta en mercados ilegales, a nivel nacional y transnacional; 3) fortalecer la prevención en materia de crimen organizado, en la población y 4) fortalecer la asistencia a víctimas afectadas por el crimen organizado. Cada objetivo tiene indicadores, 16 lineamientos y 13 servicios a implementarse, para su logro progresivo. Por otra parte, tenemos vigente el denominado “Plan Perú Seguro”, del actual gobierno, aprobado por R.M. 07-2025-IN, del 06 de enero de 2024; cuyo tercer eje de acción considera la “lucha contra el crimen organizado y el crimen transnacional”, y cuyos lineamientos son: implementar brigadas especiales de investigación criminal, fuerza policial de resguardo y protección de zonas comerciales y puntos críticos, implementación del GRECCO, Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado; y el fortalecimiento del control de desvío de armas y municiones. Por tanto, tenemos planes y lineamientos de acción, pero ante la falta de voluntad política, liderazgo y gestión operativa en el combate contra la delincuencia, poco o nada podemos hacer. Desde la creación del SINASEC, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el año 2003, se afirmó que la “seguridad ciudadana, es un compromiso de todos”, es hora de reaccionar ahora, y promover el trabajo conjunto de autoridades, sector privado, academia y sociedad civil, antes que sea tarde, y la vorágine del crimen organizado, socave el Estado de derecho y la convivencia pacífica en nuestro país.
(*) Email: ideasayni@gmail.com
