La votación “Matemáticas fuera del examen nacional de admisión a la universidad” y una reflexión sobre las elecciones democráticas

Por Chengzun Pan

El 25 de octubre de 2013 apareció en la red social china Weibo una encuesta titulada “Matemáticas fuera del examen nacional de admisión a la universidad de China”. Esa misma noche, alrededor de 63 000 personas habían participado, y un 70 % manifestó estar a favor de eliminar las matemáticas como materia obligatoria. Apenas cuatro días después, el 29 de octubre, People’s Daily Online citó el mismo sondeo informando que la participación había superado las 160 mil personas, y que el nivel de apoyo seguía en un 75 %.

Evidentemente, se trataba de un episodio de opinión pública con un tono más bien lúdico, sin que esto implicara que el Ministerio de Educación realmente estuviese considerando suprimir las matemáticas. Sin embargo, el caso plantea una cuestión mucho más preocupante: cuando la mayoría carece de una base sólida de conocimientos y de un juicio racional, el principio democrático de que “El principio de la mayoría” puede desembocar en resultados absurdos o incluso peligrosos.

En Perú, en las elecciones presidenciales pueden postular hasta cuarenta y cinco partidos. En teoría, esto ofrece al elector un amplio abanico de opciones. Sin embargo, en la práctica, muchos votantes no solo desconocen en profundidad la trayectoria, ideas políticas y planes de gobierno de cada candidato, sino que a menudo ni siquiera recuerdan sus nombres. En tales condiciones, el resultado de la votación puede estar fácilmente influenciado por campañas de impacto inmediato, consignas populistas o la manipulación de los medios. Lo que en apariencia es una decisión mayoritaria, en realidad no es más que la suma de decisiones emocionales tomadas por una mayoría desinformada. La lógica no difiere en esencia de la del caso “Matemáticas fuera del examen nacional de admisión a la universidad”: cuando no se entiende a fondo el problema, es difícil que el voto sea racional y responsable.

Este fenómeno no es exclusivo. En 2016, el referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido fue un ejemplo emblemático. Investigaciones posteriores revelaron que muchas personas desconocían las implicancias económicas, políticas y sociales de la salida de la Unión Europea al momento de votar; algunas incluso buscaron “qué significa Brexit” después de emitir su voto. Cuando la información y la comprensión son insuficientes, la elección de la mayoría suele ser producto de emociones, propaganda o datos engañosos, más que de un análisis informado. Algo similar ocurre con ciertos plebiscitos en algunos estados de Estados Unidos, donde las papeletas incluyen textos legales de miles de palabras, repletos de términos económicos y jurídicos complejos, que muchos electores no leen ni comprenden a cabalidad. En estas condiciones, la “decisión de la mayoría” puede ser formalmente correcta, pero de calidad cuestionable.

El “El principio de la mayoría” es una regla esencial del sistema democrático; pero si se queda en un plano meramente formal, puede derivar en lo que Alexis de Tocqueville denominó “la tiranía de la mayoría”. Para evitar este riesgo, es fundamental que la ciudadanía tenga acceso a información lo más completa y equilibrada posible. Solo sobre la base de hechos suficientes se pueden tomar decisiones relativamente racionales. Los medios de comunicación, las instituciones educativas y las plataformas públicas deberían asumir la responsabilidad de ayudar a la población a comprender los asuntos en su conjunto, en lugar de limitarse a complacer emociones y perseguir audiencia.

Esto recuerda al proceso constituyente en Chile a partir de 2020. Las protestas de 2019 impulsaron una fuerte demanda de derogar la Constitución de 1980, elaborada durante el régimen de Pinochet. El gobierno y el Congreso invirtieron ingentes recursos humanos y materiales para iniciar el proceso, y dos años después presentaron un proyecto de nueva Constitución que fue rechazado en referéndum. El Ejecutivo insistió y, tras más de un año de trabajo, promovió un segundo intento, que nuevamente fracasó en las urnas. Finalmente, la Constitución de 1980 sigue vigente. Esta pugna política, que se prolongó por más de tres años, dejó al descubierto un problema de fondo: sin una educación cívica sólida, la ciudadanía difícilmente puede evaluar con precisión los pros y contras de las cuestiones políticas, ni tomar decisiones estables y sostenibles entre diversas alternativas.

Para que en una sociedad democrática los ciudadanos puedan decidir el futuro de su país, no basta con tener una papeleta en la mano: también es necesario contar con la capacidad de entender problemas complejos y de emitir juicios independientes. Sin el respaldo del conocimiento y la razón, la democracia corre el riesgo de convertirse en un amplificador de emociones.

El episodio “Matemáticas fuera del examen nacional de admisión a la universidad” puede parecer una anécdota, pero la realidad que refleja es seria. En las distintas formas de ejercicio democrático, si falta conocimiento, información y racionalidad, la decisión mayoritaria no siempre es la mejor opción, e incluso puede ser un impulso hacia el error. Ya sea en una votación en línea en China, en las elecciones presidenciales de Perú, en el referéndum del Brexit en el Reino Unido o en el proceso constituyente de Chile, debemos reconocer que el verdadero valor de la democracia no reside solo en el derecho igualitario al voto, sino en la calidad y profundidad de la reflexión detrás de cada sufragio. Solo cuando el nivel de conocimiento y la capacidad de acceso a información sean suficientes para sostener el juicio ciudadano, el principio de que “la minoría se somete a la mayoría” podrá servir genuinamente al interés público y no convertirse en un velo que encubra decisiones dictadas por la emoción.