TRATA DE PERSONAS: BALANCE 2017-2018

Por: Period. Wilberth Vilca Laura (*)

En la ciudad del Cusco, la Ong Capital Humano y Social Alternativo y la Defensoría del Pueblo, presentaron el “VI Informe Alternativo: Principales Hallazgos 2017-2018, un balance realizado desde la sociedad civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú” el día 31 de enero del presente, en el Centro de Convenciones de la municipalidad provincial. Dicho informe evalúa la implementación del “Plan Nacional contra la Trata de Personas (PNAT) 2017-2021” aprobado por el D.S. Nro. 017-2017-IN de fecha 07-JUN-2017, ha transcurrido un año y seis meses desde entonces los logros y avances son muy modestos. Dicho plan comprende la Trata de Personas en armonía con el “Protocolo de Palermo” de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su art. 3ro. Afirma que “la “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, lo que es concordante con nuestra legislación, como la Ley Nº 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, sin duda uno de los graves problemas de inseguridad en nuestro país y que debería afrontarse multisectorialmente con eficacia y celeridad. El VI Informe Alternativo nos releva diversos nudos por resolver, a nivel de articulación interinstitucional, solo 13 gobiernos regionales enviaron información sobre el PNAT, y de ellos solo 6 cuentan con mesas, comisiones o redes regionales: Amazonas, Ancash, Moquegua, Tumbes, Ucayali y Cusco; también disponen de planes alineados al PNAT. En cuanto a municipalidades provinciales, solo 17 cuentan con mesas o comisiones de trabajo, incluido el Cusco; mientras en los municipios distritales solo 9, ubicados en Lima disponen de comisiones o redes. En cuanto a sistemas de monitoreo, solo 4 regiones tienen su plan de monitoreo. En lo referente a la investigación del fenómeno, destaca solitariamente el gobierno regional de la Libertad, que realizó una investigación en coordinación con la Universidad Privada del Norte. Referente al presupuesto asignado para implementar el PNAT, en el 2018, solo se destinó S/ 8’231, 751, que equivale al 0.0052% del presupuesto general de la república, también equivale a S/ 0,25 centavos por personal al año para proteger a los ciudadanos de la explotación humana; para el 2019 se avizora que se reducirá a S/ 0.15 centavos. En cuanto a la persecución del delito hay cifras distintas entre las entidades a cargo, mientras la Fiscalía registró 1433 denuncias y 1307 víctimas en el 2017, incrementándose en 24% respecto al 2016; la PNP solo registró 725 denuncias y víctimas, datos preocupantes. Referente a las acciones preventivas, menos de la cuarta parte de las instituciones del Estado involucradas, reporto acciones de prevención, lo que evidencia el incumplimiento de las políticas del PNAT; en cuanto a gobiernos locales de Lima Metropolitana, un 35% ha realizado alguna  actividad preventiva contra la trata. En cuanto a los desafíos y retos para implementar el PNAT, debemos destacar la labor con la docencia, se requiere al menos capacitar a un 30%, a la fecha solo el 0.04% ha recibido capacitación. También se requiere implementar el Sistema Único de Registro de Víctimas, para tener cifras reales y al mismo tiempo integrar la atención por los diversos sectores. Otra cifra que destaca es que el 78% de victimas reportadas por la PNP, fueron captadas por una falsa oferta laboral, que en nuestro medio suelen captarse en los “avisos económicos” y luego derivan en “bares y night clubs” de Madre de Dios con la explotación sexual. Como agenda pendiente, se sugiere que el MEF debería implementar un programa presupuestal asociado al tema de trata de personas, para su ejecución por gobiernos sub-nacionales, y que las entidades cumplan con su responsabilidad de rendición de cuentas sobre su labor en trata de personas, como lo dispone la Ley 29918, por tanto el Presidente del Consejo de Ministerio y el titular del interior deberían informar en el congreso de la república, la última vez que concurrieron fue el año 2016. En el panorama nacional el escenario es adverso, pues en el 2017 la pobreza subió al 21.7%; y el trabajo informal representa el 73% de la PEA; mientras existe una grave “complicidad social”, pues el 87.3% del total de delitos no se denuncia; en corrupción el Perú ocupa el puesto 96 de 180 y la impunidad reina, pues solo 7 de cada 100 imputados son sentenciados. Finalizamos felicitando la labor de la Ong CHS Alternativo y la Defensoría del Pueblo, pues la primera tarea es conocer la situación real de las políticas sobre trata de personas para corregir las falencias al respecto. La seguridad ciudadana es un compromiso de todos, que así sea.

(*) Email: ideasayni@gmail.com