Por: Wilberth Vilca Laura (*)
Nuestro país asiste una severa crisis institucional y de credibilidad de nuestras autoridades gubernamentales, la base de nuestra democracia lo constituyen los gobiernos sub-nacionales y en particular los gobiernos locales, uno de cuyos instrumentos de legitimidad social lo constituye el presupuesto participativo, que anualmente deben formular con participación de la sociedad civil en la priorización de proyectos que respondan a las necesidades insatisfechas y los planes de desarrollo concertado. Sin embargo la implementación del nuevo Sistema de Programación Multianual de Inversión Pública “Invierte.Pe” ha colisionado con la Ley del aún vigente de Presupuesto Participativo Nro. 28056, pues esta establece la identificación de brechas y programación multianual de inversiones que los gobiernos sub-nacionales remiten al MEF en los primeros meses del año, antes del inicio de los presupuestos participativos, definiendo en la practica la priorización de la inversión pública, es más no se pueden identificar nuevos proyectos mientras no se concluyan los ya considerados en el “banco de proyectos”, por tanto los talleres de los procesos de presupuesto participativo quedan sin piso, pues no tendrán capacidad de decisión y menos la gestión de gobierno local será concertada, e incluso obedecerá a la priorización de la identificación de “cierre de brechas” que define cada sector, es decir cada ministerio del gobierno central, es decir no solo atentamos contra la participación ciudadana, sino se encubre una recentralización de la gestión pública. De este modo la democracia representativa se debilita conjuntamente que los gobiernos sub-nacionales, locales y regionales. A nivel de gobiernos locales es un derecho de la sociedad civil plantear sus iniciativas de proyectos de inversión pública, que este año tienen la particularidad de proponer una agenda para las próximas gestiones con las autoridades a ser elegidas en el mes de octubre próximo por lo que deberían ser más inclusivas y flexibles para dejar una margen de acción a las nuevas gestiones. El proceso del presupuesto participativo comprende cuatro fases, 1ro. Preparación, que comprende la convocatoria, registros de agentes y su capacitación; 2do. Concertación en talleres de trabajo y la formulación de acuerdos; 3ro. Coordinación de niveles de gobierno y 4to. Formalización, cuando los proyectos priorizados deberían incorporarse en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del próximo año fiscal. Lamentablemente no existe la articulación de niveles de gobierno, por ejemplo este año el gobierno regional del Cusco, ha convocado a su taller de concertación, cuando los gobiernos municipales provinciales aún no han concluido sus respectivos presupuestos participativos. La participación ciudadana va de la mano con la transparencia, acceso a la información pública y el gobierno abierto, temas que no son practicados y por tanto la falta de la praxis de la democracia social y representativa deja mucho que desear. Por tanto es hora de que los presupuestos participativos sean reformados, tengan que ser vinculantes, los instructivos deberían ser modificados, y además integrarse a gobiernos abiertos y transparentes, que asuman el rol de la ciudadanía y los comités de vigilancia como aliados y no como potenciales adversarios, la salud de nuestra democracia y el futuro de nuestro país de cara al bicentenario lo exigen. Esperamos no asistir al descanso en paz de los presupuestos participativos.
(*) Email: ideasayni@gmail.com
4 Mayo, 2025
3 Marzo, 2018
