Cuando la disputa desplaza el propósito de la política

Silvana Pareja

La historia está llena de sociedades que alcanzaron el esplendor y terminaron debilitadas por sus propias rivalidades. La antigua Grecia es un ejemplo. La Guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y Esparta, demostró cómo las disputas prolongadas pueden comprometer el destino de pueblos enteros.

Más de dos mil años después, la lección conserva vigencia: ninguna nación puede avanzar si quienes tienen la responsabilidad de conducirla convierten sus diferencias en un conflicto permanente.

En el Perú, el debate sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo plantea una cuestión fundamental: ¿cómo garantizar el control democrático sin convertirlo en un obstáculo para atender las urgencias nacionales?

El predictamen de la Comisión de Constitución del Senado recomendó aprobar un texto sustitutorio centrado en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, con un plazo de 90 días calendario. La propuesta original contemplaba, además, medidas sobre empleo, micro y pequeñas empresas, desarrollo productivo y modernización del Estado.

No se trata de exigir que el Congreso apruebe automáticamente cada solicitud del Gobierno. La fiscalización es indispensable y toda delegación debe tener límites claros. Sin embargo, el debate parlamentario también debe medirse por su capacidad para contribuir a resolver los problemas del país.

Mientras las instituciones discuten sus atribuciones, miles de peruanos enfrentan la extorsión, la inseguridad y la incertidumbre económica. Para ellos, las diferencias entre poderes solo tienen sentido si se traducen en mejores condiciones de vida.

La oposición tiene pleno derecho a cuestionar al Gobierno. Esa es una de las bases de la democracia. Pero la fiscalización alcanza su mayor valor cuando permite corregir errores, mejorar propuestas y exigir resultados, no cuando la confrontación termina desplazando el propósito de resolver los problemas nacionales.

La responsabilidad también alcanza al Ejecutivo, que debe sustentar sus propuestas, respetar la Constitución y rendir cuentas por sus decisiones. Los contrapesos institucionales son necesarios, pero ejercerlos exige responsabilidad y sentido de Estado.

El desafío no consiste en eliminar las diferencias entre las instituciones, sino en evitar que estas terminen subordinando el interés nacional a sus propias disputas.

Para los antiguos griegos, la polis era la comunidad a cuyo servicio debía ponerse la política. Olvidar ese propósito significaba perder de vista la razón de ser del poder.

Esa sigue siendo una advertencia vigente para el Perú: la democracia no exige que sus instituciones piensen igual, sino que ejerzan sus competencias sin olvidar a quienes representan.

Porque cuando la disputa por prevalecer importa más que el bienestar de la nación, la política deja de ser el camino hacia las soluciones y comienza a convertirse en parte del problema.