El Presidente de la República, Martín Vizcarra, ha aceptado la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina, quien había puesto su cargo a disposición ante los escandalosos sucesos de la fuga del ex vocal supremo, César Hinostroza a tierras ibéricas.
Según han informado autoridades aduaneras españoles, el ex juez supremo peruano habría ingresado a territorio español a través del aeropuerto de Madrid a horas 8:43p.m. (1:43p.m. hora peruana), con un pasaporte N°117158435. El Ministerio Público, por su parte, ha accionado la orden de detención que activa la alerta roja en el sistema de Interpol.
De esta manera, otro sujeto procesal clave para la lucha contra la corrupción en nuestro país, como es el caso del ex presidente Alejandro Toledo, ha burlado la Justicia peruana y enturbia aún más el panorama de la política nacional.
Para este momento, son varias las instituciones de Estado que han brindado su parecer sobre este hecho. Es de comprender que recién en las siguientes horas podrá esclarecerse las responsabilidades políticas adecuadas y penales de ser el caso. El escenario se encuentra así:
Para Víctor Prado, presidente del Poder Judicial (PJ), ha sido necesario enfatizar que su institución realizó "su trabajo" al haber dictado, desde el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el mes de julio, impedimento de salida del país contra el ex juez supremo. Prado intenta dejar en claro que el PJ no cuenta con mayor responsabilidad en los funestos hechos.
No es este un criterio compartido por la congresista fujimorista Úrsula Letona quien, como portavoz de su bancada, ha mencionado en conferencia de prensa que “son el Ejecutivo, a través de su Ministerio del Interior y de Migraciones quien debe rendir las mayores cuentas” de esta fuga.
Así mismo, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se apresta a deslindar diciendo que “el Congreso no es la institución que custodia las fronteras del país”, de lo que se desprende una acusación al Ejecutivo. Sin embargo, su descargo no quedó allí y también ha dicho que la responsabilidad la comparte el Ministerio Público.
Por lo que Salaverry ha sostenido la posibilidad de que el ministro del Interior, Mauro Medina, y el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, sean citados este jueves al Pleno y den su explicación en el Hemiciclo, como ya ha manifestado la Junta de Portavoces en el caso de Medina.
Salaverry coincide con el congresista oficialista Juan Sheput al fustigar al jefe de la Fiscalía de la Nación cuando éste aclara que Chávarri “pudo haber tomado acciones contra el ex magistrado (Hinostroza), “sin necesidad” de que el Congreso envíe el expediente de la acusación. Teoría que desafía y recarga de imputaciones al Ministerio Público y libera, curiosamente, del mayor paso a la Mesa Directiva parlamentaria.
Por último, en el cruce de fuegos, congresistas de varias bancadas entre los que se encuentran oficialistas (Gilbert Violeta), ex oficialistas (De Belaúnde) y aliados circunstanciales (Nuevo Perú y Alianza Para el Progreso), sí atribuyen sindicaciones indirectas a elementos parlamentarios, pero a la vez, sostienen que es necesaria la interpelación ministerial.
Todos contra todos.