Dr. José Mario Azalde León
Universidad Católica Argentina
“Minorías dóciles del mundo jurídico”, “da la impresión de que el juramento de los jueces es sólo una suerte de fiesta familiar”, “conjunto de orates”, “pseudojueces”, “los impolutos”. Así califica un conocido profesor universitario argentino a los jueces de su país. Incluso lo hace en un libro físico, poco interesante y no recomendable, que puede ser descargado por internet (“¡Bienvenidos al lawfare! Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal”).
¿Quién los califica de esa manera a los celosos guardianes de la justicia? Nada menos que el inefable Eugenio Raúl Zaffaroni, mediático jurista, ex miembro de la Corte Suprema Argentina, ex miembro de la Corte IDH, penalista “iconoclasta”. Algunos colegas que tienen el televisor de la habitación más grande que la biblioteca también lo llaman “el maestro”.
Zaffaroni hace uso y abuso del denominado “argumento de autoridad” en todos sus planteamientos. En otro momento reflexionaremos sobre la teoría del delito de Zaffaroni que, contrario sensu de lo que se piensa, tiene una dimensión decisionista. Mientras tanto, los colegas le pueden seguir cargando la maleta en sus visitas.
A pesar de todo lo afirmado previamente, lo interesante es que no puedo dejar de coincidir con Zaffaroni en esos calificativos. Es más, creo que se quedó corto. Pero no sólo califica a los jueces, también incluye a los censores de la moral pública: “…éstas [las minorías activas del mundo judicial] deben revolcarse en coautorías y complicidades en una confusa ménage[1][2] múltiple con periodistas, comunicadores, monopolios mediáticos y agentes de servicios secretos que bordean los tipos penales y resbalan con frecuencia de esos bordes.”
¿Alguien denunció a Zaffaroni? ¿La UBA (Universidad de Buenos Aires) lo suspendió o abrió proceso administrativo? ¿El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires? No pasó nada. Y es que, con todos sus defectos, en Argentina todavía las universidades públicas cumplen un rol privilegiado en el libre debate de ideas.
En Perú y, seguramente en muchos países de Latinoamérica, los profesores universitarios de las universidades públicas (de las privadas me referiré en otra ocasión) sufren persecución política. Pocos tenemos el blindaje que posee el penalista argentino. Son los denominados “docentes incómodos”. Frente a ellos, la burocracia universitaria estatal prefiere “profesores” genuflexos y castrados. Eunucos intelectuales.
¿En qué otros espacios, fuera de la universidad, se debe generar el debate de ideas?
Siempre hubo persecución política. Pero ahora las formas son más sutiles. Los procesos administrativos-sancionadores en las universidades públicas son informales, es un coctel de ignorancia, mala fe y asesinato político al “docente incómodo”. Estos procesos administrativo-sancionadores en las universidades públicas son la encarnación de la banalidad del mal: una maquinaria mediocre que solo cumple su rol con manifiestas limitaciones.
Pero esta pesadilla kafkiana no termina ahí. Cuando se agota la vía administrativa, en la etapa judicial, continua la persecución mediante la utilización maliciosa de conceptos como “excesiva carga procesal”, “errores en la tramitación”, “dilaciones indebidas”, “defectos en la notificación”. Cuestiones formales pero que afectan la esencia del denominado derecho al debido proceso.
Al final la consigna es la anulación del “docente incómodo”, mediante su separación total por supuesta falta grave, el juicio mediático y la consecuente condena pública o el hostigamiento laboral. Todo ello apunta, por tanto, a desestabilizarlo psicológicamente. En mi actividad profesional he visto casos de compañeros docentes, abrumados por el acoso, el hostigamiento y la intimidación, que pensaban seriamente en el suicidio. Eso dice mucho sobre el estado actual de la universidad pública ya que son esas personas las que, al borde del delirio, tienen la difícil tarea de educar a las generaciones del futuro.
[1] La cursiva es del autor.
1 Abril, 2024
7 Diciembre, 2022
.png)