Los gremios empresariales y de trabajadores del Perú expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los 13 trabajadores asesinados en la provincia de Pataz, víctimas de una banda criminal vinculada a la minería ilegal.
Condenamos este atroz crimen que revela el alarmante grado de violencia e impunidad al que ha llegado el crimen organizado que opera en zonas dominadas por economías ilegales. Todo ello, a pesar de la vigente declaratoria de Estado de Emergencia y de la presencia militar en la región.
Este hecho no es un caso aislado. Es la consecuencia directa de la ausencia de una política integral, firme y eficaz del Estado frente a la criminalidad organizada, así como del mantenimiento de mecanismos como el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), que lejos de contribuir a una verdadera formalización, ha permitido durante años la expansión de actividades ilegales.
No solo los empresarios y trabajadores mineros se ven constantemente amenazados y agredidos por los criminales, sino también los trabajadores de todos los sectores, así como los empresarios y emprendedores de todo el país.
Ante este escenario, los empresarios y trabajadores hacemos un llamado urgente al Gobierno para que asuma con responsabilidad, liderazgo y decisión el desafío de reprimir y erradicar el crimen organizado. Es indispensable diseñar e implementar una política pública coherente, que permita combatirlo y, al mismo tiempo, promueva una formalización genuina, transparente y sostenible del sector minero, en beneficio de todos los peruanos.
No podemos seguir permitiendo que regiones enteras queden secuestradas por la ilegalidad. El Perú necesita un Estado presente, con autoridad y capacidad para proteger la vida, el trabajo digno y el desarrollo formal.
