El 10 de abril de 2016, día de derrota electoral para Alan García en las últimas elecciones presidenciales, el ex mandatario dijo que se alejaría del Perú por un tiempo que él mismo denominó como “año sabático” (en singular) para ejercer labores académicas e intelectuales.
Aquella declaración fue dicha ocho meses antes de que estallara el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato. A partir de marzo de 2017, el fiscal Hamilton Castro abrió investigación Alan García y a otras autoridades de su gobierno (2006 – 2011) por presunto tráfico de influencias; el contexto entonces y la información recibida apenas permitía detallar cada uno de los casos que empezaban a comprometer sucesivos gobiernos peruanos desde 2004.
En abril de 2017 se cumplía aquel año sabático mencionado por García, pero él decidió prolongar su residencia en Madrid, España. Hasta la actualidad, habían transcurrido dieciocho meses extras al año sabático mencionado, de constantes viajes internacionales de García Pérez.
La totalidad de los vuelos Madrid – Lima realizados por el líder aprista tuvieron como motivo de destino su participación constante en los interrogatorios preparados por la Fiscalía. Sin embargo, en una coyuntura de pesquisas emprendidas por el actual titular del Grupo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ¿sorprende a alguien que éste considere necesario solicitar al Poder Judicial que ordene impedimento de salida del país por 18 meses para el ex presidente? Francamente, no.
Pérez Gómez ha dispuesto también ampliar las investigaciones contra Alan García por presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos, en la modalidad de crimen organizado. Presupuesto que, según el fiscal, ameritan la medida por existir un “inminente y potencial” peligro de fuga del país.
Ante ello, el ex jefe de Estado ha contestado hábilmente con un documento dirigido al mismo Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, liderado por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, cuyo despacho resolverá el pedido del Ministerio Público. En dicho documento García Pérez ratifica su plena intención de allanamiento a la petición fiscal.
De ser aceptada la solicitud de José Domingo Pérez, se habrían acabado los largos meses sabáticos para el ex presidente García; circunstancia que le convendría personalmente si, como ha dicho con insistencia en los últimos dos años y medio, nada tiene que ver con las imputaciones que enmarcan la investigación de los fiscales.
“Yo soy el primer interesado en que este tema se aclare cuanto antes” han sido las palabras de Alan García. Esclarecer su voluntad de allanamiento ante el supuesto caso de mantener actividades, durante prolongados meses, en territorio nacional, ayuda a la diligencia procesal en cuestión.