Fernando Rodríguez Patrón
Las elecciones del 12 de abril dejaron algo más grave que retrasos logísticos, mesas no instaladas o actas observadas. Dejaron al descubierto una fractura institucional entre los organismos electorales y, especialmente, una preocupante crisis de conducción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Lo ocurrido en las semanas posteriores no ha sido únicamente una controversia administrativa: ha sido una demostración de debilidad institucional, improvisación jurídica y evasión de responsabilidades.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene, sin duda, una responsabilidad central en el caos vivido el día de la elección. Los problemas en el despliegue del material electoral, las fallas informáticas, los retrasos en la instalación de mesas y la incapacidad para solucionarlos oportunamente, configuran uno de los episodios más deficientes en la organización electoral de las últimas décadas, sin embargo, el problema institucional más serio comenzó después.
Lejos de asumir el rol constitucional de máxima autoridad electoral y garante de la legalidad democrática, el JNE optó por una estrategia discursiva defensiva: comunicados ambiguos, interpretaciones legales dilatorias y constantes intentos de trasladar toda la responsabilidad política y técnica a la ONPE. En vez de transmitir autoridad, serenidad y dirección, el máximo tribunal electoral ha proyectado inseguridad, dispersión y una preocupante falta de liderazgo.
La diferencia entre un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional es precisamente la capacidad de este último para conducir institucionalmente una crisis. El JNE no está diseñado únicamente para resolver expedientes o emitir resoluciones; su función constitucional exige preservar la legitimidad del sistema electoral. Y en este proceso ha fracasado en esa tarea.
El problema no radica únicamente en las decisiones adoptadas, sino en el tono y en la lógica que las ha inspirado. Desde el 12 de abril, buena parte de los pronunciamientos del JNE han parecido ejercicios de exoneración institucional antes que verdaderos actos de conducción electoral. Su discurso ha sido tan simple como reiterativo: la ONPE falló, la ONPE no informó, la ONPE ocultó, etc. Pero mientras el JNE se dedicaba a describir errores ajenos, el país esperaba de él algo distinto: decisiones claras, criterios uniformes y una respuesta jurídica sólida frente a una elección parcialmente colapsada.
La incertidumbre respecto de las mesas no instaladas, las actas observadas y la eventual necesidad de mecanismos extraordinarios encontró al JNE ocupado en la redacción de comunicados tardíos y contradictorios. El comunicado mediante el cual descartó la posibilidad de elecciones complementarias reflejó precisamente esa lógica defensiva: más preocupación por justificar jurídicamente la inacción que por reconstruir confianza pública.
El resultado ha sido devastador para la credibilidad del sistema electoral. La lentitud en el escrutinio, las disputas sobre más de un millón de votos observados y la ausencia de mensajes institucionales coherentes han profundizado la percepción de improvisación, incrementando con ello la deslegitimación de quienes salgan.
Sin embargo, existe además un problema estructural que el debate público ha dejado de lado, y este es el perfil de quienes integran el pleno del JNE.
El modelo peruano permite que el máximo organismo jurisdiccional electoral sea integrado por representantes provenientes de distintas instituciones como la Corte Suprema, Ministerio Público, colegio de abogados de Lima y universidades, ello bajo una lógica de equilibrio corporativo. Sin embargo, este sistema no garantiza experiencia ni especialización electoral, y esta elección ha evidenciado justamente esa carencia.
El derecho electoral moderno es una disciplina altamente técnica, vinculada no solo al derecho constitucional y procesal, sino también a gestión electoral, administración pública, tecnología electoral y resolución de crisis institucionales. El pleno del JNE, en cambio, ha mostrado una preocupante tendencia al formalismo jurídico y a la reacción tardía, amén de una casi nula experiencia de la mayoría de sus miembros sobre la conducción de procesos electorales, más aún si estos coyunturalmente adquieren circunstancialmente mayor complejidad. La diferencia es crucial, sus miembros, actúan como jueces (sin que la mayoría de sus integrantes provengan del Poder Judicial) y como jueces, esperan resolver conflictos después de ocurridos; sin embargo, una autoridad electoral debe anticiparse a ellos, contenerlos y preservar la estabilidad democrática mientras ocurren, lo que no ha ocurrido.
Paradójicamente, mientras el JNE responsabiliza permanentemente a la ONPE, olvida que la Constitución le otorga la condición de suprema autoridad en materia electoral. La supervisión integral del proceso también forma parte de su deber constitucional. No puede convertirse ahora en un crítico comentarista jurídico de los errores ajenos.
En democracias maduras, una crisis electoral de esta magnitud habría generado inmediatamente auditorías independientes, redefiniciones operativas y responsabilidades políticas claras. En el Perú, en cambio, los organismos electorales parecen enfrascados en una disputa burocrática para determinar quién carga con el costo del desastre, y eso es precisamente lo más grave, pues las elecciones no se sostienen únicamente sobre normas o procedimientos, se sostienen sobre confianza pública. Cuando el árbitro pierde autoridad, cuando transmite dudas, vacilaciones y excusas, el daño excede a una elección concreta y erosiona la legitimidad misma del sistema democrático.
El país necesita reformas profundas en sus organismos electorales. Pero, sobre todo, necesita autoridades capaces de comprender que para solucionar en una crisis electoral no basta con tener argumentos legales. Se requiere liderazgo institucional. Y eso es exactamente lo que el JNE no ha demostrado tener en este proceso.
