Por Silvana Pareja
Durante los últimos años, el Perú ha atravesado una de las etapas más complejas de su vida republicana. La polarización política, la desconfianza hacia las instituciones y el cuestionamiento permanente a diversos actores del sistema de justicia y de los medios de comunicación marcaron un periodo que aún deja profundas huellas. En ese escenario, figuras como José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba y Gustavo Gorriti adquirieron un protagonismo indiscutible. Hoy, los acontecimientos recientes permiten pensar que ese ciclo podría estar llegando a su fin, abriendo la oportunidad para que el país inicie una nueva etapa basada en instituciones más sólidas y en el pleno respeto al Estado de derecho.
Las controversias que rodean a distintos personajes del debate nacional han reabierto una discusión necesaria sobre los límites de la actuación de fiscales, periodistas y demás actores con influencia en la opinión pública. En una democracia constitucional, toda investigación debe desarrollarse respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Nadie debe ser condenado sin una sentencia firme, pero tampoco nadie puede quedar excluido del escrutinio cuando existen hechos que merecen ser esclarecidos por las autoridades competentes.
Sin embargo, el debate trasciende a las personas. Lo verdaderamente importante es que el Perú fortalezca sus instituciones para evitar que cualquier grupo, sea político, judicial, económico o mediático, concentre un poder que afecte el equilibrio democrático. La independencia del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la prensa constituye un requisito indispensable para preservar la confianza ciudadana. Esa independencia no solo debe existir, sino también ser percibida como auténtica por la sociedad.
La libertad de prensa continúa siendo uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Precisamente por ello, debe protegerse de cualquier circunstancia que pueda poner en duda su imparcialidad. Un periodismo independiente fortalece su credibilidad cuando fiscaliza al poder sin convertirse en parte de los procesos que luego informa. Del mismo modo, la justicia solo recuperará plenamente la confianza de los ciudadanos cuando demuestre que aplica la ley con igualdad, sin privilegios ni persecuciones selectivas.
El Perú necesita superar definitivamente la lógica de la confrontación permanente. Las diferencias ideológicas deben resolverse mediante el debate democrático, el voto ciudadano y el respeto al orden constitucional, nunca a través de la utilización indebida de las instituciones del Estado. La separación de poderes, la economía social de mercado, la protección de las libertades individuales y la igualdad ante la ley constituyen principios que deben mantenerse al margen de cualquier coyuntura política.
No se trata de celebrar el ocaso de determinadas figuras públicas, sino de consolidar una democracia donde ninguna persona, institución o grupo de poder pueda situarse por encima de la ley. Si el país aprovecha este momento para fortalecer organismos verdaderamente independientes, transparentes y sometidos únicamente al imperio del derecho, habrá dado un paso decisivo hacia una República más estable, donde la confianza ciudadana vuelva a descansar en la fortaleza de sus instituciones y no en el protagonismo de sus actores.
