Asfixia de recursos en obras públicas

Por Antero Flores-Araoz

Hay diversidad de situaciones en que se requiere de un pre requisito. Por ejemplo, no puede haber entierro si es que no hay cadáver, no puede haber misa si es que no hay celebrante, no puede haber escuela si es  que no hay profesores y alumnos y así podríamos seguir y seguir en una incansable narrativa.

En lo que se refiere a las obras, sean públicas como privadas, y entre las primeras especialmente las de infraestructura, no puede haber avances si es que no hay aportes económicos.

Lo dicho es tan sencillo como tener en cuenta que para hacer una carretera se necesita del concreto o del asfalto, se requiere el pago a los trabajadores que realizan la obra, se demanda solventar los gastos administrativos de aquella, incluso los gastos de protección y seguridad del material en cancha, entre muchísimos otros.

Recapitulando, sin lluvia y riego no hay producción de alimentos vegetales y por supuesto, sin aportes económicos no se pueden avanzar ni concluir las obras públicas.

Como en nuestro querido Perú puede pasar de todo y ya parecería ser que nada nos afecta, hemos advertido que infinidad de obras públicas han paralizado, pues han dejado de recibir los recursos económicos para su prosecución, ello pese a que aquellas fueron licitadas y se asignaron los correspondientes fondos para financiar los presupuestos aprobados. Pero insólitamente, se dejaron de entregar los recursos para que continúe la obra, con lo cual, se vuelve a repetir lo que en innumerables ocasiones ha ocurrido con las unidades ejecutoras, la “Autoridad con Cambios” ideada por Pedro Pablo Kuczynski y la “Autoridad Nacional de Infraestructura” (ANIN).

Lo grave es que con las paralizaciones de que damos cuenta, siguen corriendo los gastos administrativos, como los de la protección del material en cancha, lo que inevitablemente encarece la obra, se generan incumplimientos y multas por el retraso, y lo que es muchísimo más grave, conflictos respecto a la autoría del infractor, las sanciones por el retraso y otras responsabilidades y, estar sometidos a los designios de la Contraloría General de la República, que también pueden derivar en acciones judiciales de nunca acabar  como ya es usual en nuestra patria.

Quién más sufre por la paralización de la obra es el, pobre usuario que no la podrá usar y seguirá con las molestias que ello significa.

También se ha podido verificar que recientemente se ha aprobado un cuantioso crédito suplementario, pero que irresponsablemente no es para las obras paralizadas y ellos pese a que desde el Gobierno Central se llenan la boca diciendo que se requiere concluirlas para contribuir con el desarrollo nacional y, más cuando en etapa electoral por lo general se reduce la inversión privada que hay que sustituirla con la pública.

Ahora bien, sea en época electoral o normal, lo que se necesita a gritos es que la Contraloría cambie de actitud, de la fiscalización y punición pase a la concertación para como buen facilitador de acuerdos ponga en mesa de conversación al ente estatal contratante con el ganador de la buena pro y se logre subsanar los malentendidos y no se sufra por retrasos que hay que tratar que no se produzcan o minimizarlos.