Violencia familiar: ¿La justicia tiene rostro de mujer?

La última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI señala una reducción de los índices de violencia contra la mujer en el entorno familiar en comparación a los últimos 5 años.  Conforme a ella, el 71% de las encuestadas afirma haber sufrido algún tipo de violencia infringida por su pareja, sin embargo esta encuesta no evidencia  las limitaciones del sistema de protección contra el maltrato físico, sexual y psicológico a la mujer.

Aunque se ha logado un avance importante en la legislación con la Ley N° 26260, Ley Contra la Violencia Familiar, la ratificación de la Convención Belén Do Pará y las modificaciones en el Código Penal que establece a la violencia familiar como agravante y el tipo penal de feminicidio, aún falta eliminar la visión estigmatizante de género existente en el proceso.

Básicamente, la tramitación de los procesos de violencia contra la mujer a partir de la denuncia, adolece de una visión patriarcal y carece devaloración de la autonomía moral de la mujer que impide alcanzar igualdad jurídica y desarrollar un criterio compensatorio que resulte satisfactorio y proporcional a la afectación a su  dignidad y  su proyecto de vida.

De otro lado, la invisibilización de la problemática al limitar su solución  al ámbito privado e íntimo, dando lugar a un mínimo de casos resueltos por los Juzgados de Familia, un mayor porcentaje de  desistimiento de denuncias, procesos en abandono por prescripción, falta de diligencia y celeridad en la realización de las pericias, ineficacia de medidas de restricción al agresor y el exceso de la prisión preventiva, constituyendo así, un grave peligro de impunidad  y la imposibilidad de lograr la indemnización respectiva.

Finalmente señalar la importancia de la prevención y el seguimiento de los casos hasta su conclusión, por lo que se recomienda la implementación del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público con estadísticas actualizadas de casos de violencia de género y, de otro lado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector del Plan Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual,  realizar monitoreo y descentralización de sus servicios de asistencia legal y psicológica tanto a la víctima como al agresor, de tal manera que alguna vez la justicia pueda tener rostro de mujer.