El caso de Domino's Pizza ahora y el de KFC el año pasado son emblemáticos porque desnudan las falencias existentes en nuestro sistema de protección al consumidor. Dos franquicias internacionales que gozan no solo del know how de sus casas matrices para hacer mucho dinero sino además de la buena fe y confianza de los consumidores nos pueden servir para reflexionar si el Estado cumple con su papel y si el 'status quo' diseñado hace 25 años sirve para que los usuarios y consumidores peruanos estemos realmente protegidos.

Ambas franquicias cuentan con grandes estudios de abogados y lobbies para saber que, por ejemplo, impedir el ingreso de inspectores sanitarios a sus locales es
mas rentable desde todo punto de vista, a que se expongan lo que este video evidencia: su total incumplimiento a las leyes sobre sanidad y deberes de protección de los intereses y derechos de los consumidores, es decir, de sus clientes. Pagar una multa irrisoria que le impondrá DIGESA o el municipio respectivo es más rentable pues, estas empresas son más peligrosas que las informales, ya que además de incumplir con las leyes vigentes -como lo hacen las informales- tienen los recursos humanos y económicos para ser impunes, "ventaja" con la que no cuentan las informales. Esto se agrava ya que en nuestro país no existen procedimientos que empoderen realmente a los consumidores para exigir vía procesos como la "class action" indemnizaciones que puedan desincentivar estas conductas. El Estado podría iniciar acciones judiciales de carácter indemnizatorio en contra de estas empresas ya que cuentan con estas facultades desde nuestra primera ley de protección al consumidor a inicios de los 90's pero jamás lo ha hecho y creemos que no lo hará dada la mirada actual que se tiene de la defensa de los consumidores

Y ni hablar de acciones penales en contra de estas empresas que lucran a costa de la salud de los peruanos, nuestra legislación es tan débil en este aspecto que no existe siquiera un proceso abierto por este tipo de conductas.

El actual gobierno que dijo en su plan que instituciones tutelares de la defensa de los consumidores deberían ser repensadas, hoy ha demostrado con sus decisiones que el papel aguanta todo y que los compromisos electorales -cual publicidad engañosa que pulula en el
Mercado- no son sancionables. Solo queda para la próxima vez (es decir, el 2016) que este tema se ponga en la agenda política y se discuta seriamente y así evitaremos tener autoridades defensoras de los consumidores de papel y congresistas seudo defensores de los consumidores que buscan solo defender sus intereses particulares y políticos.