Vacancia, incómodo término

El pasado viernes 11 de septiembre de 2020 el Congreso de la República aprobó la admisión de la Moción de Vacancia de la Presidencia de la República con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Se necesitaba tan solo 52 votos para la aprobación de dicha admisión, según lo estipulado en el Reglamento del Congreso. ¿Significa esto que la suerte está echada para el jefe de Estado y que inevitablemente nuestra República quedará acéfala -por breves instantesel próximo viernes 18 de septiembre, hasta la juramentación del actual presidente del Congreso como nueva cabeza del Poder Ejecutivo? La respuesta es un rotundo no.

Para que dicho escenario se hiciera realidad, ese mismo día, tras algunas horas de debate -incluida la designada para el ejercicio del derecho a defensa del mandatario, a través de un abogado de su elección o él mismo-, la Representación Nacional tendría que contabilizar, como mínimo, 87 votos a favor de la moción de vacancia. Un contexto, a priori, bastante improbable, dada la votación inicial para la admisión -solo 65 a favor- y el posterior curso de los hechos y anuncios entre los principales actores, que seguramente algún último acto nos tienen reservado de aquí hasta el llamado "Día D".

Entonces, ¿por qué tanto miedo de salir airosos de esta prueba en el Gobierno de Vizcarra?

Quizá por la gravedad y solemnidad del término: vacancia. Claramente, nos suena a vacío. Vacío de algo, algo sumamente importante para el presidente y su corte: el poder. El vacío de poder, nada menos. Aquí, en juego está el dominio del poder, y ¿cómo suele reaccionar un mortal común cuando posee un poder y se ve ad portas de perderlo por completo, cualesquiera sean los motivos? Se aferra a él, con uñas y dientes, si es posible. Sobre todo si se siente languidecer en su control del mismo, si autopercibe una profunda vulnerabilidad. En ese sentido, el actual presidente se siente débil ante las recientes y explosivas revelaciones multimedia en su contra, que lo dejan como un mitómano contumaz y un gran cínico ante la ciudadanía, además de sospechoso de la comisión de más de un delito, con el agravante de que desempeña el más alto y prestigiado cargo posible en el Estado peruano: el del señor presidente de la República.

Pero un presidente no es ni debiera ser un "mortal común". Un presidente personifica a la Nación. Un presidente no rehúye a las investigaciones, ni obstruye a la justicia, ni alienta a sus subordinados a que lo hagan con tal de librarlo a él de asumir cualquier responsabilidad, sea esta política, administrativa o penal. Un presidente, como dijo el propio Vizcarra, "no se corre". Sin embargo, al parecer, este presidente es consciente de la pérdida de legitimidad y mística a que ha sucumbido, pues como estrategia de respuesta al entendible accionar del Congreso ha optado por tentar el apoyo de un par de leguleyadas jurídicas por parte del Tribunal Constitucional, que son una demanda de acción competencial y una medida cautelar para la suspensión del proceso político ya en marcha. Asimismo, como segundo accionar de contraofensiva al Parlamento, el Ejecutivo ha emprendido una maliciosa campaña de demonización mediática contra el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, por haber timbrado telefónicamente, mediante su edecán, a dos de los generales de más alto rango de las FF.AA.: el líder de la Marina y el jefe del CC. de las FF.AA., lo que a entender del Gobierno constituiría "delito de sedición" y el "intento de un golpe de Estado".

Desmenucemos ambas partes de la contraofensiva del Ejecutivo. Constitucionalistas de renombre como Domingo García Belaúnde, Víctor García Toma, Enrique Ghersi, Natale Amprimo y Ángel Delgado -por no mencionar una docena de personas- han coincidido en una cosa, al pronunciarse sobre el tema: el proceso de vacancia es un mecanismo constitucional de carácter netamente político. Es decir, los criterios en juego para la determinación de su idoneidad van por cuerdas separadas (o no necesariamente por las mismas) de los criterios empleados para, por ejemplo, aperturar una investigación con posible desenlace sancionatorio en materia penal, lo cual corresponde exclusivamente al Ministerio Público y el Poder Judicial. En el caso específico de una moción de vacancial presidencial, nos encontramos ante un juicio político (o "impeachment", tal como el que afrontó a inicios de año el presidente estadounidense, Donald Trump, y por el cual estuvo a punto de ser destituido, siendo finalmente salvado por los votos en el Senado, tras perder la votación en la Cámara de Representantes). El presidente, con su abogado - o solo el presidente o su abogado-, comparece ante el Pleno del primer poder del Estado para dar sus descargos y escuchar los cuestionamientos que los congresistas crean convenientes hacerle, a la vez que ofrece explicaciones y respuestas sobre determinado tema o cuestión ante el escenario más solemne e importante del país, porque ahí coexiste la representación de los 33 millones de peruanos: el Congreso de la República. Entonces, la relevancia de que un presidente responda y se someta a dicho juicio político es de grado sumo, en la medida en que simboliza plantar cara y mostrar valor ante todos los ciudadanos, lo cual refleja la seguridad y convicción que tiene una autoridad de esa talla, además de su transparencia y probidad, incluso si llegara a admitir los errores y faltas más graves. De plano, su comparecencia hablaría bien de su talante democrático y respetuoso de la división e independencia de poderes en un Estado de derecho.

Por otro lado, intentar evitar a toda costa cumplir con dicha citación por parte del Congreso para responder por lo que se le cuestiona, lo deja muy mal parado ante la nación y lo constituye como un líder antidemocrático, caprichoso y autoritario, al no aceptar someterse a lo que indica la Constitución y el Reglamento del Congreso en el escenario que le toca afrontar; además de ponerlo en evidencia como un funcionario que no quiere rendir cuentas ni transparentar sus propias acciones y decisiones, siendo consciente de que le mintió descarada y sistemáticamente al país, y de que no le importaría seguir haciéndolo. En pocas palabras, Martín Vizcarra quedaría como un felón, cobarde y una persona que no es de fiar ante millones de compatriotas.

En cuanto al Tribunal Constitucional, ya de por sí deslegitimido porque seis de sus miembros tienen el mandato vencido desde hace más de un año, y porque cuatro de los mismos convalidaron, con sus votos y razones, el propio golpe de Estado de Vizcarra del 30 de septiembre del año pasado (la famosa "denegación fáctica" de confianza que disolvió el anterior Congreso en el marco de una evidente usurpación de funciones por parte del Ejecutivo contra el Legislativo en ese momento), en este nuevo escenario, y de acuerdo con los expertos en la materia constitucional antes citados, carecería de toda voluntad de decisión y juicio sobre la legitimidad del proceso de vacancia en curso, debido a jurisprudencia ya existente (el caso Fujimori), a un propio anterior pronunciamiento oficial del TC sobre el tema (sentencia de 2003), y al carácter netamente político de dicho mecanismo. Asimismo, la supuesta demanda competencial no podría proceder, dado que en este particular caso el Legislativo no se encuentra alterando o usurpando las competencias funcionales del Ejecutivo, al ser la moción de vacancia un procedimiento estrictamente delimitado para el Congreso y para ningún otro organismo del Estado. Mucho menos habría cabida para la admisión de ninguna medida cautelar para la suspensión del proceso, pues dicha iniciativa por parte del TC constituiría una flagrante y grave usurpación de funciones contra el Congreso de la República, para lo cual no existe otro ente autónomo capaz de su examen y evaluación. En ese sentido, los ciudadanos conscientes y plenos en dignidad nos veríamos obligados a denunciar el cese del equilibrio de poderes en el Perú y, por lo tanto, del Estado de derecho mismo.

Finalmente, corresponde abordar, medio en serio medio en broma, la teoría conspiranóica que nos repiten -y seguramente nos seguirán repitiendo a lo largo de la semana-, mañana, tarde y noche, desde Palacio y los medios de comunicación: la "sedición" de Merino de Lama y el "golpe de Estado" en ciernes. En primer lugar, como posibilidad, y como dije al inicio, la vacancia está casi totalmente descartada, por el número de votos insuficiente. Y en segundo lugar, como intención organizada y articulada en un plan, me parece descabellada y, me atrevería a decir, infundada. Es verdad que la decisión del presidente del Congreso de intentar contactar telefónicamente a los jefes de la Marina y del Comando Conjunto podría interpretarse como innecesaria y hasta torpe, errada. Estaba de más, ciertamente. Y, de hecho, estamos facultados a observársela y cuestionársela, en su justa medida. No obstante, Manuel Merino actuó de acuerdo a lo que manifestó públicamente: "Pido tranquilidad a la población y a las Fuerzas Armadas, se va a actuar en estricto cumplimiento de la Constitución y el Reglamento del Congreso", dijo, palabras más, palabras menos, cuando se rumoreaba ya la presentación de una Moción de Vacancia en el Congreso. ¿Qué fue lo que le dijo, entonces, al almirante de la Marina, que distaba de su declaración pública? Nada. Le manifestó exactamente lo mismo en su comunicación de escasos segundos por la vía directa. Como previniendo, quizá con cierta ingenuidad, justamente lo que ocurrió el sábado: el uso político e intimidatorio, por parte del Gobierno  de las FF.AA., al aparecer el presidente del Consejo de Ministros y tres de los ministros delante de los comandantes generales en su mensaje público a la nación. Si lo del presidente del Congreso fue inoportuno, lo del premier y compañía sin duda fue oportunista, matonesco y provocador. De pésimo gusto, y con cero talante democrático e institucional.

Ya el destacado penalista, Carlos Caro, ha adelantado que el intento de comunicación del presidente del Congreso con dos de los altos mandos militares -con uno sin éxito y con el otro, escasos segundos- no tipifica como delito de sedición ni siquiera alcanza para la apertura de investigación preliminar alguna. Ya algunos periodistas hablan de cuestiones como una reconsideración del voto de la admisión de la Moción de Vacancia (cosa legalmente imposible en este caso), o de una "moción de censura" contra el presidente del Congreso. También, de la misma medida, contra el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Edgar Alarcón, que fue quien reveló los ahora llamados "audios de la vergüenza" en el Pleno del pasado jueves 10 de septiembre, por supuestamente "estar deslegitimado para encabezar esta investigación", argumento usado por los defensores de Vizcarra con el objetivo de poner en la presidencia de dicha comisión a alguien un poco menos mordaz con el oficialismo, pues Alarcón tiene un pasado accidentado con el actual presidente por el caso Chinchero en su etapa como contralor, y, encima, es miembro de la bancada de Unión por el Perú, sin duda la más ferviente opositora al actual régimen de las nueve que coexisten en el Hemiciclo, cuyo líder además es el condenado Antauro Humala.

Lo cierto es que el Gobierno ha articulado de manera inteligente una campaña de contraofensiva jurídica y mediática -de la mano de jueces y medios afines- para salvar la posible destitución del presidente de la República y, lo más grave, evitar rendir cuentas ante el país entero por el contenido bochornoso e imperdonable de los audios propalados, no solo en el Congreso, sino tambien por el dominical periodístico Panorama el último domingo por la noche. Ante la figura de un mandatario moralmente desacreditado por un entorno personal sumido en intrigas, vendettas y mentiras; un Congreso arrinconado y asediado por la presión externa; una clase política bastante hipócrita y calculadora; una prensa servil alquilada en su conciencia; unas FF.AA. irresponsables y masoquistas (nuevamente eligen el bando de sus históricos persecutores e inquisidores); y una ciudadanía crédula, quebrada sanitaria y económicamente y casi que sin fuerzas ni convicción moral para exigir que no se la vuelva a agarrar de tonta, el potencial desenlace en este drama tragicómico parecerá ser similar al de toda la vida: aquí no va a pasar nada, porque a los que podrían hacer que algo pase finalmente no les terminará de dar la gana de que siquiera eso pase.

Y, al final, elijo preguntarme en voz alta, quizá con la misma fabulosidad de aquellos que advierten asustados un inminente golpe de Estado (lo cual es imposible sin el apoyo militar, pero aun así insisten en dicha figura, para despistar de los temas de fondo, que son aún más serios): Dada la foto compartida por el Ejecutivo que ya todos hemos visto a estas alturas, ¿acaso coquetea Martín Vizcarra con un autogolpe que le permita permanecer en el poder y, forzosamente, también a este Congreso, bajo la triquiñuela de que "no estarían dadas las condiciones para un proceso electoral transparente por culpa de los conspiradores de la Plaza Bolívar" -y no por él mismo-? Espero equivocarme de plano y, como le gusta decir al "Señor", de facto.