Además están en la mira los recursos naturales de la región: cobre, litio, tierras raras y agua con el dominio de la energía gasífera.
La reforma política para escapar de la trampa de la democracia de baja gobernabilidad parece una discusión bizantina cuando tenemos al enemigo en la puerta. En efecto, hay un plan para capturar el poder en el Perú, con elecciones o sin ellas. Viene del Foro de Sao Paulo, que prepara su vuelta al poder, de Caracas y de La Habana, e instrumenta a Evo Morales, presidente de Bolivia.
El plan consiste en hacerse del abastecimiento de la energía al Sur del Perú con un sistema de distribución de gas por vehículos desde Bolivia y una red doméstica de ductos en Desaguadero, que son el efecto de demostración para la posterior construcción de un gasoducto desde Bolivia –conectado a un gasoducto peruano, según el Gobierno– luego de ganar la buena pro de la licitación convocada por Proinversión que está por ser otorgada. La empresa estatal de gas de Bolivia es uno de los dos postores.
Al efecto, Evo Morales acaba de anunciar su próximo viaje a Moscú para conversar con Vladímir Putin sobre próximas inversiones en hidrocarburos en Bolivia por medio de la estatal rusa de gas Gazprom.
Los gobiernos del Perú y de Bolivia hicieron público en el reciente gabinete binacional los días 24 y 25 de junio en Moquegua, la tierra del presidente Vizcarra, su mutuo interés en abastecer de gas boliviano a todo el Sur.
Por su parte, dos empresas privadas, termoeléctricas generadoras de electricidad en el Sur –Engie y Kallpa– procedieron a firmar con la estatal de gas de Bolivia, y en presencia del propio Evo Morales, acuerdos para abastecer sus plantas. Engie construye junto con Gazprom en el norte de Europa el gasoducto denominado Nordstream 2.
Desde comienzos de año, el gobierno de Martín Vizcarra acordó con el de Evo Morales esta compra de gas boliviano y la construcción de un gasoducto desde La Paz hasta Ilo, supuestamente complementario del Gasoducto del Sur, de Odebrecht.
La operación parece un negocio inocuo y comercialmente ventajoso para abastecer de energía al Sur con gas barato. Pero es una operación geopolítica acordada con gobiernos regionales y aliados políticos locales con el propósito ulterior de hacerse del control de recursos naturales en la región: cobre, litio, tierras raras y agua por medio del control de la energía para su extracción.
El Gobierno peruano no es el cerebro detrás de esto, tampoco el de Bolivia. Son los aliados de Evo Morales desde el Foro de Sao Paulo, de Caracas y de La Habana.
La operación detonará en un solo día cuando, con un pretexto cualquiera, se interrumpa el abastecimiento de gas al Sur y la región quede sin energía. El levantamiento popular consiguiente es la forma en que está prevista la captura del poder.
Existe una vasta red al servicio de este designio. La propia lucha anticorrupción es instrumentada para el ruido mediático, que permite que la opinión pública no repare en el peligro.
La propia clase política está enfrascada en la confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, debatiendo la disolución del Congreso o la vacancia de la Presidencia. Pero el conflicto de poderes permanente no es, precisamente, sino el síntoma de la trampa de la democracia de baja gobernabilidad, que incuba el autoritarismo.
Es lo que el plan del antisistema ha previsto. Escapar de la trampa de la democracia de baja gobernabilidad supone corregir la falla en el equilibrio de poderes que debilita nuestra democracia. Pero resulta una discusión bizantina cuando tenemos al enemigo en la puerta. La salida comienza por identificar correctamente el problema. Las guerras se pierden por luchar contra el enemigo equivocado.
LAS GUERRAS DE LA ELECTRICIDAD
El problema nació cuando el Estado peruano decidió cambiar la base energética del país del petróleo al gas. Y cometió un error. Al lado de la Cordillera de los Andes, el Perú debió girar hacia la energía hidroeléctrica. Lo demostró Jorge Baca Campodónico –ingeniero eléctrico, doctor en Econometría y exministro de Economía– en su ‘Linterna de popa’ en EXPRESO: las hidroeléctricas podrían abastecer las necesidades de energía del Perú por los próximos 50 años.
Las 20 hidroeléctricas que se pensó construir en el Marañón en el 2011 habrían abastecido 60 mil megavatios, suficientes para medio siglo.
Santiago Antúnez de Mayolo exploró el Pongo de Manseriche en el Marañón buscando dónde construir una represa para crear una caída de agua. Encontró el lugar en Huancanque, aguas arriba de Borja, donde el río se estrecha entre paredes de roca. Antúnez de Mayolo dibujó en su mente la represa: tendría una caída de 60 metros que generaría 7,550 megavatios, lo suficiente para reemplazar casi todo lo que producen hoy las generadoras termoeléctricas.
A comienzos de la década, señala Baca, la producción de energía hidroeléctrica representaba más del 80 % del total. Hoy es el 50 %.
“La causa de esta sinrazón –añade– fue la moratoria de construcción de hidroeléctricas por diez años introducida para beneficiar el proyecto de gas de Camisea”. Es decir, el Estado necesitó crear una demanda que no existía para poder colocar el gas, y desplazó a la generación hidroeléctrica de la producción de electricidad.
El objetivo fue exportar gas y masificar el consumo. Mientras la infraestructura no estuviera en su sitio, sin embargo, había que crearle provisionalmente un mercado al gas en la generación de electricidad. Lo que se creó fue una competencia desleal para las hidroeléctricas.
Esto explica por qué el Estado permitió a las termoeléctricas a gas declarar costos que no eran reales: para que pudieran competir. Luego, lo provisional se volvió permanente. La construcción de la infraestructura del gas quedó paralizada en el pantano de la corrupción. El mercado de consumo que se iba a generar no alcanzó la magnitud necesaria. Chile encontró alternativas en la energía solar para sus minas. Y el autoengaño de los costos se volvió una trampa de la que el Estado no sabe ya cómo escapar.
EL ESTADO DESNUDO
La guerra de la electricidad ha sido causada por la interferencia del Estado en el mercado de la energía. Mil grandes empresas han visto su costo de energía reducirse a la mitad. Parece un escenario ideal, pero no es sostenible, porque están comprando energía por debajo del costo. El Estado interfirió el libre mercado y el primer perjudicado fue el propio Estado, que tiene cinco empresas de generación, todas ellas son hidroeléctricas.
Regresar a declarar los costos reales de las empresas termoeléctricas es hoy inevitable. Y lo saben las empresas. Solo piden que no sea de inmediato, porque han firmado contratos que deben cumplir.
Todo se origina en la fecha en que, como en una fábula, el Estado decidió cambiar la base energética del país del petróleo al gas. Pero este sería barato solo una vez masificado su consumo y exportado el saldo.
Provisionalmente, debe haber parecido una buena idea crearle un mercado provisional al gas mientras se construía la infraestructura de gasoductos y distribución masiva. El mercado provisional fue el de la generación de electricidad con gas.
Hasta la fecha el Estado está atrapado en esto, ataviado de una energía a precios irreales. Seguirá así hasta que se desnude la verdad y se diga en voz alta que esta es otra reedición de la vieja fábula del rey desnudo.
Ahora sabemos por qué el Estado peruano no debió pasar del petróleo al gas cuando tomó la decisión política de cambiar la base energética del país. El error original desembocó con los años en mercantilismo puro y duro cuando, en 2011, una segunda decisión política estableció una moratoria a la inversión en 20 hidroeléctricas del Marañón que habría provisto al Perú de 60 mil megavatios de electricidad, energía renovable no contaminante suficiente para medio siglo.
A esa decisión política debemos hoy que las generadoras termoeléctricas se hayan adueñado de la mitad del mercado. A eso se debe la guerra actual entre las termoeléctricas y las hidroeléctricas que denuncian la mentira legalizada en la declaración de costos de las segundas. Ni siquiera es su culpa. Esas empresas han sido llevadas a la trampa en que se encuentra por la decisión política mercantilista que tomó el Estado.
Kallpa y Engie
Los acuerdos firmados por el Perú con Bolivia establecen la intención de proveer gas a las termoeléctricas de Kallpa Generación S.A. y Engie Energía Perú, las cuales tienen plantas de generación dual, con una capacidad de 1,200 megavatios (MW) que operan con diésel y que pueden funcionar con gas natural del país altiplánico.
Recursos estratégicos en riesgo
Hoy nos vemos, además, ante el peligro de entregarle la energía del Sur a la empresa estatal de gas de Bolivia, poniendo en manos de Evo Morales y sus aliados los recursos estratégicos del Perú para el siglo XXI: el cobre, el litio, las tierras raras, el agua y la energía necesarias para extraerlos.
Hoy estamos a un paso de que el Perú caiga en la trampa de entregar a la estatal de gas boliviana la buena pro de la licitación del proyecto Siete Regiones, la llave de la energía del Sur. Y ese abastecimiento puede interrumpirse a voluntad.
La historia reciente de Europa del Este muestra que el abastecimiento de energía por gas es el arma estratégica para doblegar la voluntad política de los Estados.
En nuestro caso, como sabemos, el plan del radicalismo antisistema es capturar el poder en el Perú. Y estamos poniéndole el arma en las manos.
Quemar el gas es contaminante
El Perú debió pasar a la generación de energía hidroeléctrica y destinar el gas –un hidrocarburo estratégico no renovable que hoy quemamos para generar calor como si fuera carbón– a una nueva industria petroquímica. Quemar el gas para generar electricidad es un pobre uso de un recurso escaso. Generar calor es la más ineficiente de las formas de emplear la energía. Y, además, quemar el gas es contaminante.
En el futuro, el Perú necesitará cantidades exponencialmente mayores de electricidad. No provendrán del gas. Tendremos que cambiar nuevamente de base energética, de la del gas a la de la hidroelectricidad.
(Fuente www.expreso.com.pe)