Otros consejeros con la soga al cuello, que serían severamente sancionados, mientras empieza el debate sobre el futuro incierto de la reforma judicial.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acordó la reorganización total de esta institución, con énfasis en las comisiones de nombramiento, ratificación y procedimientos disciplinarios a los magistrados, y anunció la suspensión indefinida del juez supremo César Hinostroza.
A través de un comunicado, señaló que la medida fue adoptada en una reunión del plenario con los consejeros desarrollada ayer a las 8:30 horas, en la cual se determinó la revisión integral de los reglamentos del CNM, incluyendo aquellos de naturaleza orgánica.
Asimismo, se dispuso una medida cautelar de suspensión indefinida en el ejercicio de sus funciones, sin goce de haber, del juez supremo César Hinostroza Pariachi en el marco del proceso disciplinario que tiene abierto en esta institución.
Ello hasta que culmine la investigación sobre la difusión de varios audios que lo comprometen en presuntos delitos en tráfico de influencias y cohecho en una red de magistrados, empresarios y políticos.
La investigación preliminar debe concluir la próxima semana y entonces se determinará –de acuerdo a la normativa vigente– si se le inicia de inmediato un procedimiento disciplinario que, lo más probable, acabará en su destitución.
El caso es grave porque en los audios Hinostroza al parecer ofrece la absolución para el violador de una niña de 11 años, negocia con otros jueces para ascender a personas de su entorno y es considerado el responsable del cambio de los parámetros para la tipificación de la figura del lavado activos para los casos anticorrupción.
Al mismo tiempo, el CNM ha iniciado un proceso de vacancia al consejero Iván Noguera Ramos y en paralelo lo suspendió en el ejercicio de sus funciones, sin goce de haber.
Inicialmente se le abrió a Noguera un proceso de remoción del cargo que se derivó al Congreso, pero nueva información lo compromete presuntamente en actos contrarios a su función, como el comunicarse con el mismo Hinostroza, quien le informa que su recomendado ya estaba colocado en un puesto en una sala suprema. Y por eso se le inició un proceso de vacancia que también debe ser resuelto la próxima semana.
Asimismo, en los próximos días, probablemente el jueves o viernes, también se resolverá la situación del consejero del CNM Julio Gutiérrez Pebe, que está sujeto a un proceso de vacancia por las graves imputaciones que existen contra él luego de la difusión de los audios.
Gutiérrez tiene otra investigación abierta en la Fiscalía de la Nación, por el nombramiento irregular de los fiscales provinciales Juan Canahualpa Ugaz y César Ccallomami Ccallomamani, por lo que se ha solicitado y obtenido su impedimento de salida del país.
Otro de los acuerdos tomados por el plenario del CNM fue la aceptación de la renuncia irrevocable del consejero Guido Aguila, quien el sábado pasado anunció que se retiraría de este organismo, luego de que se divulgaran unos audios donde aparece aceptando un pedido para apoyar a un candidato a fiscal.
Al igual que Noguera Ramos, Aguila Grados enfrenta una acusación constitucional en el Congreso.
Los cuatro integrantes del CNM que ejercen sus cargos –Orlando Velásquez Benites (presidente), Baltazar Morales Parraguez, Maritza Aragón Hermoza y Heber Marcelo Cubas– continúan conduciendo la institución y acordaron que el próximo 24 de julio es la fecha límite para presentar y votar el informe final del proceso disciplinario abierto al jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, por las irregularidades verificadas en la inscripción del partido político Podemos.
HOJA DE RUTA
La crisis del sistema de justicia hace necesario –según analistas veteranos– que los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, se sienten y tracen una hoja de ruta para la reforma del sistema en el marco de la Constitución y las leyes vigentes.
Como lo ha señalado Ántero Flores-Aráoz, no se trata de expectorar de inmediato a los implicados, o que la suspensión de funciones no sirve y que todos los involucrados deben ser detenidos y encarcelados de inmediato.
“Las cosas se hacen correctamente, con el respeto al debido proceso y al derecho de defensa, si no queremos tenerlos de vuelta por orden de la justicia constitucional o convencional del sistema interamericano”, señaló el expresidente del Congreso.
Como es público, esa praxis impulsiva ya sucedió en la intervención de Fujimori al Poder Judicial de 1992 y los separados de ese año, en su mayoría corruptos comprobados, como lo ha señalado Fernán Altuve, se fueron en queja ante la Corte Interamericana siendo repuestos porque se presentaron como “víctimas de la dictadura” y retornaron a la Judicatura con jugosas indemnizaciones.
DOS EXPERIENCIAS
En ese orden de ideas, que desarrollan otros abogados litigantes, no hay mayor espacio legal para comisiones de “iluminados” si carecen de legitimidad y representatividad y, lo que es más delicado, si solo conocen el Derecho desde el escritorio y no saben las penurias que pasan los usuarios del sistema de justicia desde una comisaría, los ancianos con sus pensiones impagas, los desahucios, los procesos de derechos humanos como los de El Frontón que ya lleva 31 años, etc.
La comisión presidida por Allan Wagner no es entonces una experiencia inédita. En 1996, en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, y con su hermano Santiago Fujimori a la cabeza de un intento de reforma, se creó el “Jurado de Honor de la Magistratura” (JHM) que era presidido por Manuel de la Puente y Lavalle y otros profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El único integrante que no era de la PUCP fue Luis Bramont Arias.
El citado Jurado nombró a centenares de jueces y fiscales de todos los niveles, incluidos supremos, y este sería el primer antecedente de magistrados nombrados a dedo del actual sistema de justicia porque el segundo, y más próximo, es la intervención de Diego García Sayán y las ONG de su entorno cuando fue ministro del gobierno transitorio de Valentín Paniagua y luego de Alejandro Toledo.
Para los estudiosos hay unanimidad que esas dos experiencias son los precedentes inmediatos de la estructura y funcionamiento del actual Poder Judicial que preside el Dr. Duberlí Rodríguez y que, ante la nueva comisión de reforma del sistema de justicia, o comisión Wagner, juristas de fuste como el mismo Flores-Aráoz y Francisco Tudela lo han condenado al fracaso por razones que no vienen al caso detallar.
SANCIONES SEVERAS
En el mundo académico, si bien se pone énfasis en que el escándalo supone otro golpe a la credibilidad de las instituciones públicas; sin embargo, el destape y la reforma en ciernes –que no deja de lado otros poderes del Estado, como el Congreso al parecer desinteresado-, podría ser bien visto por las entidades internacionales que miden nuestra fortaleza institucional, esto a condición de que los que están en delito sean sancionados severamente.
No hay otra salida, entonces, que echar mano a una relación fluida y de vasos comunicantes entre el Ejecutivo, vía la comisión Wagner, el Poder Judicial y el Congreso. Cualquier otra improvisación legal puede asumir responsabilidades jurídico- constitucionales a futuro, señalan los entendidos.
2004
En octubre de 2003 tuvo lugar la creación de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) y con fecha 24 de abril de 2004, dicha comisión, presidida por el magistrado Hugo Sivina, entregó un informe de primer nivel al Ejecutivo (con participación de todas las entidades del sistema de justicia) que habría que retomar.
Estrategia conjunta
El Equipo Fiscal de Refuerzo que investiga el caso de los audios en que están implicados magistrados del Poder Judicial y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) diseñará una estrategia de investigación conjunta para que no haya contradicciones y de esa forma asegurar el éxito, informó el fiscal superior Frank Almanza.
“No renunciaré”
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, descartó que vaya a renunciar debido al escándalo por los audios que revelan una presunta trama de corrupción en la que varios consejeros estarían involucrados.
La reorganización total del CNM, indicó, pondrá especial énfasis en la emergencia que existe en las comisiones de selección y nombramiento, evaluación y ratificación, y de procesos disciplinarios.
“En lugar de renunciar vamos a responder con fuerza, pues no vamos a abandonar algo para que todo quede impune (…), si hay decisiones del Ejecutivo o del Congreso en torno a cualquier otra medida, ahí estaremos para lo que nos corresponda”, declaró a Andina.
(Fuente www.expreso.com.pe)