El Perú es un país con talento, profesionales que tienen ideas y ciudadanos que buscan aportar soluciones a los problemas que vivimos. Sin embargo, pareciera que, cuando esas propuestas llegan a las entidades del Estado, pierden fuerza o simplemente quedan en el olvido, no hay eco. ¿De qué sirve recibir buenos proyectos si no existe la voluntad de evaluarlos, impulsarlos y llevarlos a la práctica? O pensando maquiavélicamente, apropiándose entre las sombras de las ideas ajenas, de fragmentos que convienen a sus intereses.
Las entidades públicas han crecido de manera descomunal al igual que los personajes del congreso. Hay más áreas y oficinas estructuras cada vez más grandes, sin resultados a favor del País. Pero ¿ese crecimiento se refleja realmente en mejores servicios para la población? Las brechas económicas y sociales siguen ahí, creciendo al igual que muchas deficiencias que arrastramos desde hace años, por no decir décadas. Entonces, cabe preguntarse si el problema está en la falta de recursos o en la manera en que estos se administran.
Veamos lo que ocurre con la violencia física y sexual en el entorno escolar. Los casos que involucran a docentes y alumnos, incluso solo entre alumnos vuelven a generar indignación en el país, incluso cuando ocurren en colegios de renombre. La redes y medios de comunicación se llenan de críticas, declaraciones y polémica, pero las soluciones no parecen responder a la dimensión del problema, menos si la solución la ven con un corte de cabello.
¿De verdad estamos atendiendo las causas o solamente reaccionamos cuando un caso se vuelve noticia? ¿Qué estamos haciendo para prevenir la violencia, detectar las señales de alerta y garantizar atención psicológica a los escolares? Porque pretender solucionar un problema de esta magnitud con medidas que no atacan sus causas es, sencillamente, alejarse de la realidad.
A veces parece que quienes toman las decisiones viven una vida paralela. Funcionarios que no conocen de cerca las dificultades de las zonas vulnerables, o que simplemente le dan la espalda, funcionarios que no pisan los cerros ni ven las carencias que enfrentamos miles de familias, funcionarios de saco y corbata como lo he dicho en mis entrevistas desde el 2018, que desde sus oficinas pretenden resolver problemas. Se dictan normas y se anuncian medidas alocadamente, mientras las necesidades siguen esperando.
En 2019, la Contraloría General de la República reportó importantes carencias de soporte psicológico en los colegios públicos. Si esta problemática ya estaba identificada, ¿qué se ha hecho para corregirla? ¿Qué acciones concretas ha impulsado el Ministerio de Educación? ¿Y qué resultados puede mostrar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en materia de prevención de la violencia? No basta con tener áreas especializadas y equipos de trabajadores; hay que demostrar qué se está haciendo y qué resultados se están obteniendo.
En mi caso, desde 2019 presenté ante el Ministerio de la Mujer y de Educación un proyecto orientado a erradicar la violencia desde la edad escolar. Y aquí surge una pregunta que merece una respuesta: ¿qué pasó con esa propuesta? ¿Se evaluó, se impulsó o quedó relegada como tantas otras iniciativas que llegan a las instituciones públicas?
Este es precisamente uno de los problemas que debemos poner sobre la mesa. En el Estado hay personas que presentan ideas y proyectos que podrían contribuir a resolver problemas reales, pero no siempre encuentran instituciones dispuestas a darles continuidad. No se trata de aceptar cualquier propuesta sin evaluarla obviamente; se trata de determinar su viabilidad, si ofrece una solución útil, tener la capacidad de ejecutarla sobre todo y de aceptar que muchas veces somos los ciudadanos de a pie quienes tenemos la solución.
Luisa Loyola J.
