Por Silvana Pareja Magallanes
En política, no toda confrontación es una demostración de poder. A veces, la incapacidad de controlar el enfrentamiento revela, precisamente, la ausencia de una estrategia. La reciente sesión del Congreso peruano sobre la delegación de facultades al Ejecutivo plantea una cuestión que trasciende las diferencias ideológicas: ¿cuándo la confrontación deja de ser una herramienta de negociación y se convierte en un fin en sí mismo?
La diferencia entre Cecilia Chacón y Ernesto Zunini durante el debate permite reflexionar sobre dos maneras de ejercer la oposición. Mientras las intervenciones de Chacón fueron cuestionadas por su estridencia, Zunini proyectó aplomo y disciplina al sostener una posición contraria al Ejecutivo. No se trata de exigir moderación permanente, sino de distinguir entre la intensidad de una postura y la eficacia con la que se defiende.
Un político puede confrontar para presionar, cohesionar a su bancada, marcar límites o mejorar su posición negociadora. El conflicto es inherente al ejercicio del poder. Sin embargo, toda confrontación estratégicamente racional necesita un objetivo. Cuando este desaparece, el adversario deja de ser alguien con quien se disputa una decisión y se convierte en alguien a quien es necesario derrotar en cada intervención.
Graham Allison aborda una dinámica semejante en Destined for War, mediante la conocida trampa de Tucídides. La desconfianza entre actores puede desencadenar una escalada en la que cada movimiento se interpreta como una amenaza y cada respuesta alimenta nuevas hostilidades. El peligro aparece cuando los protagonistas reaccionan más a las intenciones que atribuyen al adversario que a los hechos concretos.
En el Parlamento, esta lógica resulta especialmente perjudicial. La deliberación no existe para eliminar el desacuerdo, sino para transformarlo en decisiones. Si las interrupciones y los reproches desplazan a los argumentos, la confrontación deja de producir ventajas políticas y comienza a deteriorar la capacidad de negociación de la institución.
Tras trece horas de sesión, el Congreso aprobó veinte medidas relacionadas principalmente con la seguridad ciudadana y las contingencias vinculadas al fenómeno de El Niño. La propuesta obtuvo 66 votos a favor, 35 en contra y 24 abstenciones, y pasó al Senado. Sin embargo, el resultado numérico no agota el análisis: también importa cómo se construyen los acuerdos y qué costos institucionales deja el proceso.
En The Myth of the Rational Voter, Bryan Caplan cuestiona la presunción de que las decisiones democráticas sean necesariamente racionales. Los representantes, como cualquier actor político, están sujetos a emociones, prejuicios e incentivos particulares. De ahí la importancia de las instituciones, las reglas y la disciplina argumentativa para contener esos impulsos.
La firmeza no está reñida con la inteligencia estratégica. Negociar tampoco significa renunciar a los principios. Quien comprende sus objetivos sabe qué batallas librar, qué concesiones aceptar y qué enfrentamientos evitar.
El Congreso peruano no necesita menos confrontación, sino una confrontación más inteligente. Porque la política es conflicto, pero también es método. Cuando imponerse importa más que resolver, el poder deja de ser estrategia y se convierte en reacción.
Y cuando la reacción sustituye al propósito, comienza el verdadero deterioro de la política.