Territorio, poder y soberanía

Santiago Felix Morán – Director General

Renovación Popular (RP) encabeza las elecciones de Lima por menos de 45 mil votos. Aún hay alrededor de 1900 actas observadas o impugnadas, por lo que no corresponde adelantarnos a una proclamación, pero el proyecto encabezado por López Aliaga (RLA) tiene el 27.7% de los votos válidos frente al 26.8% de Avanza País. Todo apunta a que la diferencia ya no se acortará ni revertirá. Es necesario, entonces, prever cómo funcionará el poder que RLA está a punto de recuperar cuando coincide con un problema capaz de poner a prueba su administración desde el primer día.

Esta semana se determinó que la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes podría registrar aproximadamente 800 metros de anegamiento continuo y hasta 1,5 metros de profundidad, comprometiendo puntos críticos del Metropolitano. “El Zanjón” es una de las principales arterias de Lima. Cabe recordar que en 2022 RLA tuvo como lema “Lima Potencia Mundial”. Si las proyecciones se cumplen, lo más cerca que estaremos a ciudades potencias como Ámsterdam y Venecia será tener un canal atravesando Lima. Pero la broma se acaba rápido pues semejante inundación haría que la nueva administración comience en una coyuntura varias órdenes de magnitud más apremiante que aquella con la que comenzó el gobierno de Keiko Fujimori.

RLA perdió la Presidencia en 2021, ganó la alcaldía de Lima al año siguiente, renunció para volver a buscar Palacio, perdió pero fue electo senador, decidió no asumir y ahora vuelve como primer regidor encubriendo una reelección, de darle el visto bueno el JNE. Habiendo visto a grandes rasgos cómo podría comenzar su gestión, su continuidad deja de ser divertimento o trivialidad. Una ciudad enfrentando una emergencia necesita conducción estable.

Viendo el mapa post-electoral, es necesario ver cuál ha sido la Lima que ha apoyado a RLA. En 2022 podía leerse como un fenómeno asociado a sectores céntricos y tradicionales; ahora RP aparece primero en cinco de los ocho distritos de Lima Norte y tres importantes de Lima Sur. Parece que ganó 16 de los 43 distritos y que su coalición electoral se ha transformado. Parte del cambio podría responder al discurso de campaña de apoyo a ollas, comedores y organizaciones asistenciales. Sin embargo, Abilia Ramos Alcántara, presidenta de la Red de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, a quien RLA calificó de “mentirosa, ladrona y asesina”, reafirmó sus denuncias sobre entrega de alimentos en condiciones inaceptables y sostuvo que otras madres no denunciaban porque “las condicionan a que no le entreguen otras cosas”. Se suma el desabastecimiento del Vaso de Leche. Esto nos lleva a preguntarnos si el cambio de la coalición electoral responde al cambio del discurso o a su capacidad de apalancamiento coercitivo con estas redes de asistencia municipal.

Fuerza Popular tiene la Presidencia, pero las regionales y municipales muestran que carece de una estructura territorial equivalente a su poder nacional, con 3 alcaldías provinciales, 31 distritales y ninguna gobernación regional en primera vuelta. Lambayeque queda como su última posibilidad regional. Esto será preocupante cuando el Gobierno tenga que coordinar con gobiernos locales para asistir a los peruanos en los próximos meses. Distinta es la lectura que corresponde hacer sobre el APRA. El partido obtuvo resultados similares, con 2 provinciales y alrededor de 10 distritales sujetos a proclamación, pero aquí el análisis es de persistencia. Pese a resistencias internas de participar en estos comicios, distintos cuadros decidieron competir, como Julio César Morán Otiniano, quien enfrentó ese escenario adverso con una campaña bien trabajada. RP modifica su coalición, FP gobierna sin una red territorial comparable y el APRA conserva bolsones de organización que contradicen la idea de su desaparición electoral.

Pero no en todo el país se disputó solo con votos. El Ministerio Público registró 36 amenazas, 10 presuntos atentados y 2 homicidios vinculados al proceso. Susy Aponte Polo, “China Polo”, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, había denunciado amenazas antes de ser asesinada mientras transmitía en vivo durante su campaña. Enoc Buitrón fue asesinado durante un enfrentamiento entre simpatizantes. En Sorochuco se produjo un incendio con un posible molotov, en Jacas Chico y Cauri se destruyó material electoral, en Parinari la destrucción de ánforas obligó a anular la elección distrital y en Cauri incluso hubo personal retenido. En el Perú ya hemos visto episodios similares; la diferencia es que algunos aparecen ahora presuntamente vinculados a la minería ilegal, actividad que involucraría a cerca de un millón de personas. Ya hace largo rato es tarde para darle fin al régimen transitorio del REINFO.

Como el Gobierno anunció el 29 de julio, poco más de un mes después llegó al Congreso solicitando facultades sobre 66 puntos agrupados en 8 campos por 180 días, aunque Fujimori había indicado como urgencias seguridad y FEN. Ya explicamos cómo esa amplitud podía significar un mal uso del capital político. Tras pasar por la Comisión de Constitución, el pedido quedó reducido a 90 días y 20 materias. El Pleno primero rechazó el texto, luego alternativas de FP y JxP y, tras reconsiderarlo, terminó aprobándolo 66-34-24. El desorden alcanzó a las propias bancadas, con Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Ahora Nación votando divididos, RP cerrando filas a favor y Buen Gobierno concentrando sus votos en abstenciones. El Ejecutivo pidió demasiado y perdió semanas negociándolo, pero el Congreso tampoco mostró orden ni celeridad. Falta aún el Senado.

En Brasil, Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% frente al 45% de Lula da Silva, quien llegó segundo siendo presidente en funciones. Flávio es la continuación política y genética de Jair Bolsonaro, expresidente condenado por conspirar para impedir la transferencia democrática del poder después de perder las elecciones de 2022. En aquella ocasión, sus partidarios asaltaron el Congreso, el Supremo y el Palacio de Planalto el 8 de enero de 2023. Cuatro años después, su hijo disputa la Presidencia.

En España, Maricarmen, de 87 años y con una discapacidad, fue desalojada el 23 de septiembre después de vivir 71 años en el mismo departamento madrileño, luego de que una inmobiliaria pretendiera multiplicar aproximadamente por cinco su alquiler. Fue retirada de su vivienda en camilla y su caso alimentó una protesta en Puerta del Sol contra una crisis de vivienda ya profunda. El Gobierno de Pedro Sánchez presentó luego dos decretos con protecciones para inquilinos y restricciones al mercado del alquiler. Sorprendió que Junts se sumara a PP, Vox y UPN y las medidas cayeron. Discrepar con su diseño es bien recibido en democracia; derribarlas sin ofrecer una respuesta alternativa es más difícil de defender. A la postre, Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 29 de noviembre, intentando convertir la derrota parlamentaria en un referéndum sobre vivienda. Sin embargo, gobierna desde 2018 y una democracia necesita alternancia incluso cuando un dirigente permanece dentro de las reglas. Que no sorprendan luego las comparativas con Nayib Bukele. La legalidad de permanecer no elimina el valor democrático de saber marcharse.

En Francia, Macron ha denunciado un aumento de las acciones hostiles rusas en Europa y el 6 de octubre Francia realizó el primer ensayo del M51.3, nueva versión de su misil balístico estratégico lanzado desde submarinos. La demostración ocurre mientras Marine Le Pen y Rassemblement National encabezan sondeos hacia 2027. Cabe la duda de si semejante demostración de capacidad militar puede producir un “rally around the flag” devolviendo centralidad a Macron frente a amenazas exógenas.

Acercándonos nuevamente al Perú, ya comentábamos nuestra inclusión en el Escudo de las Américas. El acuerdo tiene tres pilares, económico, seguridad y coordinación multilateral. Esto último parece un eufemismo para no mencionar el componente político. Dentro del primero aparecen control de inversiones, minerales críticos y proveedores de confianza. Estas precisiones importan porque Carlos Espá y el Gobierno lo presentan como un asunto “básicamente” de seguridad y descartan una lectura relacionada con la competencia entre China y EE. UU. Sin embargo, el juez Juan Carlos Núñez Matos falló a favor de Cosco Shipping en la controversia sobre la potestad regulatoria de Ositrán en Chancay y Estados Unidos revocó la visa del juez y su familia, vinculando la medida con ese fallo. EE. UU. tiene soberanía para decidir a quién concede una visa, pero si utiliza esa prerrogativa para sancionar a un juez peruano por una decisión adoptada dentro del Perú, produce efectos sobre el ejercicio soberano de otro Estado. ¿Dónde termina la cooperación legítima y dónde comienza la capacidad de una potencia para disciplinar decisiones soberanas?

Hemos mencionado anteriormente que el Perú no debe escoger entre Washington y Beijing como si buscara un patrón, sino aprovechar cooperación, tecnología, mercados e inversión donde sirvan a intereses peruanos y conservar capacidad de rechazar aquello que no. Esta crítica no es antiestadounidense sino contra una posible lógica de subordinación imperialista. Es menester de Espá asegurar que la gestión de Trump no siga viendo a Indoamérica como su patio trasero. La soberanía no empieza a defenderse cuando llega la afrenta grande, sino cuando aparecen los precedentes pequeños. Ardua labor para un canciller que en plenas ERM dijo ser “blanquiazul” y estar “más cerca al celeste que a otro color”, por lo que el JEE ya le abrió una investigación por posible vulneración de la neutralidad electoral.

Es en distintos territorios donde se disputa el poder, pero la soberanía pertenece finalmente al ciudadano. De él nace la autoridad y para él deben trabajar quienes la ejercen. Por eso corresponde exigir que nuestros funcionarios sirvan al público, que nuestras autoridades gobiernen en función de nuestros intereses y que ninguna potencia extranjera pretenda decidirlos por nosotros. El soberano no existe para servir al poder; el poder existe para servir al soberano.