La situación se complica, en especial la de las universidades públicas que sin haber interpuesto una acción de amparo son afectadas por esta sentencia que alude al órgano supremo de dirección del sistema universitario, el colectivo Asamblea Nacional de Rectores, reemplazada ahora por la flamante Superintendencia Nacional de Universidades creada por la nueva Ley.

¿Siguen o no en sus cargos los rectores que elegidos con la antigua Ley integran la ANR revivida? ¿Deben recibir las órdenes del Ministerio de Educación a través de la nueva Superintendencia, considerada por el juez abiertamente violatoria de la autonomía universitaria? ¿O deben defender este principio hasta las últimas consecuencias y obtener cada una su declaración judicial de inaplicabilidad como lo ha hecho la Universidad de Ica?

Donde existe la misma razón existe el mismo derecho. La impecable y bien fundamentada sentencia del juez de Ica considera la Ley N° 30220 violatoria de la autonomía universitaria y discriminatoria en varios artículos. Uno de ellos el que fija el límite de 70 años de edad para la docencia en la universidad pública. Pasada esta edad solo podrán ejercerla como docentes extraordinarios sin cargo administrativo. Los congresistas dejaron atrás el régimen anterior sin límite de edad y las ejecutorias del Tribunal Constitucional que consideran las características especiales de la docencia universitaria. Así se estaría privando al sistema público de la experiencia y la preparación acumulada de docentes calificados que cuentan con la capacidad física y mental para ejercer la cátedra o dirigir la universidad. Un absurdo de severas consecuencias para la educación del país.