Sobre nuestra defectuosa democracia constitucional

Cuando comentemos sobre la crisis crónica que sufre la política de nuestro país, no debemos olvidar que los orígenes de la democracia y del constitucionalismo fueron diferentes, transitando caminos diferenciados, coincidiendo luego en una larga y compleja evolución histórica, donde el mundo anglosajón obtuvo una gran ventaja sobre el absolutismo de Europa continental. Es sabido que, en democracia, la mayoría manda, decidiendo incluso, la condena a muerte de Sócrates. Se aceptan los controles de naturaleza política, como la duplicidad de cónsules o el veto de tribunos de la plebe, o la censura ministerial; lo que Montesquieu resumiría en la frase: “que el poder frene al poder”. En la otra orilla, el constitucionalismo consiste en propiciar que el Derecho, en tanto principios y valores, frene al poder. Es así cómo se acepta popularmente, como primer antecedente, a la Carta Magna de 1215 por ser el primer documento escrito donde un rey se compromete a respetar la libertad individual y la propiedad de los barones, limitando así la voluntad del poder político con reglas prestablecidas.

Tanto en Inglaterra del siglo XVII como en EEUU del siglo XVIII evoluciona la política de modo tal que terminan confluyendo democracia y constitucionalismo, produciendo lo que hoy en día denominamos democracia constitucional, en donde la voluntad popular se expresa a través de la representación política dentro de un determinado marco constitucional. Este concepto supone un conjunto de elementos diferentes, que provienen ya sea de la democracia, o del constitucionalismo. Así, podemos afirmar que la crisis política del Perú no se debe, en principio, a una falla estructural de su Carta constitucional sino de los graves defectos de su democracia como, por ejemplo, la falta de verdaderos partidos políticos que realmente representen las tendencias e intereses de los grupos sociales, que canalicen y expresen la opinión pública, y que formen entre sus militantes a los futuros gestores del estado.

Si la democracia no funciona con un mínimo de calidad, los principios y reglas constitucionales que componen el régimen peruano son puestos a prueba, a veces llevados hasta el extremo, otras veces desnaturalizando su esencia, pero sin que tengan la responsabilidad directa por la crisis. Es más, puede afirmarse que la Constitución ha superado con éxito el durísimo examen al que ha sido cometida desde 2016, ofreciendo siempre una solución a cada uno de los retos que le imponía la oscura realidad política. Siendo que deben modificarse algunas de sus reglas, ha quedado en evidencia que lo que debe sufrir cambios sustanciales es nuestra democracia; por ejemplo, desechando el sistema electoral proporcional que produce un extremo multipartidismo y con él, escasa gobernabilidad, hasta la remoción de las perniciosas “incompatibilidades” que no permiten que los mejores profesionales, de izquierda y de derecha, puedan mantener sus carreras y, al mismo tiempo, aportar al país desde su participación en las Cámaras, como lo hicieron Enrique Bernales, director fundador de la Comisión Andina de Juristas, Felipe Osterling, socio principal de su estudio jurídico; Breña Pantoja, dirigente de la CGTP; o Marco Antonio Garrido Malo, empresario en la industria farmacológica.