El silencio después del impacto

Autor Silvana Pareja

La muerte de Lizeth Marzano no solo duele: indigna. Indigna porque no fue un accidente inevitable. Indigna porque no terminó en el instante del impacto, sino que se prolongó en la huida, el abandono y el silencio. Indigna, sobre todo, porque vuelve a recordarnos una verdad que como país preferimos esquivar: en el Perú, la justicia no siempre reacciona con la misma firmeza cuando quien está involucrado cuenta con apellido, entorno o contactos que lo protegen.

No estamos frente a un hecho aislado ni a un simple atropello. Estamos ante una cadena de decisiones. La primera, conducir sin el cuidado que la vida ajena exige. La segunda, huir. Porque cuando una persona es atropellada y dejada a su suerte, no solo se vulnera una norma legal: se quiebra un principio elemental de humanidad. Mientras una familia enfrentaba el dolor más devastador, el país volvía a presenciar una respuesta institucional lenta, incomprensible cuando lo que está en juego es una vida humana.

La indignación que hoy sentimos no nace del odio ni del deseo de venganza. Nace del dolor. Del miedo. De la certeza de que cualquiera pudo ser Lizeth. De saber que bastan segundos de irresponsabilidad y minutos de cobardía para arrebatar una vida y marcar para siempre a una familia. Y duele aún más cuando la justicia parece avanzar con cautela allí donde debería actuar con urgencia.

El atropello y la fuga no son errores fortuitos: son elecciones morales. Elegir salvarse antes que auxiliar. Elegir el silencio antes que la responsabilidad. Elegir protegerse antes que reconocer el daño causado. Estas decisiones no ocurren en el vacío; se aprenden, se toleran y, con el tiempo, se normalizan. Cuando como sociedad dejamos de cuestionarlas, nos convertimos en cómplices pasivos de esa normalización.

La detención del responsable, ocurrida días después, llegó tarde. Y eso también duele. Porque ninguna detención devuelve una vida ni repara la angustia de quienes esperaron respuestas. Sin embargo, deja una lección incómoda: la justicia no avanzó sola, avanzó empujada por el clamor ciudadano, por la presión de quienes se negaron a aceptar que el tiempo se convirtiera en refugio para quien huyó.

Este caso no solo interpela al sistema de justicia; interpela a la sociedad que estamos construyendo. Nos obliga a preguntarnos qué valores se están transmitiendo cuando el privilegio parece ofrecer inmunidad y la responsabilidad se vuelve negociable. Qué tipo de ciudadanos estamos formando cuando no se enseña que la vida ajena es un límite inviolable, que el error se enfrenta y no se evade, que el dolor del otro importa.

La crianza no es un tema secundario. Formar personas con empatía, con sentido de responsabilidad y con respeto por la vida no es una consigna ideológica: es una urgencia social. El privilegio no puede seguir funcionando como coartada moral. Nadie debería sentirse autorizado a abandonar a otro ser humano en el asfalto y confiar en que todo se diluya con el paso del tiempo.

Decir que todas somos Lizeth Marzano es reconocer que cualquiera pudo ocupar su lugar. Es aceptar una verdad incómoda: cuando la impunidad se normaliza, no solo falla el Estado, fallamos como sociedad. Y un país que tolera eso no solo pierde vidas; pierde algo igual de grave: su dignidad.