Gobernar sin margen para equivocarse

Por: Silvana Pareja

Las elecciones terminaron, pero la etapa verdaderamente decisiva recién comienza. La campaña permitió confrontar propuestas, medir fuerzas políticas y obtener un respaldo ciudadano, pero gobernar exige habilidades muy distintas a las necesarias para ganar una elección. A partir de ahora, el éxito de la nueva administración dependerá menos de los discursos y mucho más de la capacidad para ejecutar políticas públicas eficaces.

Keiko Fujimori asume la Presidencia en un contexto excepcionalmente complejo. No recibe un país en crisis económica, pero sí un Estado debilitado por años de confrontación política, alta rotación de autoridades, instituciones desgastadas y una ciudadanía que observa con escepticismo a toda la clase dirigente. En ese escenario, cada decisión tendrá un impacto que irá mucho más allá de la coyuntura inmediata.

A diferencia de otros presidentes, la nueva mandataria gobernará bajo una vigilancia permanente. Su trayectoria política, los años de polarización y las investigaciones que afrontó han convertido su llegada al poder en uno de los acontecimientos más observados de las últimas décadas. Esa realidad implica que cualquier error administrativo, cualquier designación cuestionable o cualquier improvisación tendrá un costo político mucho mayor que el habitual.

Sin embargo, el principal desafío no consiste únicamente en evitar equivocaciones. El verdadero reto será demostrar que el Estado puede volver a funcionar con eficiencia. Durante años, los peruanos han aprendido a resolver sus problemas al margen de las instituciones públicas: emprenden porque el empleo formal resulta insuficiente, pagan servicios privados porque desconfían de los públicos y desarrollan mecanismos propios para suplir las deficiencias estatales. Esa realidad no puede convertirse en la normalidad de un país que aspira al desarrollo.

La prioridad del nuevo gobierno debería concentrarse precisamente en recuperar la capacidad de gestión del Estado. No basta con anunciar reformas; es indispensable ejecutarlas. La seguridad ciudadana requiere instituciones coordinadas, inteligencia policial y fortalecimiento del sistema de justicia. La educación necesita mejores estándares de calidad y continuidad en las políticas públicas. La salud demanda infraestructura, abastecimiento y gestión eficiente. Ninguno de estos problemas se resolverá únicamente mediante crecimiento económico.

El Perú cuenta con fortalezas importantes. La estabilidad macroeconómica alcanzada durante décadas constituye un activo que debe preservarse. Sin embargo, esa estabilidad solo tendrá sentido si logra reflejarse en mejores oportunidades para la población. El crecimiento económico pierde legitimidad cuando millones de ciudadanos sienten que sus beneficios nunca llegan a su vida cotidiana.

En ese contexto, el gobierno tiene también la responsabilidad de reconstruir la confianza institucional. Ello implica respetar la independencia de los poderes del Estado, fortalecer los organismos técnicos y privilegiar perfiles competentes sobre criterios estrictamente políticos. La ciudadanía no espera perfección, pero sí profesionalismo, transparencia y resultados verificables.

La nueva presidenta dispone de una oportunidad poco frecuente: demostrar que es posible combinar estabilidad política, responsabilidad fiscal y políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Si logra transformar esa oportunidad en resultados concretos, no solo fortalecerá su gestión, sino que contribuirá a recuperar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en la capacidad del Estado para responder a sus necesidades.