Pierden tiempo que pagamos

Por Antero Flores-Araoz

Los ciudadanos estamos francamente hartos de la burocracia estatal, desde la que transita desde el más modesto de los municipios, hasta la que concurre a los ministerios y otras instituciones públicas. Observen bien que no decimos “trabajan” sino concurren, dado que un buen porcentaje de los servidores públicos “calientan asiento” pero laboran muy poco, lo que no es óbice para reconocer que un grupo menor de funcionarios públicos tienen mística de servicio siendo eficientes en sus tareas.

Desde las más altas autoridades del Estado se escucha decir que se requiere desregular la administración pública, simplificar la tramitología, reducir los procedimientos, así como los requisitos que se necesitan cumplir para obtener permisos, licencias y autorizaciones. Penosamente ello es como la canción “Tan solo palabras” pues hasta ahora no se ve que se haya puesto acción a la simple expresión.

En las municipalidades, en que están las autoridades más cercanas a los ciudadanos y que deben velar por su bienestar, no se quedan atrás perdiendo inútilmente su tiempo en hacerle la vida a cuadritos a los vecinos. Incluso como poco tienen que hacer por el desmesurado número de su personal administrativo, se dan maña para hacer informes, memorándums y dictámenes, que supuestamente sustenten la “necesidad” de emitir alguna resolución de alcaldía u ordenanza del Concejo Municipal, por supuesto innecesarias.

Recientemente hemos podido leer en el diario oficial “El Peruano”, una ordenanza de municipalidad distrital, por la cual en su localidad se prohíbe la explotación sexual así como su favorecimiento, el proxenetismo y el rufianismo. Contrario sensu podríamos decir que todas dichas acciones si están permitidas en otras localidades, lo que es falso, pues constituyen delitos que están debidamente tipificados y sancionados en el Código Penal, el que es de aplicación obligatoria en todo el país.

Como se dice, “hablando en cristiano”, la norma municipal a la que nos referimos no aporta absolutamente nada al sistema jurídico. El señor alcalde y regidores que la aprobaron en  sesión de Concejo, perdieron lastimosamente su tiempo.

Lo que no se dice es que seguramente fueron inducidos al despropósito por autoridades o funcionarios del municipio que, para sustentar la supuesta necesidad de expedir la ordenanza, hicieron nada menos que cuarenta informes, memorándums y dictámenes para ello, perdiendo valiosísimas horas laborables que al fin de cuentas pagamos los vecinos a través de la tributación municipal.

En la ordenanza en cuestión, además de señalar que se tuvo a la vista los cuarenta instrumentos procesales, se les vuelve a nominar en los considerandos de la innecesaria ordenanza municipal.

Lo que necesitamos para frenar la prostitución, explotación sexual y su favorecimiento, así como el proxenetismo y rufianismo, es buena imaginación de las autoridades, como fue el caso de Alberto Andrade Carmona, cuando fue alcalde de Miraflores, en que daba a conocer el supuesto número de las placas de los vehículos automotores, que levantaban prostitutas en la avenida Arequipa. Acabó por muchos años con tal costumbre.

Encima el municipio tiene que sufragar el costo de la publicación oficial en el diario “El Peruano”, al igual como lo hace con las normas municipales que repiten cada año, la obligación del embanderamiento del distrito o provincia, como si ello no estuviese en ley cuyo ámbito de cumplimiento es en todo nuestro territorio más mar de Grau.

Francamente es un martirio para los que tenemos la obligada costumbre de revisar la gaceta oficial, leer tanta tontería.