Por Antero Flores-Araoz
El pasado 28 de julio, la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, concurrió al Congreso de la Repúblicas a fin de cumplir con la obligación constitucional que le impone el inciso 7 del artículo 118 de aquella, esto es dirigir mensaje al Congreso en forma personal y por escrito, que debe contener la exposición detallada “de la situación de la República y las mejoras y reformas que … juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso”.
Si quien ejerce la Presidencia de la República está obligado a dar ante el Congreso su mensaje anual, los congresistas como obligación correlativa están obligados a concurrir a la sesión del Congreso y a escuchar con atención al o a la presidenta de la República.
Sin embargo, el último 28 de julio, estando en el hemiciclo la presidenta de la República Dina Boluarte, su gabinete ministerial, la presidenta del Poder Judicial, las altas autoridades del país, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policiales, las autoridades eclesiásticas, los embajadores extranjeros acreditados en el país y demás personalidades invitadas, no asistieron a la sesión un número importante de parlamentarios, algunos otros abandonaron el hemiciclo y un grupo menor trató de interrumpir la sesión portando cartelones contrarios a la presidenta de la República y gritando a altos decibeles.
El presidente del Congreso José Jerí, llamó la atención a los protestantes e hizo leer al relator las disposiciones reglamentarias para poner orden en la sesión y esta última pudo continuar sin otros incidentes ni tropiezos.
Ya es hora de terminar con las sesiones semipresenciales que se instauraron en la pandemia y volver a las sesiones presenciales, más cuando tiene que exponer la presidenta de la República, que como bien determina la Constitución en su artículo 110, es la jefe del Estado y personifica a la Nación y, por ello merecedora del respeto y consideración de todos, así no nos guste, discrepemos con lo que dice, expone y requiere.
Después de lo sucedido, debe imponerse la sanción que corresponda, a quienes con carteles y gritos desaforados quisieron interrumpir, quizás la sesión más importante del periodo anual de sesiones del Congreso. Igualmente publicarse la relación de quienes no asistieron a la sesión y también de quienes se retiraron de ella, para que todas la Nación lo conozca, pero por supuesto con indicación de quienes tuviesen licencia justificada.
Es propicia la ocasión para recordar que el 28 de julio de 1990, en la transmisión del mando presidencial del Dr. Alan García Pérez al Ing. Alberto Fujimori, una buena parte de los parlamentarios se retiraron de la sesión en señal de protesta, los motivos de ello diversos, pero hubo un senador, don Moisés Woll Dávila que se mantuvo en su escaño y nos dio al resto de parlamentarios una lección de lo que debe ser el buen comportamiento de los congresistas y el cumplimiento de sus responsabilidades, deberes y obligaciones congresales. Esa lección no se debe olvidar, por lo que siempre es pertinente recordarla, a fin de que no se repitan acciones desdorosas, que felizmente el actual presidente del Congreso con oportunidad y firmeza evitó que escalaran a más.