Estado peruano nació enfermo, está muy grave y es imprescindible reestructurarlo

Escribo a los peruanos para dialogar constante y largamente acerca del Estado liberal peruano, nacido con la Asamblea Constituyente de 1,822 y ya enmarcado en doce constituciones políticas de Perú y hasta hoy realmente corroído, agotado desde hace décadas atrás, manteniendo tercamente su obsoleta estructura sin participación del pueblo (concepto jurídico-político diferente a población que es un concepto demográfico-estadístico) y sin entender el fondo filosófico y teórico de los tres poderes del Estado definidos por el barón de Montesquieu.

El Estado concebido y cristalizado en la Constitución Política de 1823 es un producto heterodoxo porque no nace ni es congruente con la fuente original del pensamiento filosófico, jurídico y liberal representada por los principales pensadores del Estado entre los siglos XVI y XVIII, sino que es producto de sus circunstancias, sus limitaciones filosóficas-jurídicas, su cultura, de sus relaciones de fuerzas políticas y militares (caudillismo militar) de ese momento, que es el inicio de la tercera década del siglo XIX.

Desde mi punto de vista, a manera de hipótesis, creo que el Estado peruano se origina como síntesis de las fuerzas espirituales del pensamiento intelectual y liberal aprendido de los grandes filósofos europeos de los siglos XVII y XVIII, que se expandieron y materializados en el escenario político-social de América Latina en ese momento, primer tercio del siglo XIX, y se conforma también como producto intelectual nacional de los distinguidos pensadores peruanos, conocidos internamente en ese momento, los mismos que interpretaron, comentaron y colaboraron en la elaboración de la Constitución Política de 1823. Nacimos republicanos, nos mantuvimos y desarrollamos hoy como parte de un Estado liberal diferente, raro, desde su origen.

En esta Constitución de 1823, después de superada la sana y rechazada propuesta de José  de San Martín, Protector de Perú, que quiso traer un rey de Europa para que gobierne a Perú, cobró fuerza la tendencia liberal que alcanzó a cristalizarse en ella, donde por primera vez se estructura un Estado de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La llegada de Simón Bolívar a Perú rezagó a esta nueva Constitución Política y tres años después apareció la Constitución Política de 1826 conocida como “vitalicia”, que creó el cargo de presidente vitalicio de Perú, seguro que preparado para el Libertador, sin embargo solo duró 49 días.

El rechazo fue evidente: ni rey con San Martín, ni dictador vitalicio con Simón Bolívar, sin embargo la interrogante que no se resolvió es: ¿por qué cada uno, Protector y Libertador de Perú, no optó o se decidió por un presidente peruano?. 

Lo curioso es la espontánea creatividad y el no entendimiento profundo del pensamiento clásico de John Locke y menos aún del barón de Montesquieu (Charles de Secondat), que hicieron que esta Constitución Política de 1,823 tuviera un Poder del Estado más, que se cristalizó en un capítulo titulado: “Poder Electoral”. Sobre este supuesto poder del Estado, es necesario saber a qué obedeció esta propuesta, quién o quienes controlaban el Poder del Estado en ese momento (constituyentes), quién la hizo y cuál era la formación académica de quien hizo la propuesta.

Mi punto de vista es que se pretendió, muy a la peruana, inventar un “poder” electoral que suponen el origen de todo y que puede realizarse, funcionar o auto convocarse de acuerdo a sus reglas establecidas.

Sin embargo, debemos tener presente y no olvidar nunca que el poder real emana del pueblo que es el único con capacidad constituyente, que define su Estado con 3 poderes: Legislativo, Ejecutivo (gobierno nombrado por el Parlamento) y Judicial. 

Este caso del “poder electoral” se volvió a debatir 180 años después (2002), en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Fue con la presencia de los señores doctores, Piedad Pareja, Javier Alva Orlandini, Carlos Blancas, Juan Chávez Molina y Natale Amprimo, presidente de esta Comisión, para debatir lo relativo al régimen electoral.

Siendo el año 2002, sin duda sorprende algunos fundamentos inadecuados, no filosóficos ni jurídicos, usados para defender la posición errada de considerar que debería haber un Poder Electoral en la Constitución Política, es decir un cuarto poder que nunca fue considerado por los padres de la teoría y filosofía del Estado del siglo XVIII, particularmente el barón de Montesquieu.

Por ejemplo, en esa reunión, uno de ellos creyó que, recogiendo no solo el nombre que le dio a esta materia la Carta de 1933 sino también las primeras constituciones que pudo haber tenido, debe llamarse "Poder Electoral". Según él, “…sería el Cuarto Poder y la prensa quedaría siempre como Quinto Poder del Estado” (¿!). Es decir, no comprendió el fondo del problema.

Al parecer no comprendió que se trata de un nombre equivocado que se cristalizó en otras constituciones políticas peruanas y que no se debe continuar con el mismo error. Lo real es que los procesos electorales (en sus aspectos administrativos y judiciales), que son de trascendental importancia, nunca fueron concebidos y no constituyen un poder del Estado.

Los poderes son tres: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El Estado liberal peruano también tiene fallas de origen graves que se evidencia cuando descubrimos que hay ausencia de participación del pueblo, que según sus filósofos creadores es imprescindible para que funcione esta estructura de tres poderes del Estado.

Desde el inicio de esta híbrida filosofía se cometió el error de crear un “poder” más: el electoral, que se mantuvo cristalizado en varias constituciones políticas peruanas (1,823, 1826 y 1933) y que nuevamente fue tratado, después de 180 años en febrero de 2002 en la Comisión de Constitución que presidió el doctor Natale Amprimo. Finalmente no se cristalizó como un “poder” del Estado porque no lo es. La posición del doctor Carlos Blancas fue muy significativa para evitar el error original de la Constitución Política de 1823 de poner un nombre que no corresponde a una institución de procesos electorales que no es un Poder del Estado.

Sin embargo, los graves problemas no son solo inventar un nuevo “poder del Estado”, ni haber dejado a un lado, olvidada desde un comienzo, a la real participación del pueblo; también fue y es un grave problema no haber asegurado que el Poder Legislativo, el Parlamento, nombrase al Gobierno (presidente, vicepresidentes y ministros de Estado), como lo propusieron los grandes filósofos y teóricos del Estado, entre ellos el más destacado y de quien no aprendieron que el Parlamento debe nombrar al Gobierno (propuesta del barón de Montesquieu), solo así es posible entender el concepto: “Parlamento, primer Poder del Estado”.

Considero que casi todas las constituciones políticas peruanas son presidencialistas, menos o más.

La heterodoxa estructura del Estado creada en las primeras constituciones políticas de Perú, ha sido históricamente inadecuada pues no obedeció al espíritu de los filósofos que crearon y diseñaron los tres poderes del Estado desarrollados por Charles de Secondat, barón de Montesquieu.

Durante décadas se ha mantenido una estructura sin participación del pueblo, que se hizo inadecuada, obsoleta y muy fácil para ser sometida por políticos socialistas o comunistas, quienes ya han capturado otros gobiernos (Venezuela, México, Brasil, Nicaragua, etc.) y buscan crear una dictadura sin libertades, con pobreza expandida, con caos social y con políticas económicas controlistas y proteccionistas opuestas al libre mercado. 

Es acertado afirmar que el Poder Ejecutivo (presidente y vicepresidentes) tiene demasiado poder y se ha devaluado y desprestigiado desde hace siete lustros, la ciudadanía es consciente que se han elegido en Perú solo a los candidatos “males menores”, como quien dice: ” … peor es nada”, y que todos están bajo la sombra de la corrupción: apresados, enjuiciados, suicidado, con prisión domiciliaria, etc. Este es un indicador claro de que el Poder Ejecutivo nunca ha debido ser elegido por votación universal, sino que ha debido ser elegido por el Parlamento (Poder Legislativo), quien debe nombrar al presidente, vicepresidentes y ministros. 

Todo lleva a la conclusión que es imprescindible cambiar la estructura del Estado para salvar a Perú.