Por Roberto Rendón Vásquez
La corrupción de “electos” gobernantes, congresistas, gobernadores, alcaldes y designados ministros y funcionarios viene de hace décadas en nuestra Patria, pero lamentablemente no se les investigaba. El 2016 estallo públicamente debido a que el 2013 el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió actos corruptos de Odebrecht.
Aún no han concluido los procesos investigatorios y/o acciones penales sobre corrupción seguidas a “políticos” de regímenes anteriores. A los actuales si los están “investigando” en el Congreso, Ministerio Público hasta en la Contraloría por actos ilícitos atribuidos a ministros, funcionarios y hasta familiares del vigente Presidente de la República.
En la 60 Edición CADE Ejecutivos 2022, – Paracas –, públicamente la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha manifestado “No podemos permitir que en nuestro país se normalice la corrupción” refiriéndose a investigaciones al Presidente Pedro Castillo y señaló “que en su gestión se está priorizando la investigación y persecución de la corrupción en el poder”. Estas declaraciones deben entenderse no solamente a las investigaciones que efectúa el Ministerio Público a políticos electos el 2021 para el Poder Ejecutivo, sino que implícitamente invoca al Congreso y la Contraloría General cumplir sus obligaciones de control previo y simultaneo, sin excepción, en todas las entidades públicas para “evitar” la corrupción. Tal invocación debe entenderse la hace a magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial para que no “demoren” investigaciones y/o acciones judiciales a corruptos. Actualmente y a futuro “No permitirse que se normalice la corrupción” y también a las atribuidas a “personalidades” anteriores de los tres Poderes del Estado. En efecto, aun por años se “efectúan” investigaciones en el Ministerio Público y procesos judiciales penales en el Poder Judicial: no han concluido en esas instituciones.
No permitir, sin excepción, la corrupción en la actividad pública y la privada. Es una obligación de todos en el País. Los ciudadanos y las instituciones representativas de cada actividad económica, social, política, gremial, cultural, religiosa y aun las sindicales y hasta deportivas, etc. no deben participar en actos de corrupción, sino denunciar a quienes “piden” “coimisiones”, proyectan obras públicas de las que “pretenden” “obtener algo para sí”, en fin, a todos los que propician desde la actividad privada o pública hasta los que se involucran en ellas.
Función importante para combatir la corrupción es crear conciencia de honestidad desde la niñez, la juventud, en la educación y toda actividad humana.