Se les cayó el cielo.

Por Roberto Rendón Vásquez.

Desde hace 7 años las “personalidades” Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez y su “equipo Fiscal” evidenciaban satisfacción que expongan sus fotografías en medios periodísticos al “informar” sobre sus investigaciones a Alejandro Toledo , Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski,  Keiko Fujimori, Susana Villarán, Luis Castañeda,  ministros, funcionarios públicos y empresarios involucrados desde el 2001 en actos de corrupción de la constructora Odebrecht. El proceso penal pertinente (iniciado el 21/12/2016) estaría a cargo  de los magistrados  Concepción Carhuancho, Jorge Chávez Tamariz, Víctor Zúñiga Urday, María de los Ángeles Camacho y Hugo Núñez Julca. La corrupción comenzó el 2001 pero el Ministerio Público no la descubrió; la investigación se inició en Estados Unidos el 2013 y estallo públicamente el 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió actos corruptos de Odebrecht.

Los fiscales peruanos durante casi 6 años han estado “informando” sobre “sus investigaciones” pero hasta hoy el Poder Judicial no ha sentenciado a los presidentes sindicados como corruptos, no obstante, a que anunciaron “una colaboración eficaz” suscrita en Brasil y a los viajes a ese país de dichos “fiscales” y “otros” para concretar declaraciones probatorias en el marco de la “colaboración eficaz” con las que suponían sustentaban y probaban la autoría de la corrupción de los presidentes y personalidades que investigaban. Hace semanas el Juez Penal a cargo del proceso a la ex candidata Fujimori “dio” varios plazos al Fiscal Domingo Pérez para que concrete su “acusación”. Esto es de público conocimiento. Lo concreto es que no están concluidos los procesos penales contra los que fueron presidentes, ministros, funcionarios, alcaldes.

Pero, no obstante “la constante auto publicidad” de esos fiscales, en el Ministerio Público del Brasil, por solicitud de la empresa Novonor (actual nombre de Odebrecht) ha decidido suspender el acuerdo de colaboración jurídica con el Perú sobre las investigaciones de corrupción hechos por la empresa Odebrecht. Esto repercute negativamente en los procesos penales contra los investigados en Perú. Legalmente podría suceder que “pierden valor probatorio” las pruebas atribuidas a los corruptos nacionales. El riesgo es que podrían “ser absueltos”.

La dilación – ya habitual – de los fiscales y administradores de justicia, no obstante, a que no pueden ni deben desconocer el riego de su excesiva demora (años y más años) en investigaciones y procesos penales, han perjudicado el interés y derecho peruano de sancionar a corruptos gobernantes, funcionarios y empresarios.