La justicia es un elemento constitutivo de las sociedades occidentales. Herencia romana, nuestra justicia es laica, ya que no proviene de la Biblia ni del Corán, y democrática.
Dentro del proceso de construcción del Estado, se concretiza en un sistema de administración de justicia cuyas atribuciones recaen en el Poder Judicial. Comentamos, hace unas semanas, que existen evidentes tensiones entre el poder político y la justicia, lo cual no debe ser extraño y si, más bien, importante y necesario, ya que el derecho controla o pone límites al poder.
El caso de la Sra. Zoraida Ávalos, accidental Fiscal de la Nación, es lamentable porque no solo se trata del desempeño de una persona, sino el de una muy cuestionada institución. En ese sentido, la corrupción en el Ministerio Público es nefasta. A ello hay que sumar la extrema politización de la misma: la vizcarrista JNJ es un ejemplo paradigmático.
Se asoma el “que se vayan todos” como reacción de la ciudadanía, indignada por la percepción de corrupción, ineficiencia e impunidad. Somos de la opinión que los políticos deben actuar como catalizadores entre las justas demandas de la población y lo conveniente para los fines del Estado (el significante bien común, seguridad interna y externa, etc.) La justicia, reiteramos, es uno de los pilares del estado, y cualquier reforma debe ser realizada con mucha prudencia. Sin jueces probos y con legitimidad social, el país colapsaría indefectiblemente.
La Sra. Ávalos, hasta hace unos días, tenia a su favor la legalidad, ya que legitimidad nunca tuvo por su ingreso abrupto a la Fiscalía de la Nación. Ahora se pone en cuestión la legalidad de su cargo por supuestos documentos “truchos” en su hoja de vida. No sabemos, hasta la redacción del presente editorial, si doña Zoraida renunciara y si el inefable Pablo Sánchez, amigo de la izquierda criolla, asumirá por antigüedad el cargo. Algo ya deslizo la Sra. Ávalos en una entrevista que le hicieron hace unos días. Parece, en ese sentido, que la izquierda criolla asegurará el copamiento de esta institución por unos años más. Las fuerzas democráticas deben estar atentas y vigilantes ante el uso y abuso del poder sancionador del estado como medio de persecución política a opositores. Sobre todo, ahora que se nos vienen los megajuicios de la corrupta Odebrecht. Como dice el precepto bíblico, es necesario distinguir la paja del trigo.