Marcos Ibazeta: Hay impunidad de empresas corruptas

Jurista exige al Ministerio Público tomar acciones concretas para impedir que las personas jurídicas implicadas en presuntos delitos participen en licitaciones.

Hay empresas vinculadas al ‘Club de la Construcción’ que continúan contratando con el Estado, a pesar DE que Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, las señaló por actos ilícitos. ¿Qué acciones se debe tomar al respecto?

Así es, se ha visto que a través de las empresas, los directivos han cometido delitos o hechos que se puedan calificar como tales. La investigación contra los directivos convierte a las empresas en terceros responsables. Por lo tanto, lo que se debería hacer es intervenirlas, embargar sus bienes, tomar sus administraciones, entre otras medidas. Ellos podrían perder su patrimonio por estos sucesos.

-¿Se puede inhabilitar a estas firmas para que no participen de concursos públicos?

Si están intervenidas y sus directivos han cometido hechos que son investigados como delitos, a través de estas empresas, ya no estarían calificadas para contratar con el Estado.

-Aun así, se ha observado que siguen ganando licitaciones en los últimos meses.

Sí, pero es porque los fiscales no han solicitado ninguna medida contra estas empresas. Ellos podrían, así como se debió hacer con Odebrecht, tomar acciones. Por ejemplo, se debió intervenir esta empresa, poner una medida cautelar, inmovilizar los bienes y su administración. Hay modalidades que habrían permitido tener todos los documentos que apoyen las indagaciones correspondientes de la Fiscalía, pero no se hizo.

-¿Cuál sería el motivo para que el Ministerio Público no actúe?

Ya no entiendo qué ha ocurrido con la Fiscalía. Si estamos persiguiendo y luchando la corrupción, se debió tener una visión general porque este mal es transversal, causa muchas divisiones, diversas dimensiones, con personas y actividades en todos los sectores, ya sea político, económico, social, empresarial, en fin. Si no se ha tenido esa visión y solo hay ojeras que muestran el lado penal respecto al delito y la pena, estamos perdidos. Nos estamos olvidando de las medidas que se tienen que adoptar, no solo con las personas naturales, sino contra las empresas, que son reconocidas como responsables jurídicas. No se puede permitir que una empresa se utilice para corromper a funcionarios de distintas entidades y lograr un incrementar un patrimonio ilícito y a pesar de esto, siga contratando con el Estado sin que nada suceda.

-¿La Fiscalía se puede reivindicar?

Debería hacerlo. Puede solicitar medidas concretas a los jueces contra estas organizaciones. Lo que sucede es que hay una especie de impunidad respecto a las acciones de las empresas, cuyos directivos han sido perseguidos penalmente.

-Entonces, ¿cree que hay impunidad en estos casos?

Esa impunidad de la persona jurídica ha hecho que el sistema de justicia quede a disposición y merced de estas asociaciones privadas. Al final, estamos obligadas a negociar con ellas por información.

-¿Qué medidas tendrían que aplicar las autoridades pertinentes?

En primer lugar, hay que solicitar la intervención de las empresas y medidas cautelares para tomar el control de su administración y documentación. Esto no significa paralizarlas. Pero sí se puede incorporar en la administración a algunos veedores con capacidades de intervención y control, garantizando que sus operaciones ordinarias se sigan desarrollando, pero con la limitación que ya no siga contratando con el Estado.

-El fiscal José Domingo Pérez desistió de su pedido de prisión preventiva contra José y Hernando Graña. ¿Cuál es su opinión?

La Fiscalía está dejando muchos vacíos y no entiendo la razón por la cual no hacen bien su trabajo. Si están persiguiendo a los ejecutivos, la empresa también debe estar en el proceso. Como se han hecho tan mal las cosas con Odebrecht, donde se ha negociado de la peor manera, han permitido que las empresas pongan sus condiciones. Si Graña y Montero se acoge a la colaboración eficaz, no significa que se liberen de la responsabilidad. Se está poniendo al Estado en manos de empresas corruptas.

FIRMAS CUESTIONADAS

Entre las empresas que siguen obteniendo contratos para ejecutar obras públicas están: Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), Obrascón Huarte Lain (OHL), Cosapi, Constructores y Mineros (CyM), JOHE S.A., Mota-Engil Perú y Energoprojekt. Sin embargo, la lista de investigados también involucra a Graña y Montero, Obrainsa, Andrade Gutierrez, OAS, Grupo Plaza, Hidalgo e Hidalgo, CASA y San Martín.

(Fuente www.expreso.com.pe)