Por Roberto Rendón Vásquez
Recién a los 83 días, desde el 28/07/2026, el Senado de la República, el miércoles 21/10/2026), ha aprobado delegar 27 facultades al Poder Ejecutivo entre las que están la seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño que requieren sean atendidas de inmediato. Las facultades son por 90 días.
Necesario tener en cuenta que uno de los graves problemas que agobian a la población es la inseguridad frente a la creciente delincuencia, la que no obstante, el encomiable trabajo policial de proteger a la población, los delincuentes individual u organizados en bandas, diariamente y sin cesar cometen hurto o robos agravados, asaltos en vías públicas, establecimientos y viviendas, robo de vehículos, extorsión y cobro de cupos, sicariato, homicidios, secuestros, diversidad de modos de estafa, ciberdelincuencia, feminicidio, acoso sexual, tráfico de personas (meretricio), tráfico de drogas, minería ilegal y otras. La extorsión, chantaje, intimidación, rapto y asesinatos ya son imparables a pesar de las protestas y movilizaciones colectivas para que se combata a los delincuentes.
Durante el proceso electoral, los “candidatos” “hacían sus propuestas” de planes de gobierno para combatir la delincuencia y el crimen organizado; “ofrecían, que si eran electos” mejorar la infraestructura penitenciaria y edificar nuevos penales. Se consideraba importante el rol de las Fuerzas Armadas, servicio de inteligencia, hasta “proponían” un referéndum para establecer la pena de muerte, la expulsión masiva de extranjeros indocumentados y la salida de la Corte IDH.
La Presidenta Keiko Fujimori, al asumir el cargo, solicitó facultades legislativas al Congreso por 120 días para implementar un conjunto de medidas destinadas a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Las propuestas para combatir la delincuencia son para el mayor despliegue y cooperación entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, fortalecer los sistemas de inteligencia, uso de video-vigilancia e inteligencia artificial para la PNP, el reforzamiento de la seguridad en los penales, trabajo coordinado con organismos como el FBI e intercambio de información transnacional para capturar bandas criminales. También en el Sistema de justicia la ampliación de las unidades de flagrancia y persecución directa contra mafias dedicadas a la extorsión, el sicariato y la minería ilegal.
Estando a las promesas electorales de candidatos al Congreso, era necesario que al asumir el cargo los electos, adopten de inmediato decisiones para enfrentar la delincuencia y evitar que siga creciendo. La ciudadanía consideró que tales facultades debían ser de inmediato adoptando, entre otros, fortalecer a la Policía Nacional. Para ello en el Congreso tenían que aprobar incrementar las partidas presupuestarias destinadas para fortalecer la PNP en su enfrentamiento a los delincuentes. Las medidas necesarias e inmediatas son:
Incrementar el número de policías para el servicio cotidiano las 24 horas del día y mejorar las comisarías y puestos policiales en el territorio nacional.
Ampliar y/o fortalecer los servicios secretos de inteligencia para ubicar y conocer las bandas delincuenciales y sus “proyectos” para delinquir y los probables lugares dónde y cómo actuarán. Tener en cuenta que las investigaciones policiales de delitos permitirán a los magistrados, fiscales y jueces a cargo de acciones penales, en sus respectivas funciones, tener pruebas idóneas contra los autores de delitos. Estando a las pruebas contenidas en los atestados policiales y los obtenidos por los fiscales, los magistrados jueces tendrán suficientes elementos para no dilatar los procesos penales a su cargo.
Impedir que los detenidos por la Policía que son puestos a disposición del fiscal y denunciados al juez, sean ilegalmente puestos en libertad; ¡volverán a delinquir!
Los fiscales y/o jueces – al procesar a quienes han cometido delitos – deben evitar que los casos prescriban por la lentitud en procesar a los delincuentes. La prescripción favorece al delincuente y hasta le “borran” sus antecedentes judiciales. La prescripción debido a la lentitud de los procesos penales, obviamente es una decepción para los policías que muchas veces arriesgan su seguridad y vida para enfrentar a los delincuentes.
Adicionalmente promover que los vecindarios – en sus respectivos domicilios – se organicen en sus barrios para estar prevenidos contra el actuar delincuencial y para, en colaboración con las comisarías de la Policía Nacional y también de los serenazgos municipales, puedan afrontar el constante actuar de delincuentes. Más aún, la PN puede adiestrar a los vecinos para enfrentar y detener a delincuentes que están actuando.
Para combatir la delincuencia, todos debemos estar unidos y libremente organizados y auto-disciplinados y colaborar con la Policía Nacional. Es por nuestra propia garantía.
Estando a los actuales hechos delincuenciales, es justificado que se fortifique la institución policial. Por ende, es necesario que los “políticos” congresistas eviten confrontaciones políticas con el actual Poder Ejecutivo, para asegurar la seguridad ciudadana. Los políticos del Legislativo ¿lo harán?