Sicariato y extorsiones en medio del proceso electoral

Martín Parra Saldaña,

Tnte Gral PNP (r)

Ex viceministro de Orden Interno.

El Perú enfrenta una paradoja inquietante: mientras el país se encamina a definir su futuro político en las urnas, en el marco de una segunda vuelta electoral altamente polarizada, la violencia criminal no cede. Por el contrario, el sicariato y la extorsión confirman que las organizaciones delictivas no reconocen calendarios ni contextos y que operan con creciente capacidad de adaptación.

Los datos son elocuentes. Según el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), entre enero y marzo de 2026 se registraron más de 520 homicidios a nivel nacional. Fuentes de la Policía Nacional, informan que en comparación al mismo periodo del año 2025, la cifra se habría reducido ligeramente en un 10.31%. No obstante, Durante abril, la tendencia se mantuvo con nuevos hechos de sangre, que estremecieron a la opinión pública: asesinatos por encargo de tres personas en el Callao, el sicariato de Alexander Vinces Paiva, Campeón de artes marciales mixtas en el mismo lugar portuario, el homicidio en Trujillo, de Jorge Luis Alcalde Alfaro, ex candidato al Senado; y entre otros, el ataque armado en Comas contra el ingeniero Omar Mosqueira Torres, cuando supervisaba obras. No se tratan de hechos aislados, sino de expresiones de una violencia estructurada que hoy alcanza sin distinción, a ciudadanos, profesionales y actores públicos.

En paralelo, las extorsiones se han consolidado como una economía criminal extendida. Transportistas, comerciantes y empresarios operan bajo amenaza constante. Según cifras de la Policía Nacional del Perú, al 29 de abril de 2026 se habrían registrado 5,165 denuncias por extorsión a nivel nacional. Sin embargo, la dimensión real del fenómeno, probablemente sea mayor, pues muchas víctimas optan por no denunciar, por temor a represalias o desconfianza en las instituciones. Diversos reportes periodísticos advierten que el cobro de cupos se ha normalizado en diferentes zonas del país, con acompañamiento de actos de intimidación, amenazas y/o violencia, como ataques armados, uso de explosivos, cartas extorsivas incluso a centros educativos, incendio de establecimientos y vehículos, entre otros.

Frente a este escenario, el Gobierno ha decretado el estado de emergencia, por 60 días en Lima Metropolitana y el Callao. La medida busca reforzar la presencia policial con apoyo de las Fuerzas Armadas, para un mayor control territorial. Sin embargo, la experiencia acumulada demuestra que su impacto es temporal, principalmente de contención y disuasión, con resultados limitados frente a delitos complejos. El crimen organizado no se derrota únicamente con presencia en las calles, sino con inteligencia, investigación y capacidad sostenida de persecución.

En este contexto, el país requiere de una política de Estado integral, técnicamente solvente y políticamente sostenida. Esto implica que el nuevo gobierno, en los primeros 100 días, debe implementar un sistema integrado de inteligencia operativa, que articule información a nivel nacional, evaluando la modificación del DS. 1141 del 2012, crear la función de inteligencia migratoria, evaluando la modificación del DL. 1130 del 2012, que permita contrarrestar los riesgos y amenazas de la migración irregular y efectuar expulsiones selectivas no masivas, conformar equipos élite de policías seleccionados, que realicen inteligencia operativa en el campo e intervengan en flagrancia delictiva, con apoyo de fiscales especializados, construir y habilitar establecimientos penitenciarios. A mediano y largo plazo, fortalecer la investigación criminal especializada, potenciar el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera en la trazabilidad de los flujos ilícitos, reformar el sistema de justicia, el sistema penitenciario, modernizar la Policía Nacional y luchar firmemente contra la corrupción. Una medida no menos importante es aplicar la calidad de la gestión pública, ubicando a la persona adecuada en el lugar adecuado. La designación de funcionarios sin el perfil idóneo debilita las instituciones y limita cualquier esfuerzo serio en la lucha contra la criminalidad.

En el marco del proceso electoral, esta coyuntura debería ser una oportunidad para elevar el nivel del debate público. La ciudadanía espera resultados a corto plazo y requiere conocer planteamientos viables, integrales y sostenibles que aborden la inseguridad, desde una perspectiva estructural, con equipos competentes, capaces de ejecutar una estrategia, desde el primer día de gobierno.

Próximamente el Perú, no solo elegirá a sus autoridades. También decide si asumirá una verdadera política de seguridad nacional o reaccionando tarde frente al crimen. El próximo presidente recibirá un país golpeado por la inseguridad, con amplios sectores sociales agotados por el miedo y la desconfianza. Tendrá la responsabilidad histórica de recuperar la autoridad democrática del Estado y restablecer la confianza ciudadana.