La ola delincuencial nos está envolviendo y crece cada día, mientras las autoridades no hacen nada para detenerla. Una reciente encuesta de Ipsos-Perú señala que de cada diez ciudadanos que viven en Lima, nueve se sienten inseguros. Si las estadísticas señalan esas cifras en la capital, nos imaginamos como será en el interior del país.
Desde el 28 de julio del 2011, en que se instaló el gobierno de Ollanta Humala, han pasado siete ministros por el sector Interior. Cada ministro duró un promedio de siete meses en el cargo y ninguno pudo estructurar un plan de seguridad, mientras la delincuencia se incrementaba peligrosamente.
La desconfianza de la ciudanía hacia el gobierno central aumenta día a día, no solamente por el freno de la economía y la reducción de puestos de trabajo, sino también por la inseguridad que se vive en el país.
Nadie se siente seguro. Los asaltos ocurren en calles, viviendas, restaurantes; hay asesinatos, secuestros al paso, y otras acciones delincuenciales que nos vemos obligados a vivir día a día. Es por ello que la percepción de inseguridad en la población se incrementó de 73 % a 90 % en apenas dos meses.
El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, hace esfuerzos para articular un plan de seguridad, pero solo queda en buena intención. Está pagando las consecuencias de un presidente que no tiene capacidad de liderazgo.
Mientras tanto, las extorsiones a propietarios de diversos negocios se incrementan, no solo en Lima, sino también en el interior del país. Los delincuentes lanzan granadas, echan gasolina e incendian los establecimientos –como ocurrió en Arequipa- a quienes no cumplen con el pago de los cupos exigidos por los malhechores.
Los asaltos a los buses interprovinciales son otra modalidad de delito que también se ha incrementado. Antes ocurrían esporádicamente, pero ahora son cosa de casi todos los días y la Policía Nacional no puede capturar a los maleantes que se han convertido en el terror de los viajeros.
El presidente Humala en su mensaje de 28 de julio del año pasado, dijo en su discurso ante el Congreso, que “la ciudadanía quiere una nueva policía en quien confiar, con capacidad para actuar” y se comprometió a mejorar y comunicar a la PNP. Sin embargo no ha cumplido con nada de lo prometido.
En lo que va del año once efectivos policiales han sido asesinados a manos de la delincuencia y lo peor es que hay policías denunciados ante el Poder Judicial por familiares de los delincuentes y están a punto de ser enviados a prisión. ¿Así defiende el gobierno a quienes son los encargados de la seguridad de la ciudad? ¿Hasta dónde seguirá creciendo la ola delincuencial?
14 Febrero, 2018
7 Marzo, 2018
