Fernando Rodríguez Patrón
La reciente modificación de la Ley de Organizaciones Políticas que reduce del 50% al 30% la exigencia mínima de participación de los partidos políticos en elecciones regionales plantea un serio debate sobre la calidad del sistema de partidos en el Perú. Aunque formalmente se presenta como una medida orientada a garantizar la “renovación democrática” y evitar cancelaciones masivas de organizaciones políticas, sus efectos reales pueden terminar siendo exactamente los contrarios: preservar estructuras partidarias débiles, sin representación territorial suficiente y sin verdadera legitimidad ciudadana.
La reforma modifica el artículo 13 de la Ley 28094, estableciendo que los partidos perderán su inscripción si no participan en elecciones regionales en por lo menos el 30% de las regiones. La consecuencia práctica es evidente: organizaciones políticas que bajo la regla anterior (50%) no hubieran alcanzado el umbral requerido ahora podrán conservar su inscripción después del proceso electoral regional.
El problema no está únicamente en el porcentaje, el verdadero debate está en la finalidad de las reglas de permanencia partidaria. Una democracia sólida no requiere una gran cantidad de partidos inscritos, sino partidos con presencia real, organización territorial, militancia efectiva y capacidad de representar sectores sociales. Las barreras electorales y las exigencias de participación no son obstáculos arbitrarios; son mecanismos diseñados para evitar que el sistema político se fragmente en múltiples organizaciones creadas exclusivamente alrededor de candidaturas personales o intereses coyunturales.
La experiencia peruana demuestra que la proliferación de partidos con escasa institucionalidad ha sido uno de los factores centrales de la crisis de representación. Durante años se ha permitido la existencia de organizaciones que aparecen antes de cada elección, presentan candidatos nacionales o regionales sin estructura permanente y desaparecen después del proceso electoral. La consecuencia ha sido un Congreso fragmentado, gobiernos débiles y una relación cada vez más distante entre ciudadanía y política.
Por ello, la llamada “valla participativa” tenía una lógica: exigir que un partido demostrara capacidad mínima de competir territorialmente. Un partido que aspira a gobernar un país debe tener presencia más allá de un pequeño grupo dirigente o de una campaña electoral. La participación en elecciones regionales constituye una prueba objetiva de organización y arraigo político y, en este orden de ideas, reducir esta exigencia de 50% a 30% genera una pregunta inevitable: ¿Se está corrigiendo una barrera excesiva o se está diseñando una excepción que permitirá la supervivencia de partidos que no hubieran podido superar la regla vigente? Para nadie es un secreto que diversas organizaciones políticas enfrentaban dificultades para presentar candidatos a gobernadores regionales en la mitad de los departamentos del país.
Desde una perspectiva crítica, la norma podría interpretarse como una forma de “fraude a la finalidad de la ley”, no necesariamente porque exista una infracción formal al procedimiento legislativo, sino porque utiliza una modificación normativa para neutralizar el efecto depurador que buscaban las reglas de cancelación de inscripción. En otras palabras, se mantiene formalmente el sistema de validación partidaria, pero se rebaja la exigencia justo cuando algunas organizaciones ya habían evidenciado que no estaban en capacidad de cumplirla.
El problema adquiere mayor relevancia cuando advertimos que quienes impulsaron esta modificación pertenecen precisamente a organizaciones partidarias que hasta la fecha no habrían acreditado la participación mínima, por tanto, no me queda duda que la regla fue diseñada para beneficiar intereses particulares antes que fortalecer nuestro sistema partidario y mejorar la calidad de nuestra democracia.
En materia electoral, las reglas deben ser generales, estables y aplicadas con suficiente anticipación. Cambiar los requisitos de permanencia partidaria en pleno proceso electoral puede afectar el principio de igualdad entre organizaciones políticas y alterar las condiciones bajo las cuales compiten. La legislación electoral no debe convertirse en un instrumento de protección de partidos, sino en un mecanismo que garantice mejores condiciones de representación ciudadana.
La verdadera reforma política que necesita el Perú no facilite la permanencia de más partidos, sino en mejorar la calidad de los partidos existentes. La democracia no se fortalece acumulando partidos, sino promoviendo organizaciones capaces de representar a los ciudadanos, competir y gobernar.
La reducción de la valla del 50% al 30% terminará produciendo un efecto contrario al declarado, en lugar de una renovación democrática, consolidará la permanencia de organizaciones sin suficiente presencia territorial y mantendrá los mismos problemas de fragmentación política que durante años han debilitado la institucionalidad peruana.
Una democracia madura necesita menos partidos débiles y más partidos fuertes. La flexibilización de las reglas puede ser políticamente conveniente para algunos actores, pero institucionalmente significa un retroceso en la construcción de un sistema político ordenado, representativo y responsable.
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