El incremento de la criminalidad en el Perú representa un desafío urgente para la estabilidad del Estado y la seguridad ciudadana. La lucha contra el crimen organizado, el sicariato y la extorsión requiere un enfoque integral, liderado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP), que aborde tanto la represión del delito como la prevención a largo plazo. En 2024, el Perú alcanzó un récord de 2,126 homicidios, con más de la mitad vinculados al sicariato. Esta actividad delictiva ya no se limita a disputas entre bandas, sino que afecta a empresarios, periodistas, políticos y ciudadanos que desafían el poder del crimen organizado. Además, la extorsión ha escalado de manera alarmante, con 17,630 denuncias en el último año, afectando especialmente a sectores clave como el comercio, el transporte y la educación.
Estos indicadores reflejan un sentimiento de inseguridad generalizado. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 86.1% de la población urbana considera probable ser víctima de un delito en los próximos doce meses, lo que impacta negativamente en la confianza ciudadana y el desarrollo económico del país. A pesar de los esfuerzos del Ministerio del Interior y la PNP, la corrupción en el Poder Judicial sigue siendo un obstáculo crítico. Muchos criminales capturados son liberados rápidamente debido a la intervención de jueces y fiscales corruptos, debilitando la confianza en el sistema de justicia y facilitando la reincidencia delictiva.
Para enfrentar esta crisis, se requiere la implementación de medidas concretas y sostenibles. La reforma del Poder Judicial es clave, con la eliminación de jueces y fiscales corruptos para garantizar una justicia efectiva y transparente. Es necesario el fortalecimiento de la Policía Nacional mediante un aumento del presupuesto y capacitación especializada para mejorar la investigación criminal y la operatividad. La modernización del sistema de inteligencia, con integración de tecnología avanzada para la detección y desarticulación de redes criminales, también es una prioridad. Asimismo, la expansión de la videovigilancia y tecnología de seguridad con la instalación masiva de cámaras de monitoreo y patrullaje inteligente permitirá un control más eficiente del crimen.
Otra medida fundamental es la reestructuración del sistema penitenciario para evitar que las cárceles sean centros de operaciones criminales mediante mayor control y segregación de reclusos peligrosos. Además, se deben implementar estrategias de prevención del delito a través de programas sociales y educativos para reducir la captación de jóvenes por parte de organizaciones criminales. El compromiso del Ministerio del Interior y la PNP es innegable, pero sin una reforma judicial efectiva, sus esfuerzos quedarán limitados. La seguridad no solo es una lucha contra la delincuencia, sino un pilar fundamental para la estabilidad del Estado y el desarrollo del Perú.
Es urgente adoptar medidas estructurales que permitan devolver la confianza en las instituciones y asegurar el bienestar de la población. La historia juzgará a quienes permitan la impunidad y la expansión del crimen organizado. Es momento de actuar con determinación para recuperar la seguridad y garantizar un futuro próspero para todos.
27 Septiembre, 2023
30 Mayo, 2019
