La conducción de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos es una competencia exclusiva del Ejecutivo. Él cuenta con el poder de policía y, en el caso específico de la lucha antinarcóticos y contra el blanqueo de capitales, con poderosas herramientas, tales como, DIRANDRO, DEVIDA, UIF y la tristemente célebre DINI. No puede, por tanto, transferir ni traspasar su responsabilidad a otras entidades estatales ni a los particulares. Al contrario, debe responder por todo lo que suceda en este campo.
La DIRANDRO, la DINI y la UIF están para la detección temprana de este cáncer que ataca por igual a los países productores y consumidores de estupefacientes. En los primeros crea circuitos mafiosos que facilitan la producción y salida de la mercancía ilícita y en los segundos círculos idénticamente mafiosos que hacen posible su distribución y comercialización en el mercado negro.
El caso Gerald Oropeza presenta la paradójica circunstancia de un Gobierno que se desembaraza de sus responsabilidades con injustificado éxito y las transfiere a un partido político, al que reclama porque el susodicho estaba inscrito en su padrón de afiliados. Más paradójico es que el partido en cuestión –su dirigencia, en realidad– sea incapaz de poner las cosas en su sitio y no atine a otra cosa que echar sin proceso al joven Oropeza, sus amigos y familiares. Una tontería de esas que no repara en la contradicción que representa frente a la cerrada defensa que venía haciendo del debido proceso y la presunción de inocencia de su líder. Todo indica que la cúpula Aprista cree erróneamente que tales derechos son prerrogativas acordadas exclusivamente para su líder, cuando realmente se trata de garantías universalmente reconocidas a todas las personas.
Volviendo al punto, los medios de comunicación han caído sobre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, pero han puesto sordina al caso de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), entidad que aloja a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo creado justamente para detectar movimientos económicos sospechosos de lavado de activos procedente del narcotráfico y otro delitos. La UIF era la llamada a advertir del peligro que Gerald Oropeza y sus actividades ilegales podían constituir para la sociedad y el Estado. Pero el Superintendente Adjunto encargado de la UIF ha dicho que no era un caso evidente, que las empresas de la familia Oropeza contaban con un flujo de dinero legal.
La Administración Humala –digo, es un decir– asumió el poder hace prácticamente cuatro años. Durante todo ese tiempo se multiplicaron las operaciones del Estado con las empresas que tienen a la madre de Gerald Oropeza y a él mismo como accionistas. Lo han hecho, valgan verdades, a través de procesos de selección con múltiples postores y sin impugnación de resultados. El monto de los contratos con el Estado, desde el 2007 hasta acá, asciende a la friolera de S/. 217 millones y, salvo aporte de mayores elementos de juicio, torna menos injustificable la ostentosa vida del joven sospechoso.
Otro tanto sucede con el asunto de la casa incautada a José Enrique Crousillat, cuya conservación corresponde a la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Culpar al anterior partido de gobierno y a sus dirigentes de que el joven Oropeza ocupase dicho inmueble falta a la verdad y revela un inaceptable nivel de irresponsabilidad. ¿Qué hizo CONABI durante todos estos más de cuarenta y cuatro meses? Tiene que explicar esto con toda claridad.
Por otra parte, los partidos políticos son asociaciones abiertas que, por su carácter proselitista, buscan tener el mayor número de afiliados. No pueden practicar más juicio sobre sus afiliados que el de mera apariencia. Los partidos políticos carecen de facultades y recursos para investigar. Se guían por el principio de la buena fe y presumen que las personas actúan conforme a la ley, mientras no se demuestre judicialmente lo contrario. Es el Estado quien está llamado a investigar a las personas y, en último término, comunicar a los partidos, sin escándalo ni alharaca, toda sospecha que pueda cernirse sobre alguno de sus afiliados, para que tomen las providencias del caso.
Todo ello torna irracional, irrazonable y desproporcionada la decisión de echar del Partido Aprista Peruano (PAP) a Gerald Oropeza y a toda persona relacionada con él, sean o no responsables de actos ilícitos. Exhibe histeria y desprecio por los derechos fundamentales. Dos cualidades inaceptables en un partido político adherente a la democracia y a la defensa de los derechos fundamentales como principios objetivos de nuestra vida en sociedad y del funcionamiento del Estado. Expresa, también, una desesperada búsqueda de aplauso populachero y supone renunciar a la educación del pueblo en los valores de la civilización.
Gerald Oropeza y su familia no son otra cosa que sospechosos. Todavía no han sido juzgados ni mucho menos condenados. Sin embargo, el Estado y los medios de comunicación, y ahora los partidos políticos, actúan como si ya se hubiesen establecido sus responsabilidades penales. Tales proclamaciones adelantadas de responsabilidad penal han sido fulminadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al que siguen la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y nuestro Tribunal Constitucional (TC), porque violan el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Investigación exhaustiva y juicio con todas las garantías de la ley es lo que el Estado peruano y todos nosotros debemos exigir para Gerald Oropeza y todo sospechoso de delito. Más aún, mientras más grave el cargo, más garantizado debe ser el espacio en que se dirima su responsabilidad. Alan García, el líder del Partido Aprista Peruano (PAP) y a quien su dirigencia sigue hasta la obsecuencia, puede sobreponerse del susto y recordarle a la sociedad peruana y al Estado que llegar al primer mundo exige construir un sistema que nos proteja a todos del peligro de un error judicial y de la transformación de los procesos en meros ritualismos formales que canonicen condenas adelantadas. También podría recordarnos a todos que el Estado y el Gobierno no pueden lavarse las manos en este aspecto, pues si las operaciones de Gerald Oropeza llegaran a comprobarse, la pregunta de rigor sería: ¿Qué hicieron el Gobierno y el Estado en estos últimos cuatro años? Aunque la respuesta es obvia: Estuvieron muy ocupados siguiendo indebidamente a políticos, periodistas y empresarios, sin darse tiempo para luchar efectivamente contra el crimen.
1 Agosto, 2019
8 Agosto, 2022
