Mientras se acrecienta el temor de la población por la inseguridad, el Estado solo atina a lanzar propuestas cosméticas, tratando de disminuir la indignación por la escalada delincuencial. Parte importante de la prensa y de los voceros de la izquierda caviar señalan como responsable al Congreso que tanto detestan, aunque es obvio que estamos cosechando los resultados de la prédica “progre” en contra de todo aquello que pudiera haber asegurado el orden social. Nunca es tarde para recordar que quienes predican que este sistema político es malo y ofrecen uno alternativo como el socialismo bolivariano, no pueden estar genuinamente interesados en promover seguridad y estabilidad a la sociedad, pues sus pretensiones se alimentan precisamente, de la insatisfacción de los electores. Entonces, lo que sufrimos hoy es el resultado de la intensa labor de las ONG “capacitando” jueces y fiscales, influenciando en la redacción de códigos, penetrando en las escuelas de derecho a través de docentes ideologizados, y atemorizando a los policías que intentan cumplir su deber.
Como en algunos Estados de Norteamérica y de Europa, la ideología ha logrado debilitar los resortes sobre los que se construyeron sus sociedades: valores, costumbres y convicciones, con el objetivo de promover la destrucción de la “superestructura” según lo indicado por el marxismo cultural de Gramsci, para luego imponer el modelo totalitario que tantas veces fracasó en Occidente y que, por ello, necesitaba una nueva estrategia para seguir vigente. El aumento de la delincuencia entonces no es un hecho casual, es fruto de una planificación de largo plazo, no en vano se condena a los policías que abaten al delincuente armado, legisladores y organismos internacionales limitan y debilitan a las fuerzas de seguridad hasta el ridículo y, en un sinsentido, los fiscales adoctrinados liberan a criminales que fueron capturados mientras cometían el delito, y ciertos académicos continúan compitiendo entre sí por desarrollar teorías más garantistas que imposibilitan, en la práctica, detener y llevar a juicio al asaltante y al extorsionador, que son los que más perjudican al ciudadano común.
Por el contrario, la ley penal ha sido convenientemente adaptada para perseguir a los adversarios políticos, así como a los pocos empresarios que financian a los diversos partidos y agrupaciones para defender el modelo económico establecido por la Constitución, judicializando así el ejercicio de la política. El Ministerio Público y el Poder Judicial han sido organizados de forma que los casos mediáticos, con relevancia ideológica, quedan siempre en manos de quienes han sido “capacitados” por las ONG, que están a la espera de su ratificación, o que han sido temporalmente promovidos y se subordinan por la provisionalidad, figura que ha desnaturalizado los principios de autonomía, imparcialidad e inamovilidad que deben imperar en la administración de justicia.
Por lo expuesto, solo hay un camino para combatir eficazmente a la delincuencia y permitir que el orden y la seguridad imperen: la victoria política sobre la izquierda caviar que hoy domina gran parte del estado.
28 Julio, 2018
13 Diciembre, 2023
