Por Roberto Rendón Vásquez.
Cada día todos los medios periodísticos informan de asesinatos en calles, establecimientos y hasta en viviendas. En algunos la Policía Nacional suele capturar a los autores y detenidos con el atestado los pone a disposición del Fiscal correspondiente y éste, algunas veces, formula la denuncia ante el Juez Penal que inicia el proceso penal pertinente. En otros casos se informa que la Policía ha iniciado las investigaciones para ubicar al/los autores/es y capturados lo/s ponen a disposición del Fiscal.
Hay situaciones en crímenes (como también ocurren en la mayoría delincuentes procesados por delitos tipificados en nuestro Código Penal) que Jefes policiales informan en programas televisivos que los delincuentes han vuelto a ser detenidos en las calles por nuevos delitos. ¿Quién y por qué les dieron libertad; fue el Fiscal o el Juez Penal? Ante ello el público evidencia su disconformidad. En muchos otros casos – que son la mayoría de los procesos judiciales – los “juzgamientos” – en el Poder Judicial demoran no meses sino años y en ese lapso se resuelve la denominada “detención provisional” que es una medida cautelar de privación de libertad de un investigado en un centro penitenciario y a veces vence esa “detención” y no ha concluido el proceso de Juzgarlo (en todas las instancias judiciales). Son hechos reales que continuamente son motivo de opiniones de personalidades y abogados.
Ultimadamente, casi diariamente se están produciendo crímenes en calles y establecimientos cuyas víctimas son personas extorsionadas, secuestradas, trabajadoras sexuales y hasta parejas (se dice en cosas que ha sido por razones sentimentales) y víctimas de hurtos y robos en calles. Incluso hay asesinatos cometidos por delincuentes a otros malhechores. Algunos casos son captados por las cámaras de video, en otros casos los cadáveres son encontrados en costales o maletas arrojados en lugares públicos. Lo evidente es que en nuestro país se ha incrementado terriblemente el crimen sobre todos con la llegados de delincuentes de otros países. Muchos sicarios son menores de edad.
Lo expuesto está poniendo en evidencia algunos hechos negativos: Uno es que nuestra legislación penal no establece penas severas y efectivas y de cumplimiento obligatorio en su totalidad, tanto para todos los delitos (hurto, robo – y agravados –, trata de personas, intimidación, extorción, secuestro, minería ilegal, contrabando, tráfico de drogas, etc.) como para los homicidios.
Otro es que nuestra legislación procesal no establece plazos cortos y efectivos para las investigaciones en el Ministerio Público como para las acciones judiciales penales en el Poder Judicial. Esto determina en los hechos que magistrados fiscales y/o jueces (de todas las instancias), incumpliendo los plazos procesales (violando el artículo 109° de la Constitución) demoran años y más años en procesar las investigaciones fiscales y los juicios en el Poder Judicial en emitir sentencias consentidas y/o ejecutoriadas. (Ejemplo: en los casos de corrupción de funcionarios de altas jerarquías, en el Ministerio Público vienen desde el 2016 y en los procesos penales solamente han “concluido” poquísimos). La excusa de los magistrados es “la carga procesal” generada por ellos mismos. Una situación es que no hay en los hechos una norma legal que establezca la responsabilidad de fiscales y/o jueces (de todas las instancias) que no cumplan con procesar las causas a su cargo dentro de los plazos procesales establecidos en las normas procesales vigentes.
Otros hechos son: 1.- Que nuestros establecimientos carcelarios están sobre saturados de detenidos y sentenciados y esto es una “excusa” para no ordenarse la detención del detenido por la Policía Nacional. 2.- En que los detenidos y sentenciados son mantenidos gratuitamente por el Estado, pues desde que ingresan a esos establecimientos tienen alimentación gratuita y con su salud asegurada. No se les obliga a que paguen por lo menos su alimentación y para ello en las cárceles deben edificarse talleres de trabajo para producir bienes para los mercados.
Ante la deficiencia de centros de reclusión, deben edificarse nuevas cárceles y con talleres de trabajo que se pueden alquilar a personas privadas para la producción de mercaderías, y que sólo den trabajo a los reclusos. Lo recomendable es que las caréceles sean en nuestras alturas andinas para evitar fugas.
¡Es tiempo que a la delincuencia se le combata con efectividad!
28 Agosto, 2022
21 Noviembre, 2018
