Por Roberto Rendón Vásquez.
Desde el 07/12/2022, en que el ahora vacado Pedro Castillo pretendió disolver el Congreso, se están “promoviendo” protestas. Hay quienes “exigen” que deje el cargo la Presidenta por sucesión constitucional Dina Boluarte y elecciones generales, pero hay otros que además piden una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. La confrontación de políticos que aún ejercen cargos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo viene desde antes del 28/07/2022. En el Congreso perseguían vacar al Presidente Castillo y éste perseguía disolver el Congreso donde su “bancada” estaba rota. Ahora unos y otros impulsan “marchas de protesta” promoviendo y/u organizando “movilizaciones” en diferentes lugares del país y con la intención de “tomar” Lima. Ya es conocido que hay quienes sufragan hasta el transporte y estadía de protestantes sobre todo en Lima; pero ya es inocultable que determinados “sectores políticos” introducen a esas “marchas” agitadores profesionales con antecedentes y también delincuentes. La intención de bloquear carreteras y hasta aeropuertos en diversos lugares y paralizar el tránsito de vehículos de pasajeros y carga con el objeto que las poblaciones carezcan de productos para su alimentación generando desequilibrio económico, angustia familiar, descontento y paralización laboral. A ello hay que sumarle daños e incendios a establecimientos públicos y privados, saqueos, robos y generar centenares de heridos y decenas de muertos de manifestantes y policías. Estas muertes son usadas para “provocar la caída” de la Presidenta Dina Boluarte.
El miércoles 01/02/2023 con 49 congresistas que votaron a favor y 68 en contra (2 abstenciones) el Congreso no aprobó el texto sustitutorio para el adelanto de elecciones. Esto revela que – cualquiera que sea el pregón de los congresistas – que los actuales parlamentarios persiguen continuar en sus cargos hasta julio del 2026. En realidad, pretenden seguir recibiendo sus magníficas remuneraciones mensuales (S/26.017,oo) más otros “beneficios” Por ello no concretan aprobar que a la brevedad este 2023 se lleven a cabo las elecciones generales y que el 01/01/2024 asuman sus cargos el Presidente y congresistas.
Lo probable es que en el Congreso le atribuyan a la abogada Boluarte “un impedimento permanente” o aprobar su “vacancia” como Presidenta; aplicarán el artículo 115º de la Constitución que establece “…el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones”. Esta sería otra solución a la actual crisis política.
La confrontación es una pantalla. Los sectores ciudadanos exigen que este 2023 se realicen las elecciones generales.