La evaluación de la ley

Podemos saber cuántas leyes se han aprobado en el Perú y cuántas están vigentes, pero ¿alguien sabe cuáles han sido los efectos y beneficios de esas leyes? ¿Alguien las ha evaluado?

La frecuencia cada vez mayor de aprobación de leyes ha ocasionado una anomalía que se denomina técnicamente inflación legislativa. Esta anomalía tiende a contaminar la legislación, volviéndola ambigua e impredecible, lo cual es muy peligroso para la seguridad jurídica.

Las leyes, en su proceso de formación, pasan por tres etapas, que son las más conocidas: la etapa introductoria, que consiste en la presentación del proyecto de ley, la revisión de los requisitos y el envío a comisiones; la etapa constitutiva, que comprende el estudio, dictamen, debate y aprobación por el Congreso; y la etapa de integración, que se desarrolla cuando la norma aprobada pasa a formar parte del ordenamiento jurídico a través de la promulgación, publicación y vigencia.

Por definición, una ley se concibe y se aprueba para atender una necesidad pública, es decir, tiene un objetivo. Por lo tanto, al aprobarse una ley y entrar en vigencia es conveniente hacerle un seguimiento con la finalidad de conocer sus efectos y saber si los objetivos para los cuales fue aprobada se están cumpliendo cabalmente. Si una ley no cumple sus objetivos no es eficaz, no sirve, estorba y perjudica.

Esto que menciono sobre el seguimiento es una cuarta etapa del proceso legislativo, conocida como la evaluación de la ley y se ejecuta de diversas maneras: en unos Parlamentos se han creado oficinas especializadas ad hoc, en donde un cuerpo de funcionarios se encarga de observar y evaluar los efectos; en otros, dicha etapa ha sido encomendada a las comisiones que tuvieron la responsabilidad de estudiar y dictaminar la ley; en otros se han hecho convenios con colegios profesionales y universidades. Sea cual fuere el ente responsable, el punto de partida de la evaluación debe ser el objetivo de la ley, el cual debiera estar expresamente manifestado desde el inicio de la formación de la ley, es decir, desde la presentación de la iniciativa legislativa.

Un Parlamento que busca la optimización de su función legislativa no finaliza su proceso legislativo con la promulgación y vigencia de la ley, se preocupa por  saber qué pasó con esa ley: cuáles fueron sus efectos una vez puesta en la cancha, cómo impactó en la sociedad y el desarrollo, cuáles fueron las falencias y beneficios. Y ello sólo se consigue a través de la evaluación y seguimiento de la ley. Esta etapa permite al Parlamento, con conocimiento de causa, proceder luego de manera objetiva y técnica ¾y según la viabilidad política¾ a su modificación, complementación o simplemente eliminación del ordenamiento jurídico.

Hoy, encontramos Parlamentos (con sistemas políticos consolidados y que ya ponen en práctica la mencionada cuarta etapa) que han ido aún más lejos: están evaluando las políticas públicas!

Sí. A las clásicas funciones que las constituciones otorgan a los parlamentos, Representar, Legislar y Fiscalizar, se ha adicionado una más: la Evaluación de las políticas públicas ¾como es el caso de Francia, que ha considerado dicha actividad estatal como una nueva función del Parlamento.

Es relevante conocer estos nuevos procedimientos y funciones parlamentarias porque demuestra que los Estados, sus instituciones y sus procesos no pueden ser estáticos ni rígidos, deben estar en constante evolución para ir a la par de sus sociedades y también de los desafíos mundiales, de lo contrario no habrá capacidad de gestionar los cambios ni el desarrollo de manera oportuna y eficaz.