La semana pasada se debatió y rechazó el proyecto de ley de la “unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo” en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del congreso. Luego de años de anonimato, carrasperas nerviosas e ignorancia, el dialogo encontró lugar en la sociedad peruana que con argumentos varios (unos racionales y otros no tanto) desbordaron las redes sociales.
A continuación ofrezco una mirada al escenario legal en la región, a modo comparativo.
Los tonos grises de américa del sur
Son cuatro los países que no han extendido la protección legal a las parejas del mismo sexo (lesbianas, gays, bisexuales, y transgénero) en los términos que la unión civil brinda. Venezuela es uno de ellos. En los últimos años, movimientos de defensa de derechos humanos han solicitado que se derogue el artículo 44 del código civil (1982) que restringe el matrimonio a la pareja formada por un hombre y una mujer.[i] Mientras que en Bolivia se han presentado proyectos para aprobar la unión civil así como el matrimonio igualitario, en tanto que la constitución no hace distinción. Sin embargo, el congreso no se ha pronunciado ni a favor ni en contra.
En el Perú, se ha comenzado a hablar de promover la “unión solidaria” que recoge los mismos derechos establecidos en el proyecto de la unión civil pero sin distinguir entre heterosexuales y homosexuales. La idea ya tiene opositores. Finalmente, Paraguay es el único país donde no se ha planteado un proyecto de ley para las parejas del mismo sexo, hasta el año pasado. Sin embargo, el debate es cada vez mayor, a nivel de la población.
La era tecnicolor
Colombia no sólo adoptó la unión civil para parejas del mismo sexo si no que permite la adopción cuando el padre/madre biológico del menor conforma la familia mixta. Actualmente, se discute sobre el matrimonio civil igualitario y la adopción cuando ninguno en la pareja es el padre biológico del menor.
A partir de septiembre del año pasado, Ecuador permite el registro de las uniones civiles en el documento de identidad. El mandatario, Rafael Correa tachó este hecho como un derecho constitucional del que gozan los heterosexuales y homosexuales[ii].
Luego de cuatro años de debate, Chile es el más reciente integrante de la lista. En enero de este año se aprobó la ley de la unión civil para parejas homosexuales y heteresexuales, reconociendo así la diversidad de familias que conforman los nacionales chilenos.
Desde el 2011 Brasil reconoce la unión civil de parejas del mismo sexo, convirtiéndose el segundo país de Sudamérica en hacerlo. Dos años después, se aprobó el matrimonio igualitario, siendo la tercera nación en hacerlo después de Argentina y Uruguay[iii].
Argentina fue el primer país en la región en reconocer la unión civil entre personas del mismo sexo y el matrimonio igualitario, incluyendo el derecho a adoptar. De otra parte, la ley de unión civil uruguaya recoge una serie de derechos civiles y patrimoniales, así como permite la adopción. Y a partir del 2013, el matrimonio es igualitario.
Podemos advertir que la defensa de derechos fundamentales de los ciudadanos es en su mayoría homogénea, lo que no hace más que confirmar el rumbo que está tomando la evolución de las democracias sudamericanas. Es importante hacer notar que las libertades civiles deben ser fortalecidas por el Estado y que su reconocimiento nos acerca al desarrollo democrático y económico de naciones sólidas y modernas. Esperemos que el Perú se encuentre dentro de ellas pronto.
[i]Artículo 44 del Código Civil Venezolano.- El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino el que se reglamenta por el presente Título, siendo el único que producirá efectos legales, tanto respecto de las personas como respecto de los bienes.
[ii]“Es su derecho registrar una unión de hecho entre heterosexuales o personas del mismo sexo, este es un derecho constitucional y, de ser negado, las autoridades tomaremos cartas en el asunto” -Rafael Correa, Presidente Ecuatoriano.
[iii]Como nota curiosa, este es el único caso en el que la iniciativa partió desde el Poder Judicial.