La forma de gobierno en el Perú es el presidencialismo frenado, esto es, tiene las principales características del modelo de separación de poderes creado en Estados Unidos por Hamilton y Madison, la elección popular del Presidente de la República, y la coincidencia en él, de las atribuciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno. Pero, importadas del parlamentarismo europeo, matizan instituciones como el otorgamiento de la confianza parlamentaria al gabinete ministerial. Parte importante de la crisis política parte de una mala lectura política del modelo constitucional.
En términos del parlamentarismo, el gobierno proviene precisamente de la mayoría parlamentaria, el jefe de Estado designa como primer ministro, que es un verdadero jefe de Gobierno, al líder del partido mayoritario o de la coalición mayoritaria, y los ministros son diputados importantes de esa mayoría. Por tanto, cuando el nuevo Primer Ministro pide la confianza de sus colegas diputados, lo hace consiente no solo de tener los votos suficientes sino de representar la voluntad del pueblo expresada en la elecciones parlamentarias.
La lectura política de nuestra Constitución no puede soslayar, entonces, que el candidato presidencial que gana en segunda vuelta no puede gobernar sin un acuerdo tácito o expreso con la agrupación que obtuvo la mayoría de los escaños congresales. Desde allí, estamos en crisis. No se comprende que durante toda la historia republicana hubo golpe de estado cada vez que un Presidente careció del apoyo de la mayoría parlamentaria, sin excepción alguna hasta el autogolpe de abril de 1992. Si algún mérito tuvo Ollanta, fue el conseguir el apoyo del Congreso. Mal aconsejado por el antifujimorismo, Kuczynski no realizó esfuerzos genuinos para construir un entendimiento con Keiko F. y, por el contrario, permitió que el enfrentamiento aumentara en intensidad hasta quedar, según su propia descripción, como ‘gato panza arriba’.
La modificación del Reglamento del Congreso, definiendo ´Crisis Total´ del Consejo de Ministros y las condiciones para plantear una Cuestión de Confianza es solo parte de la crisis política que ha ido evolucionando, alimentada por la creencia fujimorista en que la investigación fiscal está políticamente dirigida contra su lideresa y que con la promesa de obras públicas con rédito político, el gobierno está minando la bancada de FP.
Resulta obvio que la resolución legislativa es insuficiente para efectuar un desarrollo constitucional de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Si bien es cierto que el Congreso tiene la facultad de interpretar la Constitución, el vehículo debe ser una ley, pues una resolución legislativa que modifica el Reglamento del Congreso no puede comprometer ni limitar las atribuciones del Presidente de la República. Se puede entender que es un intento de ganar tiempo, para tener ya vigente la norma mientras se tramita, paralelamente, una ley formal de desarrollo constitucional con similares objetivos, pero que deberá lograr los votos necesarios para la Insistencia Parlamentaria. Cuentan en todo caso, con la lamentable pérdida de legitimidad del actual Tribunal Constitucional.